Codelco presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones con el fin de resguardar información estratégica y comercialmente sensible que ha sido requerida en el marco de la investigación penal sobre el accidente ocurrido en la División El Teniente.

La acción judicial está dirigida contra el Ministerio Público y el Dictuc, entidad contratada por la Fiscalía para ejecutar los peritajes técnicos destinados a determinar las causas del siniestro.

En su presentación, Codelco sostuvo que esta medida “no busca entorpecer, retrasar ni limitar el avance del proceso penal o la labor pericial”. El mismo documento, consignó que a lo largo de la investigación, la cuprera estatal ha mantenido una colaboración continua, contestando diligentemente cerca de 30 oficios en un periodo de 11 meses. Este esfuerzo se ha traducido en la entrega de más de 66 mil documentos, 14.139 de los cuales provienen directamente de El Teniente, equivalentes a 75 gigabytes, a los que se suman los antecedentes recopilados desde la casa matriz y las incautaciones autorizadas por la justicia.

“Un elemento que es de especial preocupación para Codelco es que Dictuc presta servicios, desarrolla invenciones, y comercializa soluciones en el sector de minería, en base al conocimiento científico y tecnológico acumulado, ya sea ella misma o a través de la creación de empresas spin-offs. De hecho, su sitio web consigna al menos 125 servicios distintos en el área de minería”, acotó el recurso de protección patrocinado por el abogado Camilo Lledó, socio de Carey.

La inquietud central de la minera radica en las condiciones contractuales pactadas entre el Ministerio Público y el Dictuc.

Según advirtió la compañía, el convenio permitiría que la información que el organismo pericial reciba a través de la Fiscalía quede desprotegida, posibilitando que valiosos antecedentes sean utilizados posteriormente para fines ajenos a la causa, tales como publicaciones académicas, difusión o desarrollo de propiedad industrial.

Esta situación pondría en riesgo un patrimonio técnico cercano a los 300 terabytes, el cual reúne el know-how acumulado durante más de un siglo de operación en la mina subterránea más profunda del mundo, caracterizada por sus complejas e innovadoras técnicas de extracción de “altísimo valor competitivo”.

Por ello, el recurso interpuesto solicita a los tribunales establecer resguardos concretos que impidan la divulgación o explotación de estos datos por parte de terceros. En específico, la estatal pide disponer que el Dictuc emplee los antecedentes exclusivamente para la elaboración del informe pericial y que, una vez concluido su encargo, proceda a la restitución o destrucción de todo el material proporcionado, garantizando así la protección del conocimiento minero estratégico acumulado por décadas en beneficio del Estado.

Diligencias

En su recurso de protección, Codelco solicitó una serie de diligencias, entre ellas, “ordenar al Ministerio Público que adopte de inmediato las medidas necesarias y suficientes” para resguardar la propiedad de la información confidencial, estratégica y comercialmente sensible entregada en el marco de la investigación penal.

En ese sentido, la cuprera estatal solicitó que “se impida el acceso a estos antecedentes a terceros ajenos al perito, se evite su divulgación y se garantice que los datos sean revisados exclusivamente con el propósito de realizar el peritaje técnico. Además, requirió que el organismo persecutor se abstenga de ejecutar cualquier acto que otorgue o pueda otorgar a terceros derechos sobre este material.

“Ordenar a Dictuc S.A. que se abstenga de utilizar la información recibida con ocasión del “Contrato de Prestación de Servicios para la realización de peritaje” para fines distintos y ajenos a la elaboración del respectivo informe pericial", acotó.

Por otro lado, la minera exigió que, una vez completadas las labores técnicas, la entidad proceda a destruir toda copia en su poder y a restituir íntegramente los antecedentes a Codelco. Todo lo anterior, sumado a cualquier otra providencia que el tribunal juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y proteger de manera efectiva las garantías fundamentales de la compañía.