Penta Vida presenta un recurso de ilegalidad contra la CMF por circular que “afecta el patrimonio de las aseguradoras”

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La compañía cuenta con una cartera de más de 60 mil clientes y administra US$6.962 millones en activos, los que podrían verse seriamente afectados debido al documento emitido por el ente regulador, según indican desde la firma.


Es la primera empresa que judicializa el “retiro” en rentas vitalicias. Este jueves la compañía de seguros Penta Vida interpuso un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que apunta específicamente a la Circular Nº1.208 que emitió el ente regulador con los pasos que debían seguir las aseguradoras para la entrega del “retiro”.

La firma vinculada a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, reclama que el documento “es ilegal y causa perjuicio”, y que “resplandecen por su ausencia los fundamentos que hagan necesaria su dictación”, por lo que buscan que sea dejado sin efecto.

Con todo, acusan al organismo de no haber dado “cumplimiento a la obligación legal de efectuar su consulta pública”.

Respecto a este punto, Penta Vida afirma que la entidad liderada por Joaquín Cortéz “impidió a ésta y a todas las compañías de seguros de vida, representar oportunamente los errores e infracciones cometidas en el Oficio Reclamado”, y no se les permitió dejar constancia del impacto y los perjuicios que deberían enfrentar por el retiro del 10%.

Además, la compañía reclama que la CMF estableció que el anticipo se haría respecto a la reserva técnica base que tiene la compañía, lo que engloba tanto el capital que aportó inicialmente el pensionado, así como un aporte hecho por la aseguradora.

Y a juicio de Penta, la ley estableció que solo se consideraría la reserva técnica según el dinero que aportó el pensionado, por lo que señalan que de esta manera se afecta el patrimonio de la aseguradora, “pues la coloca en la obligación de anticipar al rentista, un porcentaje de dinero que no corresponde a la reserva técnica que este mantiene en la compañía”.

Así las cosas, la aseguradora argumenta que el documento publicado por la CMF sería inconstitucional, pues estima “una finalidad expropiatoria de bienes que pertenecen a una compañía de seguros sin indemnización alguna, violando el derecho de propiedad”.

Hasta el momento, la firma reportó a la Corte que 5.494 pensionados y 3.239 beneficiarios han solicitado retirar UF 2.260.000. Esto “representan un 29% del total de pensionados y beneficiarios y un 32% del total de la reserva técnica base, susceptible de anticiparse conforme al Oficio Reclamado”, señala el documento.

También advierten que “se ignora cuál va a ser el comportamiento de los pensionados que no han hecho uso del derecho, pero lo cierto es que tienen prácticamente un año más para optar por él”.

Allí también dicen que “del total solicitado como anticipo hasta la fecha, se estima que un 5%(aproximadamente $3.338 millones) corresponde al Aporte Compañía, cantidad que no se recuperará”.

Según se constata en el escrito, entre los abogados que llevan la causa están Alfredo Alcaíno, socio y fundador de Alcaíno Abogados; el constitucionalista Arturo Fermandois, socio y fundador del Estudio Fermandois; y el constitucionalista José Manuel Díaz de Valdés, también socio de este último estudio.

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