Transelec está en pleno proceso de venta de sus acciones. Uno de sus accionistas, la compañía china Southern Power Grid, junto a la brasileña Patria Investments y al fondo soberano GIC de Singapur, quiere adquirir el 100% de sus acciones.

Pero mientras esta negociación avanza ha debido enfrentar dos serios golpes a su reputación corporativa, que podrían repercutir incluso en el precio que quieren obtener sus principales accionistas, un consorcio de fondos públicos de pensiones canadienses que controlan el 72% de la compañía.

Transelec fue acusada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) como una de los responsables de la incapacidad de respuesta a la falla que provocó el extenso apagón del 25 de febrero. Ese día, la propia empresa asumió que su sistema de control más básico, llamado Scada, no estaba funcionando. La formulación de cargos de la SEC fue luego respaldada por un informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) que el 6 de octubre determinó al menos cinco incumplimientos de la mayor empresa de transmisión del país en el corte de luz del 25F.

El segundo golpe es consecuencia de una autodenuncia de la propia empresa que, pese a haberse realizado en octubre del año pasado, recién la semana pasada fue hecha pública, en medio del escándalo por los sobrecostos de las generadoras y su impacto en las cuentas de la luz.

Hace un año, Transelec admitió ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) que había realizado una sobrevaloración de sus activos, que representó un costo adicional para los usuarios finales, en sus cuentas de luz, del orden de los US$ 135 millones, un monto similar al que está en disputa en el caso de las generadoras.

Un error

Ni el gobierno ni la empresa han detallado dónde estuvo el error en la sobrevaluación de activos.

Fuentes conocedoras del tema admitieron que no fue sólo una equivocación, sino que varias.

Pero dicen que el más evidente y que podría haber representado buena parte del monto total es la manera en que Transelec incluyó los costos de construcción de las torres de una línea de transmisión de 500 kV, o sea, de las llamadas líneas troncales del sistema, las más grandes y costosas, en el proceso de fijación de tarifas de transmisión 2020-2023.

De acuerdo a conocedores de los detalles de la autodenuncia, en la base de datos de sus activos para la fijación tarifaria Transelec incluyó materiales para levantar torres de alta tensión autoportantes o de retención, las que requieren de grandes fundaciones como soporte que son construidas con gigantescas cantidades de cemento y acero en el subsuelo. Pero en realidad, las torres que usa son de suspensión, que son mucho más económicas, porque van sujetas al suelo con tirantes y no requieren fundaciones, por lo que sus necesidades de cemento y acero son mucho menores.

Fuentes que conocen del proceso admitieron que los grandes sobrecostos de Transelec están centrados en materiales de construcción como estos.

Transelec tiene 10.082 kilómetros de líneas de transmisión y 79 subestaciones en todo el país.

El gran castigo

En una comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Transelec admitió que “el monto proveniente de las inconsistencias detectadas en nuestra base de datos se encuentra en un rango aproximado entre 100 mil y 135 mil millones de pesos”, es decir, entre US$ 105 millones y US$ 142 millones. Sin embargo, según dijo el viernes el ministro de Economía, Álvaro García, lo que se devolverá a los consumidores son US$ 135 millones.

De acuerdo a fuentes de gobierno, este es el monto mínimo reconocido por la empresa de sobrevaloración que fue pagado de más por los consumidores en sus cuentas.

La cifra final será determinada por una auditoría aún pendiente, que fue encargada al Coordinador el 30 de octubre de 2024 y que, dado un intrincado ir y venir de comunicaciones entre el CEN, la CNE y la propia Transelec, recién el 23 de junio de 2025 pudo lanzarse y el 1 de octubre se declaró desierta porque las dos ofertas recibidas no cumplieron las bases. La licitación se relanzará este lunes 27 de octubre con una invitación a consultoras nacionales e internacionales, que se adjudicará el 6 de febrero y debiera estar lista en diciembre de 2026.

Esta auditoría también será clave en las sanciones a las que está expuesta la empresa por su sobrevaloración.

De acuerdo a lo que señala estrictamente la Ley de Servicios Eléctricos en su artículo 72 número 9 inciso 3°, la empresa se expone a un castigo que podría superar los US$ 600 millones.

La ley dice: “En caso que se verifique que la información y antecedentes presentados (por la empresa) difieran sustancialmente de las características técnicas existentes, las instalaciones respectivas serán excluidas íntegramente del siguiente proceso de tarificación (...) Asimismo, el total de las sumas percibidas en exceso por hasta cinco períodos tarifarios, deberán ser descontadas del pago de la remuneración”.

Los activos sobrevalorados por Transelec en su anterior proceso de fijación tarifaria se calculan en un mínimo de US$ 135 millones de hoy. Según esta norma, estos activos quedarán excluidos del proceso de fijación tarifaria atrasado que está llevando a cabo actualmente la CNE y que corresponde al periodo 2024-2027, y hasta cinco procesos tarifarios posteriores.

Por tanto, si se calculan estos activos en US$ 135 millones base, multiplicado por los hasta cinco procesos tarifarios donde no podrá percibir ese monto, suman US$ 675 millones.

Tal cifra a la que se expone Transelec como multa, que fuentes de gobierno y de la industria de transmisión corroboran como potencial, estará supeditada a la auditoría del CEN, por lo que incluso podría ser superior si se detectan más activos no declarados.

Si aquello ocurre, ese dinero sería un menor ingreso para Transelec, lo que podría golpear el precio que la empresa podría valer para sus eventuales compradores, que originalmente se calculaba en US$ 4 mil millones.

En la industria transmisora, eso sí, creen que la buena fe con la que actuó Transelec al autodenunciarse debiera ser un atenuante, puesto que el espíritu de la ley apuntaría, según ellas, a quienes de mala fe mienten en su declaración de activos, pero en el caso de esta empresa, ellos mismos detectaron el error y lo reportaron.