Tienen 33 años, estudiaron en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy están en el centro de la polémica. La plataforma de criptomonedas OrionX interpuso una querella por el presunto delito de administración desleal en contra de dos de sus socios fundadores: Roberto Zibert y Joaquín Díaz, exgerente general y exgerente de tecnología, respectivamente.

Actualmente, ambos son investigados por el Ministerio Público tras ser acusados de conductas que habrían generado un perjuicio patrimonial estimado en US$ 6.066.152, derivado de la comercialización de cuatro criptomonedas, según un informe pericial encargado por la compañía a Deloitte.

Desde la Fiscalía señalaron que “la causa actualmente se encuentra con diligencias en curso y su carácter es reservado”, declinando entregar mayores antecedentes. Sin embargo, confirmaron que la persecutora a cargo de las indagatorias es Camila López, abogada egresada en 2016 de la Universidad Finis Terrae y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca. “Posee capacitaciones en materias de lavado de activos, crimen organizado y criptoactivos”, detallaron.

López ingresó al Ministerio Público en 2017 como abogada asistente en la Fiscalía Local de Peñalolén-Macul, donde trabajó junto a fiscales en causas de delitos económicos y drogas. En 2025 fue nombrada fiscal en la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, abocada a delitos de corrupción y económicos.

Abogados penalistas consultados por este medio explicaron que es una fiscal joven y “diligente”.

Por su parte, en enero de 2025, Joel Vainstein asumió como CEO de OrionX e inició un proceso de reestructuración interna para robustecer los registros y la eficiencia operacional de la firma. Fue en ese contexto que, el 25 de agosto del año pasado, Thomas Mac Millan, quien había asumido como gerente de operaciones en marzo, “detectó que existía un descalce significativo entre los saldos que se reflejaban en los sistemas de Orionx y los que realmente se encontraban bajo su custodia”, consignó la querella.

De acuerdo a la acción penal, interpuesta en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, existieron operaciones que carecieron de “toda justificación”.

En concreto, la acción judicial detalló que una cuenta relacionada con Joaquín Díaz, registrada como “Binance Joaco”, recibió más de US$1,5 millones a través de 14 transacciones.

Secreto bancario

En la acción penal, la empresa solicitó al Ministerio Público despachar una instrucción a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones para tomar declaración en calidad de imputados a Roberto Zibert y Joaquín Díaz.

Asimismo, la querella solicitó exigir la autorización para alzar el secreto bancario de las cuentas personales de ambos exejecutivos, así como de las sociedades en las que mantenían participación accionaria, incluyendo firmas como Pagos Chile Latam, Cryptolegacy, Pampa Store, Arbix Latam, Venatores Asset Management, Dracma Venturi Asset Management e Incremental Goods, entre otras.

También se les solicitó la devolución de las claves de acceso a los sistemas operativos de la empresa y la titularidad de cuentas críticas en plataformas como Fireblocks, Amazon Web Services (AWS) y Google Workspace. Adicionalmente, se exigió la restitución de dos computadores portátiles marca Apple puesto que estuvieron a disposición de Zibert.

Por último, la acción legal pidió requerir información a exchanges internacionales como Binance, Coinbase, Celsius, Hitbtc, Bitfinex, Okcoin, Kraken, Bybit y Poloniex sobre las billeteras pertenecientes a los imputados o sus sociedades, especificando registros de depósitos, retiros, conversiones e identidades de las contrapartes.

“Sin explicación alguna”

De acuerdo a la querella, la casilla ligada al correo comisiones@orionx.com, cuyo fin exclusivo era acumular pequeñas comisiones cobradas a los clientes, registró abonos y descuentos de grandes volúmenes de bitcoins “sin explicación alguna”.

A través de la casilla comisiones@orionx.com y de la cuenta personal de Roberto Zibert en la plataforma Celsius, se transfirieron 79 BTC pertenecientes a la custodia de la empresa hacia una cuenta desconocida, además del egreso de otros 74.1 BTC hacia una cuenta no identificada de ese mismo exchange, en circunstancias de que la compañía nunca mantuvo una cuenta corporativa en dicho lugar.

La cuenta Trezor Orionx Cold Wallet realizó múltiples envíos directos hacia la cartera etiquetada como “Luis Zibert” e “Incremental” en Binance —acumulando 187 ETH, 4.146.643 USDT y 200.000 USDC—, lo que constituyó una anomalía grave al tratarse de movimientos desproporcionados dirigidos directamente a clientes y no a custodios.

La auditoría forense descubrió registros contables por 3.130,51 ETH clasificados como devolution y discount que no contaron con un correlato transaccional público on-chain. En el caso de XRP, se detectaron supuestos ingresos desde la billetera fría por 600.000 XRP y operaciones por 7.959,73 XRP que presentaron identificadores “inexistentes o alterados”.