El gobierno anunció el ingreso del proyecto de indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Justo el mismo día que vencía el plazo que el Ejecutivo acordó con los senadores de la comisión de Educación, instancia donde está radicado el proyecto.

Uno de los puntos que entrampó la discusión el año pasado fue la fórmula de financiamiento, que no convenció a la oposición de ese entonces y que hoy son gobierno.

De acuerdo al proyecto de ley, la fórmula de financiamiento considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, el que, en el caso de los trabajadores dependientes, es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%.

En el caso de trabajadores independientes, esta será pagada de la misma forma que los demás seguros sociales.

La cotización de 0,35% será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía. “Con este modelo, no hay un nuevo impuesto al trabajo, evitándose el alza en los costos laborales de las empresas”, indican.

En ese sentido, se detalla que la compensación se distribuirá entre dos componentes: Una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales del Seguro de Cesantía y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario.

Desde el Ejecutivo recalcan que “esto significa que el empleador no incurrirá en un nuevo costo para financiar sala cuna. Se debe tener presente que esta compensación – de acuerdo a proyecciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones no pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo de los fondos de cesantía”.

El financiamiento estará asociado a salas cunas autorizadas o reconocidas por el Estado, fortaleciendo estándares de calidad, seguridad y cuidado durante una etapa clave para el desarrollo infantil.

El aporte con cargo al Fondo será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS): quien tendrá a cargo la recaudación de las cotizaciones, la recepción de los antecedentes para efectos de otorgar el financiamiento, y el pago del aporte, entre otras. Por su parte, corresponderá al Servicio de Tesorerías la inversión de los recursos acumulados en el Fondo.

Durante este mes, el patrimonio que acumulaban las cuentas individuales del fondo de cesantía era de $11.154.442 millones, mientras que en el fondo de cesantía solidario (FCS) se registraban $3.620.451 millones. Esto es un total de $14.774.893 millones (unos US$16.400 millones) y representa aproximadamente 4,3% del PIB.

En febrero, el Seguro de Cesantía registraba 11.979.271 afiliados. Pero al ver solo los cotizantes, llegaron a 5.157.512. Al desagregar estos últimos por tipo de contrato, se obtiene que 3.818.854 cotizantes tenían contrato indefinido, 1.240.015 registraron contrato a plazo fijo, mientras que 98.643 contratos correspondieron a trabajadora de casa particular.

También se crea un Sistema Público de Registro de Salas Cunas adscritas al Fondo: este será administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, y entregará información actualizada de matrícula y cupos disponibles en salas cunas adscritas que cumplan los requisitos del artículo 203 del Código del Trabajo.

Asimismo, una comisión técnica de financiamiento y sustentabilidad será la encargada de proponer el valor del aporte y evaluar la sostenibilidad financiera del Fondo, a través de un Informe Técnico que se hará cada 3 años. No hay un copago obligatorio de parte de los empleadores. No se fija un valor fijo, ya que los precios pueden variar entre regiones.

Según el gobierno, “la reforma contempla una evaluación profunda de la sostenibilidad financiera del Fondo, al menos cada cuatro años, pero con actualizaciones anuales”.

También se incorpora la Superintendencia de Pensiones, quien será el órgano fiscalizador del funcionamiento del Fondo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Gradualidad

También se tiene considerado que su implementación sea gradual en un plazo de cuatro años. El año uno, se incorporarán hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo los hijos de aquellas que trabajan en Pymes con menos de 20 mujeres que antes no tenían acceso a Sala Cuna. Hijos de padres o personas trabajadoras que tengan el cuidado personal del niño o niña, acreditado legalmente.

El año dos se suman hijos de mujeres trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular; el año tres hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independientes, siempre que la madre del niño no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente. Se incorporan así, dos nuevos grupos: 1) hijos cuyas madres están desempleadas, pero buscando activamente empleo y 2) hijos cuyas madres se encuentran cursando estudios regulares en una institución de educación reconocida por el Estado.

Y el año 4 la incorporación de hijos de padres trabajadores contratados por el Código del Trabajo e independientes, cuando las madres de los hijos no estudian ni buscan trabajo. Este año también se incorporan los padres trabajadores del sector público con niños en edad de sala cuna de instituciones del Gobierno Central.

Costo fiscal

El proyecto incorpora dos aportes fiscales de 11.631 UTA (aproximadamente $10 mil millones) en los dos primeros años siguientes al inicio de la operación del fondo. La primera es por la extensión del beneficio a los padres trabajadores del gobierno central a partir del cuarto año desde la publicación de la ley por $5.894 millones, y fortalecimiento institucional estimado en $1.064 millones el primer año, y $953 millones en régimen. En resumen, se espera un gasto fiscal de $11.044 millones el primer año, y $6.176 millones en régimen.

La visión de los expertos

Los expertos aprueban en general los cambios propuestos por el gobierno. Francisca Jünemann, presidenta de Chile Mujeres, afirma que “las indicaciones mantienen mucho de lo avanzado durante los gobiernos del Presidente Piñera y Boric, justamente para respetar acuerdos transversales de un proyecto que es del país. Ejemplos son el que sea financiado por una cotización a cargo de las y los empleadores que va a un fondo de sala cuna. Que el derecho se extienda a todas las madres y padres trabajadores dependientes, independientes y de casa particular. Y que el monto efectivo que el fondo de sala cuna transfiera a las salas cunas se establezca por una comisión técnica con diferencias geográficas”.

La experta señala que “la gradualidad es sensata como está planteada y el primer año entra el grupo castigado con desempleo por la ley vigente: las mujeres que buscan empleo dependiente”.

Sobre el financiamiento, Jünemann planteó que “es importante tener presente que el fondo mismo no se toca, no se sacan recursos de adentro del fondo del seguro de cesantía, sino que fue la fórmula que el gobierno encontró para no encarecer la contratación. Si esa cotización los empleadores la pagamos igual, mejor que vaya al fondo que generará empleo para las mujeres”.

Marcelo Albornoz, socio de Albornoz & cía Abogados y exdirector del Trabajo, plantea que, “si bien la gradualidad retrasa la aplicación del beneficio, estimo que ella es muy necesaria para que el sistema de funcionamiento y financiamiento del nuevo modelo de sala cuna universal vaya consolidándose. Eso también permite que el Fisco esté en mejores condiciones de recursos para el aporte estatal al sistema. Puede que sea un costo para algún segmento de mujeres, pero será temporal”. El experto añade que, “las indicaciones se hacen cargo de los importantes aumentos de costos laborales que se han ido dando en el último tiempo, con altos incrementos del Ingreso Mínimo, reducción horaria y el aporte de empleadores a la reforma de pensiones. Pero yo creo que esta fórmula será cuestionada por la oposición”.

Francisco Neira ex jefe legislativo ministerio del Trabajo y Previsión Social. Socio estudio jurídico La Firma tiene una postura crítica: “El cambio implica financiar el derecho con recursos que hoy pertenecen a los trabajadores, liberando a las empresas de esta obligación; una ausencia de fortalecimiento de la oferta pública ni de los estándares educativos, lo que incluso puede profundizar segregación social”.

Para Neira, “la sala cuna es un derecho laboral y, por lo tanto, debe implicar responsabilidad efectiva de los empleadores. Pero también es un derecho educativo: se requieren estándares de calidad y ausencia de discriminación para evitar que el acceso dependa del ingreso o la realidad laboral de las familias”. En ese sentido, menciona que “es una mala señal y una propuesta regresiva. Hoy la cotización de cesantía protege a los trabajadores frente al desempleo, pero ahora se pretende financiar completamente sala cuna con esos recursos, es decir, ya no lo financian realmente los empleadores ni asumen esa obligación”.

Discusión inmediata

A las 11.54 de la mañana de este lunes ingresó la indicación sustitutiva del gobierno.

Esta presentación fue informada por el secretario de la Comisión de Educación del Senado, Francisco Vives, quien además adelantó que La Moneda le pondría carácter de “discusión inmediata” (seis días de plazo) a este proyecto, iniciado en la administración de Sebastián Piñera, y que fue retomado por el gobierno de Gabriel Boric y ahora es reactivado por Kast.

Ese detalle -que se materializará este martes- automáticamente tensionó a todos senadores, transversalmente, ya que la discusión inmediata, obligaba a la comisión tener que votar el texto en dos días y la sala del Senado en otros cuatro días más

“Esto claramente no puede salir de la comisión el día miércoles”, dijo el senador Rojo Edwards (indep. asociado a RN)

“Poner una urgencia de este tipo es innecesario, impropio e injustificado”, añadió su par Vlado Mirosevic (liberal).

La más molesta era la senadora Yasna Provoste (DC), quien históricamente ha sido la principal detractora del diseño del proyecto, aun estando de acuerdo con el fondo. “Pareciera que la utilización de las urgencias se hace con el propósito contrario (al diálogo), que no se haga un buen trabajo legislativo… Ya hemos tenido varios fracasos en esta en estas materias y creo que solo ponerle esta esta urgencia, discusión inmediata, da cuenta en que no se quiere conversar, debatir, sino imponer a partir de una mayoría”, recalcó la legisladora.

La respuesta de los senadores de esta comisión, presidida por Gustavo Sanhueza (UDI), fue acordar un nuevo plazo de indicaciones hasta el próximo lunes 22 a las 18.00 horas. Con ello, indirectamente desestimaron el apuro que le quería imponer el Ejecutivo.

Otro acuerdo al que arribaron fue que tendrán sesiones el miércoles y jueves de esta semana, y el lunes de la siguiente.

Para este miércoles están invitados los ministros María Paz Arzola (Educación), Tomás Rau (Trabajo) y Judith Marín (Mujer). La senadora Yasna Provoste (DC), por su parte, pidió invitar a la Aseguradora de Fondos de Cesantía.

La petición de la senadora da cuenta de una de las principales preocupaciones de la oposición en torno a las indicaciones de La Moneda, pues a ojos de los parlamentarios de este sector, la propuesta gubernamental significaría un desfinanciamiento a dicho fondo.