El escenario fiscal con el que está terminando el gobierno no es el que se proyectó. El balance fiscal estructural concluyó siendo más deficitario de lo que se previó, cerrando en -3,6% del PIB, igual que el balance efectivo, que fue de -2,8% del PIB.

Y si bien en lo positivo se logró estabilizar la deuda en 41,7% del PIB, las críticas por este nuevo incumplimiento fiscal y las malas proyecciones en los ingresos harán que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tenga como primera actividad del nuevo año legislativo rendir cuentas ante los parlamentarios.

Esto, porque la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo citó para el próximo martes 3 de marzo a las 14 horas. El objetivo de esa sesión es que el secretario de Estado explique las razones del desvío de las metas fiscales y los problemas para calcular los ingresos.

La instancia es presidida por la senadora Ximena Rincón (futura ministra de Energía del gobierno de José Antonio Kast) e integrada por 13 senadores y 13 diputados.

Entre los parlamentarios que integran la Comisión Especial Mixta de Presupuestos está Felipe Donoso, diputado de la UDI, quien señala que “el ministro debe dar cuenta de las medidas correctivas tomadas y de por qué resultaron insuficientes para contener el gasto”.

En ese contexto, el legislador añade que “hasta el último informe el ministro planteaba que los ingresos de las empresas públicas mejorarían la condición fiscal y por lo visto estos no fueron suficientes. El tema que se debe establecer es si se tomaron acciones suficientes, porque no funcionaron, o porque desoyeron las alertas que se levantaron”.

Mientras que Frank Sauerbaum, diputado RN, apunta que “el Informe de Finanzas Públicas muestra que hubo una deviación importante en la meta fiscal y lo que uno espera es que el ministro explique cuáles han sido las razones de estas fallas técnicas tan groseras y que obviamente haya también una sugerencia para que esto no vuelva a ocurrir”.

Además, el parlamentario dice que se consultará al ministro “cuáles fueron las decisiones políticas que se tomaron respecto del aumento del gasto permanente, porque una cosa es que haya errores en el cálculo de los ingresos, que pueden ser, pero la decisión política de mantener el gasto e incluso aumentarlo es una decisión consciente de la cual se tiene que hacer cargo”.

Una posición más dura es la que tiene Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, quien señala que “aquí ya no estamos frente a errores, estamos frente a decisiones que alguien tomó y que tienen que tener responsables”. Por ello, asevera que “lo que espero de la presentación del ministro es que quede claro y por escrito quién decidió no ajustar el gasto cuando ya era evidente que los ingresos no iban a cumplir las proyecciones, y por qué se siguió por años con estimaciones que no se condicen con la realidad”.

Para Romero es necesario saber por qué “no se cumplieron las metas fiscales si existen mecanismos para ir corrigiendo desviaciones durante el año, y por qué el Ejecutivo sigue presentando leyes sin financiamiento claro, debilitando la credibilidad fiscal”. Añade que “la regla fiscal no puede seguir siendo testimonial; tiene que cumplirse y alguien tiene que hacerse responsable cuando no ocurre”.

El diputado Miguel Mellado, exRN, también tiene una postura crítica frente al incumplimiento y la situación fiscal que el gobierno le dejará a la administración de José Antonio Kast. “El ministro no goza de muy buena reputación y es difícil creerles a sus excusas, dado que se le advirtió por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y por analistas económicos de mercado y no quisieron escuchar que los ingresos estaban sobreestimados”.

En esa línea, para el legislador “lo peor es que mintieron sistemáticamente al Congreso y eso es grave, porque si se determina en una comisión investigadora que fue consciente ese engaño, estamos ante algo grave que debiera tener consecuencias políticas. Una Comisión Investigadora y Acusación Constitucional están dentro de las alternativas que espero el próximo Congreso evalúe desde el 11 de marzo”.

Los datos

El Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre mostró que el balance fiscal estructural fue de -3,6%, unos US$13 mil millones. Se trata de un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe al tercer trimestre.

También es el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por este gobierno (2023-2024-2025). Pero, adicionalmente, es el mayor déficit histórico para periodos sin crisis, coinciden los expertos.

Para este año, el informe de la Dipres prevé que el déficit fiscal estructural estará en 2,7% del PIB, lejos del 1,1% proyectado en la Ley de Presupuestos de 2026. En una mirada de mediano plazo, la Dipres también ajustó los saldos fiscales hacia 2030. Si en informes anteriores pronosticaba un balance estructural de 0% para 2030, hoy la protección apunta a uno de -1,1%.

Además, los ingresos fiscales estuvieron muy por debajo de lo proyectado. Se esperaba que estos crecieran 6,8% anual en 2025, pero tuvieron un alza de solo 3,4%.

En Hacienda detallaron en su momento que “tres cuartas partes de la desviación de los ingresos tributarios se explican por cuatro factores: menor recaudación por el impuesto de primera categoría pagado por los contribuyentes del régimen general de impuesto a la renta; efectos puntuales en los más grandes contribuyentes de pagos provisionales mensuales de impuesto a la renta; apreciación cambiaria que redujo los ingresos de componentes que se determinan en dólares, y una caída en la recaudación del Impuesto Adicional pagado por contribuyentes que envían dinero al exterior”.

Todo eso deberá ser aclarado por Grau ante los parlamentarios en el Congreso la próxima semana.