Ministra Siches tras error de abogado de Interior que dejó fuera al gobierno del caso Huracán: “De forma reiterada han intentado excluirnos”

La ministra Siches en un punto de prensa en Viña del Mar, tras asistir a la asamblea de la AChM.

La ministra Siches en un punto de prensa en Viña del Mar, tras asistir a la asamblea de la AChM.

La jefa del Ministerio del Interior informó que el lunes "se incorpora en la jefatura de la División Jurídica del Ministerio del interior la abogada penalista Luppy Aguirre", quien fuera jefa de Litigio Penal del Consejo de Defensa del Estado. Desde la cartera explican que la continuidad del equipo actual será evaluada por la funcionaria que asume la próxima semana.


La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, abordó este viernes el error de abogado del abogado de la División Jurídica de la cartera que dejó fuera al gobierno del caso Huracán.

El Presidente Gabriel Boric calificó de “inaceptable” ayer ese error y anunció que se tendrían que “asumir responsabilidades”.

Desde Viña del Mar, tras su participación en la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades, Siches afirmó que la indagatoria constituye “un caso de la máxima relevancia para nuestro gobierno”.

Asimismo, la ministra anunció que el lunes se incorporará a la cartera la abogada Luppy Aguirre, que fue coordinadora de litigio de la Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, a cargo de casos como SQM, y se desempeñaba como jefa de Litigio Penal del CDE.

“Como Ministerio del Interior hemos estado reforzando los equipos y así, hace un tiempo tomamos la determinación de reforzar también nuestro equipo de la división jurídica. Es por eso que este lunes se incorpora en la jefatura de División Jurídica del Ministerio del Interior la abogada penalista Luppy Aguirre, con amplia experiencia, que vendrá a reforzar el trabajo que realizamos desde el Ministerio del Interior para todos los chilenos y chilenas”, sostuvo la ministra.

Desde Interior, en tanto, explican que la continuidad del equipo actual será evaluada por la funcionaria que asume la próxima semana.

“Han intentado excluirnos”

“Desde que llegamos a la administración hemos tomado cuenta de todos los antecedentes, una investigación extensa de más de 99 tomos, que lleva más de cuatro años, desde febrero de 2018 que está la querella desde el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y nos ha llamado la atención como la preparación del juicio oral ya lleva más de dos años y medio, como una de las audiencias lleva más de un año y es por eso que una de las primeras acciones que hicimos como gobierno es en marzo presentar una queja disciplinaria frente a cómo ha sido el curso de este proceso”, señaló la ministra respecto a Huracán.

Siches dijo que “como Ministerio del Interior somos parte querellante y hemos estado insistiendo y persistiendo, a pesar que tanto la defensa como los distintos procesos de forma reiterada han intentado excluirnos como parte activa de esta investigación y no solo a nosotros, también al Consejo de Defensa del Estado, como también al INDH”.

La secretaria de Estado afirmó que “desde el inicio” del caso, la defensa y “distintos actores” intentaron apartar al Ministerio del Interior de la indagatoria como querellante respecto a los delitos de instrucción de la investigación y falsificación de instrumento público.

La ministra aseguró que “vamos a persistir, e insistir y agotar todas las instancias que estén en nuestro alcance para seguir siendo parte querellante”.

“También observaremos como gobierno que este juicio pueda llevarse en los tiempos prudentes que se requieren para una investigación de tal relevancia”, aseguró.

Ayer la Corte de Apelaciones de Temuco cerró la puerta a la reincorporación del gobierno al emblemático caso. El tribunal de alzada rechazó la admisibilidad de un recurso interpuesto ante la resolución del Juzgado de Garantía de la ciudad, el 12 de mayo pasado, en el marco de la preparación de juicio oral del caso, que los marginó. Esa jornada la magistrada Marcia Castillo dio por no presentada la acusación de Interior como querellantes. La jueza tomó esa decisión porque el abogado Luis Martínez Pezo no corrigió un vicio formal en su presentación que se le había solicitado enmendar dos días antes. Martínez señaló que era una instrucción de sus jefaturas de Santiago no cumplir con la solicitud de corrección que hizo el juzgado.

El abogado Martínez fue desvinculado del gobierno por no asistir a una audiencia donde el Ministerio del Interior iba a hacerse parte como querellante en la investigación por el crimen del carabinero Francisco Benavides, ocurrido en mayo del 2021. El profesional se excusó señalando que se quedó dormido por un medicamento que recibió el día anterior.

Una división con turbulencias

La División Jurídica del Ministerio del Interior es encabezada por la abogada Camila Barros, con un sueldo de más de $ 7,4 millones, superior al de la ministra Siches.

Barros lideró una turbulenta instalación con críticas por incorporaciones de abogados de poca experiencia en litigación en una división que es compleja.

Ayer, Ximena Risco, que fue jefa de la División Jurídica de Interior, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que explicó la gravedad de lo ocurrido en el caso contra los excarabineros, oficiales y suboficiales de Inteligencia de La Araucanía, acusados de inculpar con pruebas falsas a comuneros mapuche.

“Acá hubo una falta de conocimiento evidente del proceso y terminó con el desenlace que ya conocemos. Pero lo segundo, es que cada División Jurídica obedece a los lineamientos que entrega el ministro encargado, y acá también hubo una decisión política de no entregarle la importancia que requería este procedimiento judicial. Recordar que este caso implica perseguir los grandes casos de corrupción que algunas personas cometieron en una institución tan importante para nuestro país como Carabineros de Chile, y el que el Ministerio del Interior quede fuera como querellante, implica botar a la basura más de cuatro años de trabajo en que como Estado tratamos de buscar justicia por todos quienes resultaron afectados. Es muy grave y no basta con sacar al abogado”, sentenció.

Por otro lado, afirmando que habrían “Razones políticas”, seis abogados apartados de la División Jurídica del Ministerio del Interior por la actual administración demandaron al Estado presentando ante la justicia laboral una acción indemnizatoria acusando discriminación. Los profesionales aseguran que fueron desvinculados teniendo en cuenta las querellas presentadas contra imputados por delitos cometidos tras el 18-O y los casos que se tramitan por violencia rural en la Macrozona Sur.

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