Finalmente el 31 de enero ingresó a la Cámara de Diputados la indicación sustitutiva que modifica el Código de Aguas en materia de seguridad hídrica, gestión sustentable de aguas subterráneas, prioridad para el consumo humano, usos no extractivos y derechos de agua para conservación, entre otras, cuyo gasto fiscal durante el primer año en vigencia asciende a $2.253 millones.