El corredor de propiedades Felipe Edwards Castillo interpuso una demanda contra el Fisco por el no pago de sus honorarios. La acción judicial se origina tras la asesoría que prestó a la Policía de Investigaciones (PDI) en un proceso que incluyó la compra de un inmueble propiedad de Metlife realizada por la empresa pública Desarrollo País, con miras al arriendo del edificio por parte de la entidad policial.

El edificio, ubicado en Agustinas N° 640, comuna de Santiago, cuenta con 25 pisos, 20.000 mt2 y es conocido como la exTorre Interamericana, y previamente perteneció a MetLife. La operación se concretó a mediados del año pasado y significó un desembolso de US$38 millones por parte del Fisco a la gigante de seguros estadounidense matriz de AFP Provida.

La acción declarada admisible por el 13° Juzgado Civil de Santiago es patrocinada por el abogado Ricardo Riesco, exfiscal nacional económico, y en ella el corredor de propiedades exige el pago de UF 18.626,7 (unos $762 millones), más IVA, intereses corrientes y las costas de este juicio, a título de comisión como resultado de las gestiones de intermediación y corretaje inmobiliario.

A mediados de 2025, la empresa estatal Desarrollo País compró el Edificio MetLife a MetLife Chile para transformarlo en la futura casa matriz de la PDI. El objetivo de esta adquisición es reunir en un solo lugar las distintas oficinas que la institución policial mantiene dispersas por la Región Metropolitana.

En aquella oportunidad el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna sostuvo que “es el edificio de mayor cantidad de metros cuadrados construidos que tendrá la PDI en su vida republicana. Albergará a más de 1.400 funcionarios”.

Agregó que estas instalaciones servirán “para darle mayor dinamismo a los procesos investigativos y concentrar la capacidad instalada en la especialización. Un edificio de esta envergadura, esperamos sea un faro dentro de la ciudad; ya sea por su altura y por lo que va a representar en este entorno. La modernidad y capacidad de instalación no hace otra cosa que dignificar el trabajo investigativo, dignificar el trabajo de los oficiales policiales y de las unidades de apoyo; pero, a la vez, también dignifica a todas las personas que van a llegar a este edificio”.

Mandato

Uno de los flancos más complejos de la batalla judicial radica en la génesis formal del vínculo. Aunque la PDI y el corredor alcanzaron un pleno consentimiento verbal y operativo en mayo de 2023, el documento físico que debía formalizar el contrato de mandato jamás llegó a firmarse.

Según expuso la acción legal, tras la luz verde inicial en la que participaron figuras clave como el actual director general de la PDI, Eduardo Cerna, las tratativas entraron en un proceso de revisiones y borradores. Abogados de ambas partes, incluida la asesora jurídica de adquisiciones de la policía civil Paulina Allendes, intercambiaron observaciones y minutas técnicas durante meses. Sin embargo, la firma definitiva se fue dilatando administrativamente.

Para la defensa de Edwards, esta ausencia de rúbrica en el papel no invalida la relación contractual, argumentando que el acuerdo se perfeccionó con el consentimiento y la ejecución exitosa del encargo. En esa línea, la demanda apunta a una contradicción institucional: la propia PDI mantuvo vigente la operación, exigió informes, supervisó los estudios de títulos y aprovechó los frutos de la intermediación, para luego escudarse en la falta de un documento formal y negar el pago de la comisión, configurando, a ojos del demandante, un enriquecimiento sin causa por parte del Estado.

En la demanda, el corredor de propiedades detalló que el vínculo con la operación comenzó en mayo de 2023 en reuniones donde participaron altos mandos de la institución, entre ellos el entonces Jefe Nacional de Planificación Estratégica y actual Jefe Nacional contra el Crimen Organizado, Erick Menay Pino, y el entonces Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras y hoy Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano.

A lo largo de los meses, el corredor y su equipo, incluyendo a la abogada experta en inmobiliarios María de Lourdes Uriarte, elaboraron informes de títulos, coordinaron tasaciones y trabajaron diversos borradores de mandato y observaciones junto a la abogada de la Sección de Adquisiciones de la PDI, Paulina Allendes Cuadra.

De acuerdo al mismo documento, el corredor llevó a cabo gestiones esenciales de intermediación y corretaje inmobiliario, que incluyeron la selección del edificio, la coordinación con los propietarios y la recopilación de antecedentes técnicos y jurídicos, gestiones que finalmente fructificaron a mediados de 2025 con la adquisición del Edificio MetLife, ubicado en calle Agustinas N° 640 y Pasaje Las Hiedras N° 666, por parte de la empresa estatal Desarrollo País para destinarlo como la nueva sede central de la PDI.