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La decisión de la jueza Marcia Castillo llegó luego de la solicitud planteada por la defensora penal pública Alejandra Castillo, quien representa al mayor en retiro de Carabineros Patricio Marín.

La titular de Interior realizó un balance de gestión en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados. Instancia en la que, tras abordar la crisis migratoria del norte, también informó que han materializado más de 580 expulsiones judiciales y han concretado 800 resoluciones para iniciar expulsiones administrativas.

Para enfrentar las críticas que generó el haber sido marginados como querellantes en la emblemática investigación, el Ministerio del Interior hizo circular una minuta en que entregaban explicaciones de todas las acciones que emprendieron para evitar quedar fuera del caso. En el cuarto punto del documento revelaron que la hipótesis desplegada -y que no fue acogida por la Corte de Temuco- estaba en base a un análisis en derecho realizado por Pía Tavolari quien actualmente integra la sala penal de la Corte Suprema. El problema, que ha incomodado a altas cúpulas del Poder Judicial, es que con esto la abogada -que obra como ministra- tendrá que inhabilitarse cada vez que el Gobierno alegue en algún caso que llegue hasta el máximo tribunal.

La jefa del Ministerio del Interior informó que el lunes "se incorpora en la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del interior la abogada penalista Luppy Aguirre", quien fuera jefa de Litigio Penal del Consejo de Defensa del Estado. Desde la cartera explican que la continuidad del equipo actual será evaluada por la funcionaria que asume la próxima semana.

El Presidente manifestó su preocupación por la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que deja al Gobierno fuera de la causa en que se persigue a ex carabineros y civiles acusados de montar pruebas falsas en contra de comuneros mapuche para inculparlos de ataques terroristas en La Araucanía. La cadena de errores que determinaron que el Ejecutivo no tenga calidad de querellante se inició el 12 de mayo cuando se negaron a corregir un vicio formal de su acusación, lo que llevó al tribunal a excluirlos del juicio oral. Con todo, en la División Jurídica de Interior aseguran que aún tienen una última oportunidad para volver a participar de la emblemática investigación por corrupción policial.

La abogada Javiera Corvalán, coordinadora del área penal de la División Jurídica del Ministerio del Interior, se anunció tres veces para alegar el que sería el último recurso para intentar mantenerse como querellantes en este importante juicio por corrupción policial. Sin embargo, finalmente no se presentó y encargó esta misión a un abogado de la Delegación del Biobío. Al cierre de esta edición, el Presidente Gabriel Boric calificó el error de "inaceptable" y aseguró que "se van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas".

El tribunal de alzada de Temuco desestimó la estrategia judicial que adoptó la División Jurídica del Ministerio del Interior con la que intentó impugnar la resolución del juzgado de garantía que los dejó fuera de este emblemático caso que tramita el Ministerio Público en contra de excarabineros de Inteligencia acusados de fabricar pruebas contra mapuches. "Es improcedente", dijeron de forma unánime los magistrados. Defensas de los expolicías consideran "contradictorio" los requerimientos presentados y apuntan a la "falta de experiencia" de quienes hoy representan al gobierno. Con todo, aún queda pendiente una apelación que esta semana se elevaría a la Corte temuquense y que es la última carta del Ejecutivo.

En medio de la preparación del juicio oral en contra del exjefe de Inteligencia de Carabineros indagado, junto a otros oficiales, por montar pruebas en contra de comuneros mapuche, la justicia dejó fuera al Ministerio del Interior que obraba como querellante. ¿El motivo? No quisieron enmendar un error de un vicio formal que había en su acusación. A fines de marzo, la nueva jefa jurídica de la cartera, Camila Barros, decidió desvincular al abogado y exfiscal Sergio Arévalo, quien llevaba más de una década como litigante por el Ejecutivo y que llevaba esta causa en La Araucanía.

En el caso del general Gonzalo Blu y el mayor Patricio Marín Lazo, además del civil Alex Smidt se encuentran con arresto domiciliario nocturno y están a la espera de la presentación de la misma petición por parte de los querellantes.

La jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, decidió poner término a la primera etapa de la audiencia, para resolver si acoge la incidencia a partir de este martes a las 9.00 horas.

"Quedó plenamente claro, que este documento fue destruido por personal de la PDI y asumimos que el fiscal de la causa no podía menos que saber de esta destrucción”, aseguró el abogado Javier Jara, que presentó una querella criminal ampliada en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y del subprefecto de la PDI Luis Tapia.

La magistrada, Marcia Castillo, fijo la audiencia de reanudación para el jueves 28 de enero a las 08:30 horas.

Fiscal Carlos Palma presentó la acusación contra de 11 imputados, entre los cuales están el ex general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu y el ex mayor de la misma institución, Patricio Marín.

El persecutor de Rancagua ha realizado una serie de requerimientos al fiscal de Aysén, Carlos Palma.

El fiscal Carlos Palma está revisando los WhatsApp y llamadas de su colega, quien está suspendido de sus labores en el Ministerio Público. Peritajes también incluyeron revisar los correos entre el persecutor y un exoficial de Inteligencia de Carabineros, formalizado en la causa.