La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) interpuso una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del liquidador Tomás Andrews Hamilton, a quien acusa de los presuntos delitos de otorgamiento de ventajas indebidas, negociación incompatible y cohecho a funcionario público.

Lo anterior, en medio de una fuerte disputa entre la estadounidense CMTV -nuevo propietario de Minera Tres Valles (MTV)- y el fondo Kimura, vinculado a inversionistas rusos.

Tomás Andrews es abogado de la Universidad Gabriela Mistral con más de 20 años de trayectoria, especializado en quiebras y reestructuración de deudas. Trabajó como abogado en el Banco Santander y tiene gran experiencia en la materia: ha gestionado la liquidación (cierre) de más de 600 empresas de diversos rubros, entre ellas el mediático caso de Alberto Chang.

En la querella, la Superintendencia lanzó duros cuestionamientos al rol de Andrews Hamilton como ministro de fe en el proceso de liquidación de Minera Tres Valles SpA, compañía de mediana minería con operaciones de cobre en la Región de Coquimbo.

La acción penal se sustenta en lo que la Superir califica como “graves hechos ilícitos” cometidos en el ejercicio de su cargo. De acuerdo a la querella, el actuar del liquidador afectó la imparcialidad y probidad de la administración pública, así como la fe pública concursal.

Según detalla el escrito, estas irregularidades habrían operado bajo un “esquema de corrupción” diseñado expresamente para favorecer a la Compañía Minera Tres Valles SpA. A cambio de estas gestiones, sostiene la Superintendencia, el liquidador habría obtenido un beneficio económico ilícito que asciende a $544.190.770.

Frente a las acusaciones, el abogado del liquidador, Marcelo Hadwa, explicó a Pulso: “Estamos tranquilos, la querella presenta evidentes inexactitudes e interpretaciones erróneas tanto de los hechos como del derecho, lo que quedará en evidencia a medida que la investigación avance. En definitiva, aquí no hay delito alguno, nada que reprochar a mi representado”.

La Superintendencia cuestionó el aumento de la remuneración del liquidador porque la única empresa que lo aprobó (CMTV SpA) no recibió fondos reales de la liquidación para justificar el pago.

El 27 de junio de 2025, la Junta de Acreedores decidió reemplazar al liquidador. Retiraron del cargo a Tomás Andrews Hamilton y nombraron en su lugar a Eduardo Godoy Hales.

En su querella, el organismo público solicitó “el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Tomás Andrews Hamilton, de su sociedad de abogados y de CMTV SpA, para reconstruir la ruta del dinero de los $544 millones y detectar otros posibles pagos ilícitos”.

También pidió citar a declarar a Francisco Javier Allendes Barros, en su calidad de presidente de la Junta de Acreedores de MTV y representante del acreedor Kimura Commodity Trade Finance Fund Limited.

Compraventa

El origen de la trama se remonta al 17 de febrero de 2023, cuando el 30° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de Minera Tres Valles SpA. La quiebra de la empresa se concretó luego de que la justicia declarara el incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial que la compañía arrastraba desde 2020. Fue en esa instancia donde el tribunal designó a Tomás Andrews como liquidador titular —y a Christian Herrera Rahilly como suplente—, entregándole a Andrews la administración y el control de los activos de la minera.

Apenas unos días después de asumir, entre el 22 y el 23 de febrero de 2023, Andrews tomó el control físico de la compañía. En esas jornadas, el liquidador ejecutó la incautación y el inventario de los principales bienes de la minera.

El operativo incluyó la toma de control de los yacimientos “Papomono” y “Don Gabriel” en Salamanca, las plantas de procesamiento y de cátodos de cobre, además de estratégicos derechos de agua y concesiones mineras en la provincia de Choapa.

El hito clave llegó a fines de noviembre de 2024, cuando los acreedores aprobaron las bases para rematar la compañía como una sola unidad económica, fijando un piso de $12.093 millones.

El remate se concretó semanas después, revelando a un comprador que generó una inmediata confusión corporativa: la ganadora fue Compañía Minera Tres Valles SpA (CMTV). Pese a la evidente similitud en el nombre, se trata de una sociedad legalmente distinta a la empresa en quiebra (Minera Tres Valles SpA). CMTV es uno de los principales acreedores del proceso tras haber adquirido previamente la deuda que la minera mantenía con Anglo American Marketing Limited.

A fines de diciembre de 2024, el martillero reportó en el Boletín Concursal que CMTV pagó los $12.093 millones “con cargo a sus créditos”, es decir, cruzando la deuda. Sin embargo, casi un mes después, en enero de 2025, el acta tuvo que ser rectificada para aclarar que no se trataba de un canje de deuda, sino que el comprador debía desembolsar la suma íntegra.

El proceso siguió su curso bajo la administración de Andrews. El 21 de marzo de 2025, el liquidador y los representantes de CMTV suscribieron la escritura de compraventa definitiva, sellando el traspaso total de los activos.

“Maniobras”

El abogado de CMTV, César Ramos, destacó que la compañía de capitales estadounidenses actuó de acuerdo a la ley en la adjudicación de un remate judicial, en un proceso “legítimo, público y validado por más del 94% de los acreedores”.

“Lo que estamos presenciando hoy es a una contraparte que está utilizando maniobras y artilugios judiciales para intentar deshacer a toda costa una venta legal y a firme. Nosotros no cederemos ante estas presiones indebidas y seguiremos enfocados en defender nuestra inversión y reactivar la compañía. La nueva querella es contra el liquidador y a CMTV y sus representantes solo se les cita como testigos”, respondió.

“Lamentamos profundamente la actuación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se ha negado a escucharnos y al contrario, ha adherido a una tesis de Kimura, basada en hechos erróneos y falsos”, añadió, antes de pedir transparencia e imparcialidad de parte de la Superintendencia.