La violencia ya es algo que solo ocurre en espacios físicos. Hoy, también se despliega en redes sociales, plataformas digitales y sistemas de mensajería.

Allí puede expandirse con rapidez, amplificar su impacto y adoptar formas cada vez más difíciles de controlar.

Esa es una de las principales conclusiones de un proyecto interdisciplinario liderado por la académica de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, quien investigó cómo se manifiesta la violencia en el ciberespacio y cuáles son sus implicancias jurídicas y sociales.

¿Qué dice el estudio?

El estudio, titulado “Violencia digital: concepto, manifestación e implicaciones jurídicas y sociales de un fenómeno dinámico”, buscó determinar si este tipo de violencia tiene características propias que la distinguen de la que ocurre fuera del entorno digital.

“La investigación busca establecer si la violencia digital constituye un fenómeno particular, con rasgos específicos que requieren respuestas diferenciadas desde el derecho y las políticas públicas”, explica Mayer.

Uno de los hallazgos clave es que la violencia digital no es uniforme. Por el contrario, cambia según el contexto en que ocurre –ya sea educativo, laboral o social– y también según las características de quienes la experimentan.

“La violencia digital no es homogénea”, advierte la investigadora, subrayando su carácter cambiante.

Violencia digital y desinformación

El análisis también puso el foco en fenómenos como la desinformación, especialmente en contextos sensibles.

En un artículo publicado en 2025 en el European Journal on Criminal Policy and Research, el equipo examinó su impacto durante el proceso constitucional chileno.

A partir de ese trabajo, Mayer plantea que la libertad de expresión no es absoluta.

“Un sistema democrático comprometido con la libertad de expresión no excluye la existencia de límites, especialmente cuando la difusión deliberada de información falsa puede provocar daños graves e inmediatos en el proceso democrático”.

En esa línea, el estudio propone avanzar hacia sanciones en casos específicos, siempre que existan criterios claros que permitan distinguir cuándo la desinformación genera un daño real.

Pero la desinformación no es el único frente, la investigación también aborda otras manifestaciones de la violencia digital.

Ejemplos son el ciberacoso, el discurso de odio, la violencia de género online y el uso de tecnologías emergentes como los deepfakes, que pueden manipular imágenes o videos con un alto grado de realismo.

“Estamos frente a un fenómeno dinámico, que evoluciona rápidamente y que desafía las herramientas tradicionales del derecho para su regulación”, señala Mayer.

Como parte de los resultados del proyecto, el equipo publicará durante el primer semestre de 2026 un libro colectivo que reunirá estos análisis desde distintas disciplinas.

El objetivo, según la académica, es avanzar hacia una comprensión más integral del problema y aportar al diseño de respuestas que logren equilibrar la protección de las personas con el resguardo de la libertad de expresión.