Ya comenzó la tramitación de la megarreforma del gobierno en la comisión de Hacienda del Senado. Y el gobierno se refirió por primera vez a las indicaciones presentadas por parlamentarios en la sala de la Cámara de Diputados y que fueron aprobadas. Entre ellas, la norma que tiene en alerta a bancos y el retail financiero, y que prohíbe el pago de intereses sobre intereses, también llamado anatocismo.

En concreto, la coordinadora legislativa del gobierno, Bárbara Bayolo, explicó a los senadores de la comisión de Hacienda que “en la sala de la Cámara de Diputados se presentaron tres indicaciones, una respecto de sala cuna universal, zonas de catástrofes y la prohibición del anatocismo. Las tres indicaciones son consideradas por el Ejecutivo como inadmisibles, tanto por el artículo 65, como también por el artículo 69 de la Constitución”.

Aún más, Bayolo advirtió que “nosotros esperamos que esas indicaciones se puedan suprimir durante la tramitación de este proyecto de ley, sino vamos a tener que recurrir al Tribunal Constitucional (TC)”.

Estas normas en cuestión, detalló, se refieren a “la creación de la sala cuna universal, la obligación para las empresas concesionarias de electricidad, aguas y gas, para reconectar gratuitamente a los usurarios, aquellos que se encuentren en zonas declaradas en estado de catástrofe. Y la última es la prohibición del anatocismo, esto es el cobro de intereses sobre intereses”.

Esta última fue una indicación impulsada por el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, que fue aprobada por amplia mayoría en la sala de la Cámara de Diputados, y que propone reemplazar el artículo 9° de la ley N° 18.010, el que actualmente permite el anatocismo, y lo reemplaza por el siguiente: “No se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación”.

Esto correría para deudas que no han caído en mora. Un ejemplo: cuando una persona no paga el monto usado en su tarjeta o línea de crédito en su fecha de pago, se le cobra un interés sobre ese monto. Si al periodo siguiente sigue sin pagar lo adeudado, se aplica un nuevo interés sobre esa deuda. De aprobarse ahora esta indicación, eso ya no se podría realizar. Lo mismo ocurriría, entre otros, con los meses de gracia que se dan al otorgar un crédito, o al hacer postergaciones de cuotas de préstamos, algo que ocurrió de manera masiva en la pandemia.

Desde el sector privado miran con preocupación esta situación, dado el amplio respaldo que obtuvo en la Cámara, y porque también proyectan que no habrá tiempo suficiente para un debate en profundidad, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando la misma idea ha sido descartada en el Congreso.