Uno de los casos policiales más mediáticos de la historia reciente de Chile aterriza en el streaming. Disponible desde este miércoles 15 de abril en Netflix, la serie Alguien tiene que saber se basa en la desaparición y asesinato de Jorge Matute Johns, el joven visto por última vez con vida en noviembre de 1999. Un esperado estreno que –con spoilers– revisamos en este artículo.

Una de las hebras de la historia sigue a la señora Vanessa (Paulina García) y a Eric (Lucas Sáez Collins), la madre y el hermano mayor de Julio (Clemente Rodríguez). Ambos se sorprenden cuando Juli no está en su habitación a la mañana siguiente de irse de fiesta junto a su amigo Leo (Bernabé Madrigal) y, tras no dar con su paradero, se lanzan en una incesante búsqueda que no tarda en conmocionar al país.

A lo largo de ocho capítulos dirigidos por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín y escritos por Rodrigo Fluxá y Pablo Manzi, la serie adopta principalmente el punto de vista del prefecto Montero (Alfredo Castro), un personaje basado en Héctor Arenas, el exintegrante de la PDI que investigó el caso entre 1999 y 2004. Es él, rodeado por un equipo compuesto por Concha (Héctor Morales), Vásquez (Camila Hirane), Altamirano (Michael Silva) y Fuentes (José Antonio Raffo), el encargado de reconstruir los sucesos de esa noche, entrevistar a testigos y sospechosos y recoger evidencia.

Además de ser el protagonista, Montero es el narrador de la producción, una figura que describe a Juli como “especial” y “magnético”, y a la mamá como “imparable” y “una fuerza de la naturaleza”. Y que alerta a la madre cuando la descubre intimidando a los testigos y que, con el correr de las semanas, inevitablemente se agobia ante la falta de respuestas que le permitan resolver el caso, zafar de la presión mediática y de sus superiores, y volver de una buena vez a Santiago. “Este caso me está llevando a la lona, compadre. Ya no conecto ni una”, reconoce en un momento.

Debido a que la ficción comienza cuando los policías están llegando a Concepción, Juli aparece únicamente a través de flashbacks, en escenas que recrean lo sucedido durante la noche de su desaparición o en breves secuencias que representan los últimos momentos que compartió junto a su mamá y hermano.

Alguien tiene que saber mantiene el año en el que comenzó el caso real, 1999. De hecho, en un momento asoma una imagen de archivo en la que el presidente Ricardo Lagos se pronuncia ante el revuelo generado por la desaparición del joven. La televisión, la música y la ausencia de celulares son otros recursos que ayudan a retratar la época.

Otro punto importante: cumpliendo con el acuerdo al que el productor Juan de Dios Larraín (Fábula) llegó con María Teresa Johns y Álex Matute Johns, la serie cambia los nombres de los protagonistas. Los apellidos de Juli son Montoya Font, no Matute Johns. Además, se modifican los nombres de Gerardo Roa, el amigo con el que salió de fiesta esa noche, y María José y María Paz Maldonado, las hermanas que los acompañaron.

Eso sí, hay nombres propios que se conservan: por ejemplo, el de La Cucaracha, la discoteca a la que acudió ese fatídico 19 de noviembre y que fue demolida en abril de 2002 tras la autorización de la jueza Flora Sepúlveda, quien consideró que el sitio ya no era útil para la investigación. Tal como en la realidad, las sospechas rápidamente se dirigen al dueño del recinto, un personaje que en la historia interpreta el actor Felipe Rojas.

La tercera pieza de la historia es un atormentado sacerdote al que da vida Gabriel Cañas. Esa figura se basa en Andrés San Martín, exsacerdote que habría recibido una confesión en la que se le reveló la identidad de los responsables y que, en febrero de 2003, mientras oficiaba una misa en conmemoración del cumpleaños número 27 del joven extraviado, escandalizó al afirmar que Matute Johns estaba muerto y enterrado.

Aunque opta por alterar los nombres reales, se ciñe con más rigor al caso real que –por ejemplo– 42 Días en la oscuridad, la serie de Netflix inspirada en el caso Haeger. Alguien tiene que saber se sustenta en una investigación periodística liderada por Rodrigo Fluxá, donde se revisaron las carpetas del caso y se entrevistó a cientos de personas ligadas a este.

Durante ese proceso se completaron entrevistas a María Teresa Johns y Álex Matute Johns. Sin embargo, ambos han manifestado su oposición al proyecto desde que se oficializó, en 2024. “Es una falta de respeto (...) Quiero que dejen descansar a mi hijo en paz y que no se lucre con mi dolor”, señaló la madre a Radio 13c, junto con asegurar que no tiene pensado ver la producción.

Fuera del clásico descargo de responsabilidad de este tipo de proyectos –“está inspirada en hechos reales. Los personajes, escenas y diálogos han sido ficcionados, combinados o creados con fines dramáticos”, se detalla–, cada episodio contiene una adición menos frecuente: “El caso judicial en el que se inspiran los hechos de esta serie, no cuenta con una sentencia condenatoria al momento de su estreno”.

Eso obedece a que el último hito judicial no brindó una conclusión que dejara conforme a la familia. En diciembre de 2018, Carola Rivas, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, decretó el sobreseimiento temporal de la causa, no pudiendo establecer los responsables por la muerte y desaparición de Matute Johns, quien, de acuerdo a peritajes, murió por una sobredosis de pentobarbital.