Esta semana, el abogado Arturo Farías Alcaíno (40) asumió su mayor desafío profesional como director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Tras un periodo de interinato, por la salida de Valentina Durán, el gobierno lo ratificó en el cargo el lunes.

“Es un honor liderar al SEA, entidad a la que considero mi casa, pero, además, un espacio fundamental para el desarrollo sostenible del país. Vamos a agilizar los procesos, a verificar que se cumpla la normativa en proyectos de inversión, pero sobre todo, a dar confianza y certeza a todos los actores del sistema, sean titulares, consultores, comunidades, integrantes de los organismos del Estado y, por supuesto, a nuestro equipo de personas funcionarias”, escribió en su perfil de LinkedIn.

El SEA es un organismo estratégico para la aplicar las normas ambientales a la inversión en Chile, encargado de coordinar a los diversos estamentos públicos que determinan la viabilidad ambiental de los proyectos.

Farías estudió en el Liceo José Victorino Lastarria y es abogado de la Universidad Alberto Hurtado: tiene un diplomado en Derecho de Recursos Naturales y Energía en la Universidad Católica y un Magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo.

Su trayectoria en el SEA comenzó en abril de 2018, desempeñándose por más de cuatro años en la división jurídica antes de asumir, en enero de 2021, la jefatura del área legal en la Dirección Regional Metropolitana del SEA.

Al interior del SEA señalan que el nuevo director ejecutivo tiene un profundo conocimiento de la dinámica del servicio y lo describen como un profesional ágil, enfocado en la gestión y capaz de mantener relaciones transversales. Este es un tema no menor al interior del servicio que enfrentó -bajo la gestión anterior- demandas por maltrato laboral y cuestionamientos contra el exjefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso.

Su principal fortaleza para su nuevo rol, dicen sus cercanos, es el respeto y validación que tiene entre los equipos del organismo.

Durante su gestión como director del SEA en la Región Metropolitana dirigió la calificación de 354 proyectos, con una tasa de aprobación del 98%, con inversiones por US$ 19.676 millones. Entre ellos, veinte grandes proyectos con inversiones superiores a los US$ 200 millones. Entre estas obras estratégicas sobresalen la Línea 9 del Metro de Santiago, la autopista Américo Vespucio Oriente 2 (AVO 2) y la modernización de de la minera Los Bronces.

Su mandato ahora estará marcado por la meta de agilizar el sistema de evaluación, en sintonía con el programa de “Facilitación Regulatoria” impulsado por el actual gobierno. Esto le exigirá liderar modificaciones a las guías del SEA, emitir nuevos instructivos y reordenar el modelo de evaluación. El objetivo central de su administración será revertir el alza en los plazos totales de tramitación, que según diagnósticos del sector pasaron de un promedio de 298 días en 2021 a 399 días a fines de 2025.

Para lograr esta reducción y dinamizar el sistema, Farías deberá afinar los criterios técnicos de las reparticiones, evitando que se exijan requerimientos desproporcionados o innecesarios a los titulares de proyectos, los cuales suelen derivar en extensas suspensiones del proceso, dicen quienes conocen el organismo. Como parte de esta reestructuración, espera mejorar los indicadores de cumplimiento y gestión interna, lo que impactará directamente a áreas como la División Jurídica y el Departamento de Recursos y Reclamaciones.

Cuatro opiniones

Abogados especialistas en la tramitación de proyectos de inversión ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) coinciden en que el nuevo director del SEA debe ejercer una rectoría técnica firme sobre los servicios públicos para alinear sus criterios y filtrar observaciones improcedentes.

Paulina Riquelme, socia de EeLaw Medio Ambiente, dice que su primer desafío es “armar equipo” y, segundo, ordenar el procedimiento de evaluación para que el SEA cumpla efectivamente su rol de administrar el sistema. “Esto implica el reto de uniformar la gestión en todas las regiones. Hay muchos profesionales muy jóvenes y el tamaño de los equipos varía por zona, por lo que existe el desafío de uniformar gestión y criterios en las diversas direcciones regionales conforme a la normativa. Y ordenar la proliferación de guías y criterios SEA que exceden el marco normativo habilitante”, añadió.

Jose Domingo Ilharreborde, socio de E-I Abogados, explicó que el desafío no es solo de gestión interna del SEA, sino de articulación institucional. “Se requiere una coordinación mucho más estrecha y consistente con los servicios que participan en la evaluación ambiental, de manera que exista una línea común en los criterios técnicos y en la forma en que se formulan las observaciones. Esto es particularmente exigente en un contexto en que la mayoría de los funcionarios de esos servicios no son de exclusiva confianza del gobierno, lo que obliga a construir alineamientos más allá de lo meramente jerárquico, sobre la base de criterios técnicos claros y compartidos”, acotó.

Raimundo Pérez, socio de Smart Compliance, cree que los desafíos del nuevo director se concentran en dos planos.

“El SEA se debe reafirmar como el verdadero administrador del SEIA, focalizando la discusión técnica en los impactos ambientales relevantes de los proyectos y filtrando observaciones sectoriales que no se vinculen directamente con ellos”, dice como primer objetivo.

Además, “debe enfrentar el aumento sostenido de los tiempos de tramitación, atendiendo especialmente a tres factores clave: la masificación y extensión de los tiempos de suspensión; el incremento en la cantidad y complejidad de las observaciones de los servicios; y el mayor número de criterios y guías técnicas aplicables a los proyectos que ingresan al SEIA”.

Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente afirma que Farías “debe ahora alinear a los servicios públicos que se pronuncian obligatoriamente en el SEIA, para que esos pronunciamientos estén acorde a sus atribuciones y que guarden relación con las materias ambientales que les mandata la ley y, de manera paralela, ejercer debidamente la rectoría técnica sobre los servicios públicos, aunque implique la no consideración de observaciones particulares que no cumplan criterios básicos de forma y fondo”.