El aumento que han tenido los despidos por necesidad de la empresa es algo que preocupa de dos maneras. Por un lado, para algunos refleja la delicada situación que atraviesa el mercado laboral y la creación de empleo, pero también surgen voces entre los parlamentarios del oficialismo por el que consideran “excesivo” uso de esta causal para despedir trabajadores.

Las cifras del informe mensual de la Dirección del Trabajo sobre causales de despidos, en particular sobre la causal por necesidad de la empresa, que es la que se relaciona más con el ciclo económico muestra que entre enero y agosto suman 336.830, lo que se traduce es un alza de 5,5% respecto al mismo lapso del año pasado. En número, en tanto, este es el mayor nivel acumulado a agosto desde 2020 -en plena pandemia-, cuando hubo 368.073 despidos por esta causal.

Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

Este contexto es el que encendió las alertas de los parlamentarios, y en especial del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Andrés Giordano (Frente Amplio), quien buscará acelerar la discusión legislativa. Actualmente hay dos proyectos de ley en moción parlamentaria: uno que presentó el propio Giordano junto a Gael Yeomans y otro impulsado por la diputada del PC María Candelaria Acevedo.

Ante este escenario, Giordano afirmó que “el alza de los despidos por necesidad de la empresa es de máxima importancia, sobre todo en el contexto actual. Se habla mucho de desempleo, pero poco de los despidos ilegales que contribuyen a ese desempleo. Como presidente de la comisión estoy abocado en conversar con la oposición y el centro político para buscar un consenso sobre la necesidad de legislar y no seguir entrampados por una discusión por prejuicios ideológicos”.

Según cuenta el diputado, su objetivo es lograr en estos diálogos piso político para avanzar, puesto que no quiere que se legisle y que el proyecto no avance y sea “solo un saludo a la bandera”.

Para Giordano, una estadística que preocupa es la que entrega el observatorio judicial. “Más del 90% de los despidos que son reclamados en tribunales laborales son calificados como injustificados, es decir, ilegales. Al declararse ilegal, los trabajadores pueden tener un recargo en el pago de sus indemnizaciones, pero no recuperar su puesto de trabajo”.

Eso es precisamente lo que busca cambiar su proyecto de ley. “Lo que hace el proyecto es defender la legislación que hoy existe. No prohíbe los despidos, sino que hace que los empleados argumenten en un anexo de la carta de despidos, las razones objetivas, técnicas y especificas del por qué se le está despidiendo y que estas sean de carácter permanentes”.

Ahora bien, el proyecto señala que “si se hubiere dado término por aplicación improcedente del artículo 161; el trabajador o trabajadora tendrá a derecho a elegir su reincorporación a la empresa, en las mismas condiciones en que se encontraba antes del despido, o bien optar por las indemnizaciones y aumentos que procedan”.

Para Giordano esta iniciativa es prioridad por lo que tiene previsto comenzar a analizarlo en la comisión una vez que se termine de legislar el proyecto que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras.

El diputado del PC, Boris Barrera, también ve necesario legislar en esta materia y acelerar su discusión. “Un proyecto para que el empleador pueda demostrar fehacientemente los motivos por los cuales se despide es muy necesario. Espero que siempre exista la voluntad en las comisiones para acelerar su tramitación y si no también siempre esperamos que el gobierno le pueda colocar urgencia”.

Desde el senado, el presidente de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, (PS) es partidario de iniciar un debate de este tipo, ya que “este año se ha visto un aumento en los despidos por esta causa, por lo que llama la atención si es que se debe a que realmente la empresa está en problemas o es una excusa para despedir”. Por lo mismo, el senador es partidario de que se pueda avanzar con el proyecto de ley.

Una posición contraria entrega el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum (RN), quien no ve espacio para una legislación como esa. “Bajo ninguna circunstancia hay espacio para poner en tabla y aprobar una ley como de este tipo. Se trata de un proyecto que solamente hace daño al empleador al limitar los ajustes de personal que toda empresa requiere en ciertos ciclos y épocas de baja actividad”, expresó.

La otra iniciativa, de la diputada María Candelaria Acevedo (PC), tiene una idea similar: “El empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, a partir de informes técnicos o profesionales objetivos, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. De ninguna manera podrán invocarse criterios que no tengan sustento en los informes señalados en este inciso. La eventual impugnación de las causales señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168″.

Expertos

Entre los expertos la propuesta no fue bien recibida. “El proyecto prácticamente elimina la posibilidad del empleador de invocar esta causal, introduciendo mayores requisitos y exigencias para su concurrencia. Esto, aparejado a un aumento en la indemnización, podría ser nefasto para la empresa”, aseveró Diego Messen, abogado y socio de Moraga y Cia.

Visión similar es la que entrega Pablo Cifuentes, socio de CBC Abogados, quien plantea que “endurecer los supuestos para proceder a la desvinculación por causal de necesidad de la empresa no va a evitar los despidos, que se explican en su mayoría por el mal ciclo en que está sumida la economía chilena y el encarecimiento del trabajo que derivó de medidas como la reducción de la jornada laboral sumada a un aumento del sueldo mínimo”.

Felipe Weinstein, abogado de Mackenna Cruzat, planteó que “de aprobarse la normativa, se sigue rigidizando la contratación”. Y Sebastián Parga, socio de Parga, Montes & Vasseur Abogados Laborales, suma argumentos: “La experiencia comparada muestra que, en países como Francia, Brasil o Uruguay, donde existen mayores limitaciones al despido, se genera un efecto contrario al esperado: la estabilidad excesiva restringe la movilidad de los trabajadores y, con ello, se frenan tanto el desarrollo profesional como las nuevas oportunidades laborales”.