Banco Consorcio activó una ofensiva judicial en los juzgados civiles de Santiago al presentar tres demandas de liquidación forzosa contra sociedades del rubro agroindustrial y de inversiones. Las acciones legales se dirigen a Exportadora BB Trading SpA, Inversiones Puerto Tranquilo Limitada y Frutícola Agroking SpA, entidades que mantienen deudas de capital que, en conjunto, superan los US$ 9,2 millones.

Estas tres sociedades operan bajo la órbita de Hacienda Chada, firma ligada al empresario Carlos José Barros. El grupo busca actualmente renegociar pasivos que ascienden a $86.400 millones.

Sus tres principales acreedores son: Banco Consorcio ($23.986 millones), Banco Bice ($4.005 millones) y Banco Santander ($2.614 millones).

El movimiento de Banco Consorcio se suma a una demanda previa, interpuesta el pasado 11 de marzo contra la propia Hacienda Chada. En dicha instancia, la entidad financiera solicitó la liquidación forzosa de la compañía por el impago de tres pagarés que suman US$ 5.230.582, créditos destinados originalmente al financiamiento de proyectos agrícolas. Las sociedades Frutícola Agroking SpA y Frutango S.A. figuran en estos instrumentos como avales, fiadores y codeudores solidarios.

Por su parte, el 2 de abril Hacienda Chada solicitó al 1° Juzgado de Letras de Buin el inicio de un proceso de reorganización judicial. La sociedad, asesorada por el abogado Nelson Contador, busca estructurar el pago de sus deudas para dar continuidad a su operación de producción y exportación de uva de mesa, cerezas y cítricos.

En su presentación, la empresa explicó que mantiene una relación estrecha con la exportadora BB Trading SpA (Rio King), donde los accionistas de Hacienda Chada poseen el 22% de la propiedad. Rio King no solo comercializa la fruta de la compañía, sino que también provee el capital de trabajo necesario para la operación agrícola.

En cuanto al origen de su insolvencia, Hacienda Chada citó factores externos acumulados desde 2020. Entre ellos, el impacto de la pandemia en el consumo mundial, las precipitaciones de 80 milímetros registradas en enero de 2021 que dañaron la producción en la zona central y la crisis logística de 2022. Esta última, derivada de la escasez de contenedores y el conflicto en Ucrania, elevó los tiempos de tránsito de la fruta de 15 a 50 días, provocando mermas críticas por la naturaleza perecible de los productos.

Impagos

Las demandas contra las tres sociedades exportadoras de frutas apuntan a pagarés impagos.

La demanda de mayor cuantía se dirige contra Exportadora BB Trading SpA, representada por Andrés Pérez Valdés. Según el escrito presentado ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, la firma adeuda US$ 7,5 millones. El monto se origina en dos pagarés suscritos en enero de 2023 que no fueron cancelados a su vencimiento.

En el caso de Inversiones Puerto Tranquilo Limitada (ex Inversiones B&B SpA), la acción legal radicada en el 25° Juzgado Civil de Santiago reclama un saldo de capital de US$ 1.148.369. Esta sociedad actúa, además, como aval y codeudor solidario de las obligaciones de BB Trading. Su representante legal es Sergio Barros Freire.

La tercera demanda fue interpuesta contra Frutícola Agroking SpA en el 11° Juzgado Civil de Santiago. Banco Consorcio exige el pago de US$ 594.000, correspondientes a un pagaré suscrito en agosto de 2025 que venció en enero pasado. La empresa es representada por Juan Pablo Pulgar Morales.

En las tres presentaciones, el banco invoca la causal del Artículo 117 N°1 de la Ley 20.720, que permite solicitar la liquidación de una empresa deudora cuando esta cesa en el pago de una obligación que consta en un título ejecutivo.

Banco Consorcio es representado por los abogados Luis Octavio Bofill y Rodrigo Saffirio, del estudio Bofill Mir. El tribunal deberá ahora notificar a las empresas demandadas para iniciar la audiencia de liquidación.

Pero no es el único problema que enfrenta la sociedad agrícola. El 21 de julio de 2025, Matías Ibáñez Edmiston e Inversiones Hold Limitada (representados por los abogados José Clemente Coz y Martín Fuentes) presentaron una solicitud de medidas prejudiciales precautorias contra Hacienda Chada.

La medida busca asegurar el pago de una deuda que asciende a $910.539.128 pesos (equivalente a US$946.949,33). Esta cifra corresponde a una multa establecida en una cláusula penal debido a la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento de un predio agrícola de 99,1 hectáreas en Machalí.