La salida de capitales fue un tema que se comenzó a instalar en Chile tras el estallido social y la pandemia del Covid-19. Para los expertos tributarios, los acontecimientos del 18-O y días posteriores, además del clima que se generó en el país, son una razón fundamental que explica la fuerte corriente que se produjo de capitales de personas y empresas no financieras yéndose fuera del territorio nacional.

Esa tendencia, después de seis años, parece comenzar a quedar atrás. Eso es al menos lo que muestran las cifras preliminares del Banco Central para el cierre de 2025: de acuerdo a ellas, el año pasado salieron del país US$1.467 millones de capitales de personas y empresas no financieras. La cifra es un 5% menor a lo registrado en 2024, cuando se fueron del país recursos por US$1.545 millones. Cabe reiterar que son cifras preliminares, ya que el Banco Central realiza permanentemente revisiones de los datos.

El monto de 2025 es, además, el segundo más bajo desde 2020, cuando comenzó la salida masiva de recursos. Ese año salieron US$ 9.691 millones, en 2021 la cifra alcanzó los US$7.064 millones y en 2022 bajó a US$2.811 millones. En 2023, en cambio, hubo ingreso de capitales por US$96 millones.

Los cambios relevantes en los flujos de salida de capitales se asocian a situaciones en que activos y/o dinero se movilizan rápidamente desde un país hacia el exterior, debido a un suceso con implicancias económicas, o a eventos del escenario político y social que alteran las expectativas de los inversionistas.

Tras el estallido social y la pandemia del Covid-19, uno de los primeros actores en poner el foco en la salida de capitales fue el ese entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien en una presentación que hizo ante la Comisión de Constitución de la Cámara, a mediados de 2021, expuso sobre los efectos que los retiros de los fondos de pensiones estaban generando en la economía. Y alertó que el éxodo se trataba de recursos, en su mayoría, de personas y empresas no financieras.

¿Qué explica la moderación?

Los especialistas afirman que, en el país, desde 2023 a la fecha la incertidumbre económica ha venido bajando de regreso a los niveles prepandemia. Los ruidos políticos, como los procesos constitucionales, se cerraron; la reforma tributaria original no prosperó, y el debate previsional concluyó con la reforma aprobada en enero de 2025. Todo eso ha permitido que exista una mayor estabilidad, a lo que se suma ahora la llegada de un gobierno que tiene previsto bajar el impuesto a las empresas, de 27% a 23%, según ha comprometido el presidente electo, José Antonio Kast.

Christian Delcorto, socio de Consultoría de CCL Auditores Consultores, precisamente plantea que “una de sus explicaciones es la menor incertidumbre política. El 2025 no enfrentamos ningún fenómeno social significativo que pusiese nervioso a los inversionistas y grandes patrimonios. Normalmente los años de elecciones colocan cautos a los inversionistas, quienes evalúan o en ocasiones postergan decisiones de inversión a la espera de ver qué cambios proponen los candidatos”.

Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, plantea que “los indicadores de incertidumbre política y económica actuales caen de forma relevante respecto de 2020–2022. Asimismo, existe una institucionalidad más estable: El mercado internaliza un marco regulatorio más claro y menos expuesto a cambios abruptos, como eventuales cambios constitucionales, por ejemplo”.

El experto puntualiza también que “existe mayor certeza tributaria y niveles de cumplimiento. La Ley de Cumplimiento Tributario (2024) refuerza el control y regularización en esta materia. Parte de los contribuyentes opta por formalizar y declarar, en lugar de mover capitales por temor, reduciendo la percepción de sorpresa fiscalizadora”.

Perspectivas

Los especialistas coinciden en que las perspectivas son positivas en esta materia, en el sentido de que los altos registros de salida de capitales observados entre 2020 y 2022 no se volverán a ver, pero tampoco creen que se vuelva a los niveles mínimos previos al estallido social.

Entre 2013 y 2019, en promedio, salieron del país US$810 millones por año, mientras que entre 2020 y 2025 el registro promedio es de US$3.747 millones. Ahora bien, si se analiza el comportamiento de los capitales durante 2024 y 2025, en promedio la salida fue de US$1.506 millones. Algo en torno a esa cifra es precisamente lo que los expertos esperan se que mantenga durante los próximos años como flujo de salida.

En ese aspecto, Mena anticipa que este año y el próximo debieran estar marcados por la estabilidad. “Debiéramos atravesar por una meseta”. Sin embargo, el experto descarta que se puedan volver a niveles muy bajos como los registrados previo al estallido social de 2019. “La diversificación internacional ya es práctica estándar”, afirma.

A su vez, Delcorto sostiene que “si no enfrentamos otra pandemia, si los activos locales siguen rindiendo a tasas equivalentes a las ofrecidas por los activos en el mercado externo, si el tipo de cambio se mantiene en niveles aceptables y si no existen movilizaciones sociales que afecten el funcionamiento del gobierno de Kast, no existirían incentivos internos que lleven a aumentar el flujo de capitales hacia el exterior como ocurrió en el pasado”.

Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, asevera que “desde el 14 de diciembre de 2025 se ha sentido que las cosas pueden ser más estables por el cambio de sello en el gobierno”.

No obstante, asegura que “más allá de los míticos primeros 100 días, lo claro es que el primer año del gobierno entrante marcará la pauta de su período. Las medidas para controlar los temas de seguridad y el déficit financiero estatal, serán los componentes esenciales de esa parte de la acción”.

Mientras que Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, señala que “se vislumbra que la salida de capitales se mantenga en niveles similares a lo observado en 2025, debido a mayores opciones para la inversión en el extranjero, donde los costos de transacción se han reducido debido a cambios tecnológicos, mientras que condiciones particulares en Estados Unidos, como el convenio que evita la doble tributación con Chile ratificado en 2024, amplían la competitividad de la economía norteamericana como destino de los flujos de capitales procedentes de Chile”.