La medición de la pobreza en Chile estaba desactualizada. Esa es una de las principales conclusiones que afirman los expertos que integraron la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza. “Se estaba midiendo la pobreza con una metodología para un Chile de hace 10 años. Era una metodología que ya había cumplido su ciclo”, dice Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo e integrante de la comisión.

La comisión está compuesta por un grupo transversal de 10 expertos y expertas en materia de pobreza, estratificación social y políticas públicas. La presidencia se encuentra a cargo del economista Osvaldo Larrañaga. Junto a él participan Alejandra Abufhele, Emmanuelle Barozet, Gonzalo Durán, Sylvia Eyzaguirre, Paulina Henoch, Andrés Hernando, Juan Cristóbal Romero, Amanda Telias y Rodrigo Yáñez.

Su tarea principal era revisar la actual metodología de medición de la pobreza por ingresos en Chile, considerando diversos aspectos como la composición y fórmula de reajuste de las Canastas Básicas de Alimentos y No Alimentaria, la construcción de la línea de pobreza y el tratamiento del alquiler imputado, entre otras materias.

También propusieron ajustes en la medición de la pobreza multidimensional, revisando dimensiones, indicadores y umbrales, y formulando propuestas de evaluación para el instrumento de medición actual, donde se abordó frecuencia, formato y sistema de gobernanza institucional.

El presidente de la comisión, Osvaldo Larrañaga, hizo una descripción general de las propuestas para aplicar cambios y adelantó también que los resultados de la Casen 2024 se conocerán después de las elecciones, en enero de 2026.

“Como esto es un trabajo que toma tiempo, la publicación de los resultados va a estar, entiendo yo, hacia principios de 2026, cuando los datos estén disponibles, y este fue el mismo tiempo que se tomó la Comisión de 2013 para implementar después la medición en la Casen”, dijo el experto. (Ver nota relacionada)

Los cambios

Actualización de la canasta básica de alimentos: se propone calcular la Canasta Básica de Alimentos a partir de la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), realizada entre 2016 y 2017, en lugar de la VII EPF de 2011 y 2012. No se consideró la EPF IX (2021-2022), que es la última, ya que refleja patrones de gasto influenciados por ingresos transitorios asociados a la pandemia, como los retiros de fondos previsionales y las ayudas estatales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Dado que desde la VIII EPF se tiene información al respecto, se recomienda considerar las cantidades y precios observados de la canasta, en lugar del precio del 20% más bajo para cada producto. De esta manera, según explicó Larrañaga, se logrará tener un consumo de las familias mucho más cercano a la realidad.

Canasta saludable: la línea de la pobreza en vigencia tiene como ancla el conteo de consumo de calorías por parte de la población. El estrato de referencia que provee de los patrones de consumo que se usan en el cálculo de la línea de la pobreza es el primer quintil móvil, que logra cubrir con sus ingresos el requerimiento normativo de 2.000 calorías diarias por persona.

De acuerdo a la comisión, este criterio pierde validez para medir la pobreza en países de ingresos medios altos, como es el caso de Chile, por dos razones. “Primero, el criterio de calorías refiere a un umbral fisiológico propio de sociedades empobrecidas, donde parte de la población vive en desnutrición. En Chile, y en otros países de la región, el problema actual es el exceso -no el déficit- de calorías, asociado a la ingesta de alimentos de mala calidad nutricional. Esto es, alimentos poco o nada nutritivos, ricos en grasas, azúcares y sal, con alto contenido calórico y bajos en fibra, vitaminas y minerales. Frecuentemente son alimentos procesados, empaquetados o de consumo rápido, que pueden ser muy sabrosos, pero poco beneficiosos para la salud.

Por ello, la recomendación de la comisión es adoptar una canasta saludable para la medición de la pobreza, que reduzca en un 50% las cantidades consumidas de alimentos ultraprocesados, sin que se redistribuya este gasto en otros productos de la canasta.

Alquiler imputado: habrá una distinción entre quien es propietario de una vivienda y quien es arrendatario, modificando el concepto actual de alquiler imputado. En la metodología vigente dicho concepto se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de esos recursos adicionales para cubrir otras necesidades.

Para comparar su bienestar con el de los arrendatarios, los encuestadores preguntan cuánto se paga por el alquiler en el barrio que visitan, información que luego es comparada con precios de mercado: el resultado se suma como una fuente de ingresos equivalente.

Esta inclusión estaba generando un problema de subestimación de la pobreza. Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) lo define así: “Dada la masividad de la política habitacional en Chile, gran parte de la población de menos recursos es propietaria de su vivienda y, por ende, incorpora el alquiler imputado a sus ingresos totales, lo que puede distorsionar la medición de pobreza”.

Ese mismo diagnóstico fue el que se hizo al interior de la comisión y, por ello, según quienes trabajaron en la propuesta, se resolvió establecer dos mediciones para la pobreza: una con alquiler imputado y otra para propietarios. Así, a través de la metodología que se presentó, se incorporan ambas mediciones para la línea de la pobreza.

Mayor nivel

Considerando todos los cambios que propuso, la comisión realizó una estimación de cuánto hubiese sido la pobreza en las mediciones anteriores, si es que hubiera estado en vigencia esta nueva metodología.

Así, la comisión hizo este ejercicio para la Casen 2017. Ese año la pobreza fue de 8,7%, pero con esta nueva metodología habría sido de 24,2%; en 2020 fue de 10,8%, pero ahora subiría a 32,2%, y en la más reciente, de 2022, en lugar de registrar el mínimo de 6,5%, hubiese sido de 22,3%.

La economista de LyD e integrante de la Comisión Asesora, Paulina Henoch, calcula que en 2022 la cantidad de población bajo la línea de la pobreza con esta nueva medición hubiese sido de 2.918.060 en lugar de las 1.203.076 que se anotaron. Todos estos cálculos en base a la población que entregó el último Censo 2024.

En la propuesta se mantuvo la estructura de cinco dimensiones de la metodología actual de medición de la pobreza multidimensional, pero ahora cada una tendrá igual ponderación. Además, se incorpora un cuarto indicador en cada dimensión y se actualizan los existentes para captar con mayor precisión privaciones relevantes: se incluyen el aprendizaje escolar, la inseguridad alimentaria, los controles de salud preventiva, los cuidados no remunerados, el déficit habitacional, la asequibilidad de la vivienda y la conectividad digital.

La opinión de los expertos

Los expertos valoraron los cambios y compartieron la necesidad de avanzar en una pronta incorporación a la medición de la Casen

“Valoramos enormemente los avances metodológicos y complementarios propuestos por la Comisión. Nos propone un camino que avanza en construir parámetros más exigentes para medir nuestra realidad social y eso es positivo para las futuras decisiones que se tomarán en materia de políticas sociales. Esperamos que los cambios y avances que se sugieren se incorporen en la medición oficial lo antes posible, entregando todas las explicaciones en forma clara a la ciudadanía para que se comprenda su relevancia”, sostuvo Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Con respecto a los cambios propiamente tal, añadió que “coincidimos en otros aspectos, como en la importancia de la conectividad digital, en la propuesta que diferencia a familias que arriendan de las que no y en la relevancia de hacer mediciones longitudinales a la pobreza, es decir, un seguimiento a los hogares, de tal forma de no solamente ‘sacar la foto’ de la pobreza, si no que tener la película más completa, que nos permita ver la dinámica de entrada y salida de la pobreza”.

En este sentido, dijo que “son un gran aporte las propuestas de líneas de pobreza severa y vulnerabilidad, porque nos permitirían tener un termómetro más sensible sobre el problema que afecta a una gran cantidad de personas que son invisibles para las políticas sociales”.

Henoch, en tanto, mencionó que “considerando la relevancia que tiene la correcta medición de la pobreza para poder enfrentarla de la forma más adecuada, es positivo que el gobierno haya convocado una comisión para su revisión y actualización. La mayoría de los cambios propuestos representan avances necesarios y permiten una mejor adaptación a la realidad actual del país. Sin embargo, hay aspectos que se deben fortalecer”.

En su análisis de las recomendaciones comentó que “en cuanto a establecer una canasta de alimentos normativa en lugar de la observada, el informe considera que debería estudiarse para futuras mediciones”. Sin embargo, para la economista “es importante considerar que una canasta definida por el Estado y no basada en el consumo de los hogares podría alejarse de los patrones observados en la población. En ese sentido, respecto a la propuesta de excluir alimentos ultraprocesados de la canasta y distanciarse del patrón de consumo real, es importante recordar que el objetivo de la medición de la pobreza es identificar a la población que necesita apoyo y, de esta forma, orientar la política social”.