El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud presentada por AB InBev, a través de su filial Cervecería Chile (CerChile). La multinacional había pedido realizar diligencias probatorias para verificar cómo CCU ha implementado las medidas del avenimiento 2008 y la conciliación 2024, y si estas han permitido asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

El TDLC concluyó que “no se satisfacen los requisitos presupuestados en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en particular los hechos referidos no son necesarios para resolver acerca de las conductas imputadas”.

La resolución fue pronunciada por el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Nicolás Rojas, y los ministros Ricardo Paredes, Jaime Barahona e Ignacio Parot, y la secretaria abogada Valeria Ortega.

CerChile denunció ante el TDLC que CCU mantiene un “historial de incumplimientos” de las obligaciones asumidas en un avenimiento de 2008 y en la conciliación de 2024 con la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

CCU comercializa en Chile marcas como Cristal, Escudo, Royal Guard, Dorada, Austral y Kunstmann, además de otras etiquetas del grupo. Varias de ellas figuran entre las cervezas más tradicionales y de mayor presencia en el mercado local.

Por su parte, Cervecería Chile opera en el país marcas como Becker, Budweiser, Corona, Stella Artois, Cusqueña y Michelob Ultra, combinando una marca local con varias etiquetas internacionales del mayor conglomerado cervecero del mundo, AB InBev.

En su escrito de 11 páginas, la empresa acusó a CCU de no respetar los compromisos pactados con la FNE entre 2008 y 2024, destinados a evitar prácticas que excluyan a otras cerveceras del mercado chileno, especialmente en bares, restaurantes y pubs (canal “on premise”).

Respuesta

Ante la arremetida de su mayor competidor, CCU -controlado por el Grupo Luksic y Heineken- respondió a los cuestionamientos, pidiendo al tribunal que se rechazaran las peticiones planteadas por AB InBev.

CCU en este proceso es asesorada por Santiago Bravo y en su escrito sostuvo que la solicitud planteada es “fácticamente infundada, juridicamente improcedente y solo demuestra que CerChile es consciente de que su demanda carece de mérito”.

Indicó que “al igual que en la demanda, el escrito de CerChile no identifica hechos concretos, fechas, establecimientos, contratos ni personas responsables (...). Mucho menos precisa hechos específicos que hubieren ocurrido dentro del término probatorio, ni ofrece el juramento exigido para la segunda hipótesis del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil”.

El grupo cervecero agregó que la solicitud sería “juridicamente improcedente”, dado que el actual “litigio no versa sobre la Conciliación 2024, sino sobre las (falsas) imputaciones relacionadas con el (in) cumplimiento por parte de CCU del Avenimiento 2008″.