El tribunal de alzada de Temuco desestimó la estrategia judicial que adoptó la División Jurídica del Ministerio del Interior con la que intentó impugnar la resolución del juzgado de garantía que los dejó fuera de este emblemático caso que tramita el Ministerio Público en contra de excarabineros de Inteligencia acusados de fabricar pruebas contra mapuches. "Es improcedente", dijeron de forma unánime los magistrados. Defensas de los expolicías consideran "contradictorio" los requerimientos presentados y apuntan a la "falta de experiencia" de quienes hoy representan al gobierno. Con todo, aún queda pendiente una apelación que esta semana se elevaría a la Corte temuquense y que es la última carta del Ejecutivo.

En medio de la preparación del juicio oral en contra del exjefe de Inteligencia de Carabineros indagado, junto a otros oficiales, por montar pruebas en contra de comuneros mapuche, la justicia dejó fuera al Ministerio del Interior que obraba como querellante. ¿El motivo? No quisieron enmendar un error de un vicio formal que había en su acusación. A fines de marzo, la nueva jefa jurídica de la cartera, Camila Barros, decidió desvincular al abogado y exfiscal Sergio Arévalo, quien llevaba más de una década como litigante por el Ejecutivo y que llevaba esta causa en La Araucanía.

En el caso del general Gonzalo Blu y el mayor Patricio Marín Lazo, además del civil Alex Smidt se encuentran con arresto domiciliario nocturno y están a la espera de la presentación de la misma petición por parte de los querellantes.

La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, decidió poner término a la primera etapa de la audiencia, para resolver si acoge la incidencia a partir de este martes a las 9.00 horas.

"Quedó plenamente claro, que este documento fue destruido por personal de la PDI y asumimos que el fiscal de la causa no podía menos que saber de esta destrucción”, aseguró el abogado Javier Jara, que presentó una querella criminal ampliada en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y del subprefecto de la PDI Luis Tapia.

La magistrada, Marcia Castillo, fijo la audiencia de reanudación para el jueves 28 de enero a las 08:30 horas.

Fiscal Carlos Palma presentó la acusación contra de 11 imputados, entre los cuales están el ex general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu y el ex mayor de la misma institución, Patricio Marín.

El persecutor de Rancagua ha realizado una serie de requerimientos al fiscal de Aysén, Carlos Palma.

El fiscal Carlos Palma está revisando los WhatsApp y llamadas de su colega, quien está suspendido de sus labores en el Ministerio Público. Peritajes también incluyeron revisar los correos entre el persecutor y un exoficial de Inteligencia de Carabineros, formalizado en la causa.

Medida se produce luego que hace una semana el Juzgado de Garantía de Temuco decretase el arresto domiciliario total del imputado, medida que fue apelada por la parte querellante.

El Juzgado de Garantía de Temuco, además determinó su arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados en la investigación.

En la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa del persecutor quien declaró en calidad de imputado, el requiriente sostuvo que recibió en su domicilio a los exmiembros de Carabineros Patricio Marín, Gonzalo Blu y al exgeneral director de la institución, Bruno Villalobos.

Tribunal de Temuco, además, decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a los demás imputados en la causa para el excapitán de Carabineros formalizado por obstrucción a la investigación.

La penalista, pareja del fiscal regional Emiliano Arias, se defendió en el programa Estado Nacional de las acusaciones que le imputa Moya, quien la acusa de estar tras el cuestionamiento del excarabinero Leonardo Osses, en su contra. Según Navarrete, todo se explica por el vínculo del fiscal con la Operación Huracán, en que éste habría asesorado en materia legal a la policía uniformada.

Informe de la PDI detectó un primer borrador, más duro, que nombraba al fiscal Luis Arroyo. Fiscalía indaga su elaboración.