La escena que ocurrió el lunes por la tarde en el podio instalado en el hall El Pensador de la Cámara de Diputados fue nítida. La -hasta este martes- segunda vicepresidenta de la corporación y diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (RD), fue flanqueada por parte de su bancada; por el senador y timonel de su partido, Juan Ignacio Latorre, y por las diputadas de Comunes Camila Rojas y Claudia Mix.

Era la primera declaración pública de Pérez a la prensa luego de que un medio local de Antofagasta develara la trama de los convenios entre el Serviu de la región -liderado, hasta el fin de semana pasado por Carlos Contreras (RD)- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la pareja de la diputada, Daniel Andrade (RD). “No tengo ninguna injerencia, interés o participación en la firma de los convenios que han suscrito dos hombres”, enfatizó la diputada.

Dentro del respaldo frenteamplista, la notoria ausencia de los dirigentes de Convergencia Social (CS) no pasó desapercibida en los pasillos del Congreso.

Aunque en su segunda alocución durante la mañana de este martes -donde anunció que suspendía su participación de la mesa de la Cámara, desactivando así la moción de censura de la UDI a la testera- sí se le vio acompañada por la diputada Gael Yeomans (CS) y parlamentarios de otras bancadas oficialistas, el partido del Presidente Gabriel Boric emitió una dura declaración.

“El convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera. Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”, señalaron.

La reacción más severa, eso sí, vino desde la propia Moneda. La ministra vocera, Camila Vallejo, fue tajante respecto de los hechos. “Lo primero es mandar los equipos (de Vivienda) que están trabajando allá para poder recabar todos los antecedentes y luego se verá el procedimiento que sigue, pero, efectivamente, fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó”, calificó.

Lo propio hizo el titular de Vivienda, Carlos Montes, en diálogo con Radio Cooperativa. “Irregularidades hasta el momento no tenemos detectadas. Supimos de esto hace tres o cuatro días (...) El seremi nos presentó la renuncia el día viernes y el sábado en la mañana se le aceptó la renuncia. Da la impresión de un conflicto de interés. Si el conflicto de interés tiene que ver con haber pasado a llevar a otras instituciones, lo vamos a saber con el informe, y si esta empresa fue puesta delante de otras no teniendo la expertise para hacerlo, también lo vamos a tener claro en un rato más”, explicó.

Y Montes refrendó lo dicho por Vallejo: “Es un descriterio, de haber hecho las cosas sin medir las consecuencias de lo que se hacía”.

La dura postura del gobierno, reconocen en Palacio, no admite dobles lecturas. El Ejecutivo no podía mostrar una postura menos estricta sobre la que ha intentado instalar el Frente Amplio a lo largo de su historia política. Y es que el escándalo es un “misil en la línea de flotación” al discurso fundante del sector político que hoy gobierna, donde el relato ha sido con foco en renovar la política y condenar los actos de corrupción.

El tema ha sido ampliamente comentando en el gobierno y los mantiene en alerta. Incluso, el Presidente Boric ha transmitido su preocupación por el asunto. Por lo mismo, La Moneda activó una serie de consultas a otros militantes RD que ostentan puestos en el Ejecutivo en busca de alguna otra arista -relacionada a Democracia Viva u otras fundaciones- que pueda repercutir en la administración del Mandatario.

Una sensación similar se comentó internamente en las colectividades del bloque, particularmente en la que milita el Mandatario. Principalmente por la seguidilla de errores no forzados que ha debido enfrentar el Ejecutivo en las últimas semanas, en el marco de la crisis de salud. El mismo Jefe de Estado ha sido particularmente insistente en que ya no hay espacio para errores en su administración, ni para “curvas de aprendizaje”.

El diputado y timonel de CS, Diego Ibáñez, no se guardó calificativos. “Hemos pedido al gobierno, particularmente al ministro de Vivienda, que revise uno a uno todos los convenios. Aquí todas las manzanas podridas tienen que salir del gobierno en la medida en que esto implique un acto de arbitrariedad y un acto que no está acorde a nuestras banderas. Esa es nuestra lucha, por eso nacemos como Frente Amplio, por eso hemos llegado al Congreso”, dijo en un punto de prensa donde parlamentarios del sector y los otros presidentes del Frente Amplio acompañaron a Latorre a emitir declaraciones del caso.

Latorre, en tanto, recalcó que “no vamos a poner las manos al fuego, pero hasta ahora no hay nada irregular o ilegal en el convenio, porque efectivamente son convenios que el Minvu tiene con muchas fundaciones (...). No voy a hacer una defensa por Democracia Viva, no me interesa, pero el tema y el descriterio están justamente en que se da la sospecha por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte, del pololo de la diputada Pérez, y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su equipo de trabajo. Ese vínculo, esa cercanía es la que hace completamente impropia, descriteriada, un error político, una imprudencia el generar ese tipo de convenios y no haber advertido al gobierno”.

Más allá de este hecho en particular, la Fundación Democracia Viva cuenta con amplias redes en el Frente Amplio. En sus foros, conferencias o jornadas de formación política han participado actuales autoridades o figuras del oficialismo, como la vocera Camila Vallejo -en un conversatorio con el dirigente político español Juan Carlos Monedero-; la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen; la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch; la senadora Claudia Pascual (PC); la propia diputada Pérez; el actual embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, y exconstituyentes del sector, como Daniel Stingo o Marcos Barraza.

Tras develarse la trama política del caso, y conocerse el activo rol de la fundación en la campaña del Apruebo -enrolada como una de las más de 100 organizaciones que se agruparon en “Aprueba x Chile”-, se conoció que Democracia Viva recibió $ 31 millones para dicha opción en la campaña. Pese a que los $ 426 millones del convenio con el Serviu son posteriores -de octubre y noviembre de 2022-, el escándalo en Antofagasta abre las suspicacias de nuevas aristas y cuestiona la historia y financiamiento hacia atrás de la organización.