El futuro de la U está en una nebulosa. Este martes, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió acoger la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para el otrora controlador de Azul Azul, Michael Clark, el cual se encuentra involucrado en caso Sartor.

Aunque la cita estaba agendada desde la semana pasada, la reunión entre la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, y el liquidador de Sartor, el abogado Eduardo Godoy, adquiere otro matiz luego de la resolución del tribunal.

La cita que está agendada para el mediodía de este miércoles 19 de agosto, se realizará en la Casa de Estudios. La licenciada en economía le expondrá la visión que tiene la Academia respecto a los últimos acontecimientos.

Postura que ya adelantó la académica durante la semana pasada. “Resulta inaceptable para la Universidad que Azul Azul continúe con el uso de su nombre y sus símbolos bajo tales circunstancias sin condiciones mínimas que garanticen el respeto efectivo de su carácter universitario, sus principios y sus valores”, dijo.

Además, detalló que el estudio que le pidieron al jurista Andrés Jana no es favorable para la concesionaria. “El primer reporte del informe, que analiza los alcances legales y propone el curso a seguir, señala graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos, pues el nombre y los símbolos de la Universidad se han visto afectados por una serie de conductas que se alejan de nuestros valores y principios”, señaló.

La situación pone en una situación delicada al liquidador. Sin el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile, las acciones de la entidad que hoy rige los destinos de la escuadra laica perderían valor y la misión de Godoy es devolver el máximo de dinero a los acreedores.

“Mi deber es tratar de recuperar el máximo valor de los activos que tenga la empresa. Por lo tanto, yo en principio no pretendo intervenir directamente en la administración deportiva, que debe quedar en los entes institucionales de la sociedad anónima Azul Azul”, respondió en una entrevista con Pulso de La Tercera.

“Tengo la obligación legal de vender los activos de la sociedad y ese es un resorte que le corresponde por ley a la junta de acreedores: trataremos de idear la forma más transparente, de acuerdo a las normas concursales, para venderlo y obtener la mayor recuperación posible”, especificó.