En medio de la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Ministerio del Medio Ambiente ha decidido ampliar el plazo para que personas naturales y jurídicas puedan presentar sus observaciones en la consulta pública sobre el listado de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.

Este proceso comprende tres consultas públicas, distribuidas en las Macrozonas Norte, Centro y Sur, que se iniciaron a comienzos de septiembre. Ante la solicitud de más tiempo para la participación, el gobierno -a través del Ministerio del Medio Ambiente que encabeza Maisa Rojas- optó por extender la fecha límite para la recepción de comentarios.

Cuando un terreno es declarado como “sitio prioritario”, significa que se le aplican normativas ambientales más estrictas para protegerlo. Paulina Riquelme, abogada socia de EeLaw aclara que esto implica que el sitio recibirá una mayor protección legal, con restricciones sobre su uso y actividades que puedan afectar el medio ambiente.

Aunque las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) no se pueden revocar por el hecho de ser sitio prioritario, los terrenos en esta categoría tienen un enfoque más riguroso de conservación. Además, en el caso de los 64 sitios de la estrategia nacional, su proximidad a áreas clave obliga a pasar por un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), lo que refuerza las obligaciones y restricciones sobre su uso.

En la consulta de la Macrozona Centro, el empresario Manuel Cruzat, a través de la sociedad minera Nuevo Pudahuel, realizaron una presentación conjunta al Ministerio del Medio Ambiente. Cruzat es propietario de pertenencias mineras que se verían afectadas con la iniciativa.

En el escrito, ambos se refirieron a terrenos que han sido incluidos en la propuesta de sitio prioritario. Nuevo Pudahuel es dueña del Lote 09 D 1, Rol 2908-144, inscrito a fojas 10404 número 16497 del Registro de Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

“La declaración de El Roble como Sitio Prioritario, precisamente en el lugar donde se emplaza infraestructura energética (Transmisión y distribución) actual y futura, genera una afectación directa sobre el potencial energético del área y sobre el interés nacional”, consignó el documento.

El Roble se localiza en el área norponiente de la Cordillera de la Costa, abarcando una superficie aproximada de 88.513 hectáreas.

“Se vuelve necesario llevar a cabo los ajustes necesarios en la propuesta final, excluyendo así: tanto del Rajo Principal, como los Rajos de Milagro, San Antonio–Carretón como de todos los predios de los cuales mi representada es titular y de aquellos que se proyectarán para futuros proyectos, asociados a minería (Concesiones mineras), saneamiento y/o energía, y los caminos que conectan estos”, según el texto.

Lo anterior, en alusión a las instalaciones eléctricas en Lo Aguirre que incluye las de Transelec y la subestación Kimal Lo Aguirre, de la empresa Conexión Kimal Lo Aguirre. También se planea una línea de transmisión entre Lo Aguirre y Entre Ríos, destacó el mismo escrito.

Cruzat advirtió que con la iniciativa existe una “afectación por parte de la autoridad ambiental al derecho de propiedad que tiene la compañía y se requiere de manera necesaria la exclusión de sitio prioritario”.

Inmobiliarios

Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile (ADI) pidió que se detenga el proceso actual hasta que se cree el reglamento exigido por la Ley N° 21.600, para asegurar que el proceso sea “válido, claro y participativo”. También solicitó que se excluyan los terrenos urbanos de los polígonos, según lo establecido en los planes de uso de suelo.

“Imponer ex post la categoría de sitio prioritario sobre territorios ya calificados como urbanos implica revisar y alterar decisiones previamente adoptadas por autoridades competentes tras procedimientos técnicos y participativos. Esta superposición no aporta mayor protección ambiental efectiva y, por el contrario, genera un escenario de duplicidad procedimental, solapamiento normativo y aumento de la incertidumbre jurídica”, advirtió.

También señaló que “restringir adicionalmente el suelo urbano disponible puede generar efectos no deseados, como el aumento del crecimiento informal y de los asentamientos irregulares, así como la expansión de las denominadas parcelas de agrado, fenómenos que las propias autoridades sectoriales han debido abordar mediante medidas correctivas y proyectos de ley”.

En diversos casos se han identificado polígonos de sitios prioritarios que traslapan con zonas urbanas consolidadas o de extensión urbana, en las cuales existen permisos de edificación o subdivisión válidamente otorgados. “Este escenario podría derivar en conflictos jurídicos graves, incluyendo la impugnación de actos administrativos firmes, la paralización de proyectos habitacionales y la generación de reclamaciones indemnizatorias por afectación de derechos adquiridos”, cerró.

Maratué

Distinto es el caso del proyecto inmobiliario Maratué, de la familia Lería. En octubre del año pasado este alcanzó un hito clave tras obtener la aprobación del Comité de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso. Sin embargo, ahora enfrenta una etapa igual de decisiva: el Comité de Ministros debe resolver dos reclamaciones presentadas en su contra.

En paralelo, a la espera, en el marco del proceso de consulta pública de la Macrozona Centro, Maratué también se manifestó por los límites de los sitios prioritarios, pero valorando que una parte de su proyecto no haya sido incluido en esa categoría.

En su escrito, Felipe Lizana, gerente inmobiliario de la iniciativa sostuvo que la no incorporación del sitio prioritario Acantilados Quebrada Quirilluca en el listado de conservación ”no deviene en una desmejora ambiental, dado el manejo ambiental y el Área de Conservación del Proyecto Maratué“.

“Manifestamos nuestra entera disposición a trabajar de manera coordinada en la conservación de los atributos ambientales del sector, convencidos de que la colaboración público-privada y la participación local real es la mejor manera de dar continuidad a la protección de estos lugares”, añadió.

En el mismo documento, el Ministerio ajustó los límites de los sitios prioritarios excluyendo: áreas urbanas consolidadas o zonificadas para usos residenciales o de equipamiento y zonas con infraestructura crítica o usos intensivos del suelo.

En el caso del Sitio Prioritario Acantilados Quebrada Quirilluca, el ajuste cartográfico lo redujo a una franja costera estrecha, excluyendo la parte del terreno del proyecto Maratué que está dentro del área urbana o de extensión urbana.