La caída de Rozas: Los ocho actos que sellaron la salida del general director

Si una fecha sirve para marcar el antes y el después en la historia de Carabineros, esa sería marzo de 2017. Entre autoridades, legisladores y expertos, existe consenso en que fue ahí cuando la crisis institucional tomó forma a través de la detección de un millonario fraude institucional, que implicó a más de 130 funcionarios, entre oficiales y suboficiales, de la policía uniformada.

Lo que vino después agudizó la crisis: en octubre de 2017 fue la Operación Huracán, que terminó con la fiscalía investigando pruebas falsificadas para inculpar a comuneros mapuches en hechos de violencia; en noviembre de 2018, un operativo en La Araucanía terminó en el homicidio -e intento por encubrir el hecho- del comunero Camilo Catrillanca, y en octubre de 2019 surgieron serios cuestionamientos por el actuar de la policía durante el estallido social, con uso excesivo de la fuerza, mal uso de armamento no letal y acusaciones por violaciones a los DD.HH., que acumularon más de 2.300 querellas contra policías y 35 acciones legales contra el general director Mario Rozas.

Así, entre el 18 de octubre de 2019 y noviembre de este año, la imagen de la policía cayó de manera drástica, las manifestaciones callejeras se agudizaron y desde el Congreso exigían reiteradamente la remoción de la máxima autoridad policial. ¿Qué hitos marcaron el paso del general Mario Rozas al mando de la policía uniformada? La Tercera analizó parte de los 696 días de Rozas a la cabeza de los 50 mil policías de la institución y los principales hechos que sellaron el quiebre entre el alto oficial y el gobierno, que terminó con su salida la mañana del 19 de noviembre.

Estos fueron los principales hitos que marcaron la gestión del ahora exjefe policial.

Los informes de organismos internacionales fueron críticos. Mientras la ONG Human Rights Watch advertía en su reporte de noviembre de 2019 -y a solo semanas del inicio del estallido social- la existencia de “graves violaciones a los DD.HH.” que incluían un “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones”, un informe elaborado por Naciones Unidas, publicado en diciembre del mismo año, concluía que había “razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019), se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.

Las denuncias por excesos policiales y el uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios y carabinas lanzagases durante las manifestaciones e incidentes callejeros fueron aumentando desde octubre de 2019. A poco andar, el asunto se había vuelto un foco de preocupación para organismos vinculados a los derechos humanos, y abría un foco de tensión entre el gobierno y el Alto Mando de Carabineros, al cual se le exigió responder a las acusaciones realizadas por los observadores internacionales.

Así, el 5 de diciembre la policía respondió a los cuestionamientos. Lo hizo en 32 páginas, donde refutó las cifras de lesionados, el uso excesivo de la fuerza y las acusaciones de abuso sexual dirigidas contra uniformados. En paralelo, en Chile, fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el que interpuso acciones legales para forzar la investigación contra heridos y afectados en las manifestaciones. No solo por detenciones ilegales o denuncias de excesos policiales, sino que también por las lesiones oculares que afectaron a 163 personas (21 de ellas con estallido de globo ocular y 32 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible). De esta manera, el organismo presentó un total de 2.520 querellas, de las cuales 2.340 (92,8%) apuntaban a un actuar inapropiado de la policía. Del total de acciones legales, 35 iban dirigidas contra el ahora general (R) Mario Rozas.

Durante el estallido social, la fiscalía recibió 8.827 denuncias por delitos cometidos por agentes del Estado, de las cuales existen 4.681 causas vigentes. Del universo de casos, existen 75 funcionarios formalizados por delitos vinculados a violaciones de DD.HH., de los cuales 25 están en prisión preventiva y solo uno ha sido condenado.

Los casos de Gustavo Gatica Villarroel (22) y Fabiola Campillai Rojas (36) son los hechos más graves que se le imputan a Carabineros por mal uso de armamento antidisturbios durante las manifestaciones del año pasado. Con apenas 18 días de diferencia, Gatica y Campillai perdieron la vista a causa de disparos con armas policiales:mientras el primero quedó ciego a causa de un disparo directo al rostro con una escopeta antidisturbios, el 8 de noviembre en el centro de Santiago, Fabiola Campillai perdió la vista por una bomba lacrimógena que le impactó directamente en su cabeza cuando se dirigía a su trabajo. Eso fue el 26 de noviembre. Ambas indagatorias terminaron con carabineros formalizados:el comandante Claudio Crespo, por las lesiones de Gatica, y el capitán Patricio Maturana, por el caso de Fabiola Campillai.

Las denuncias por uso excesivo de armas antidisturbios obligaron al general Rozas a cambiar los protocolos para el uso de estos elementos. En especial en el uso de balines, los cuales, según un estudio de la U. de Chile, se componían apenas de un 20% de goma y el resto eran metales o minerales de alta dureza. Una munición capaz de causar graves lesiones.

Entre el 9 y el 11 de septiembre comenzaron a llegar las notificaciones a cada uno de los seis generales activos -además de uno en retiro- de sumarios y acusaciones realizadas por la Contraloría por una serie de presuntas irregularidades administrativas, muchas de ellas relacionadas con la responsabilidad de mando, vinculadas a actuaciones de orden público en el marco de la crisis social.

La acción se dirigió hacia los generales Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística, y Jorge Ávila, ya en retiro y exjefe de Fuerzas Especiales. De ellos, Valenzuela fue llamado a retiro.

El caso “remeció” al alto mando de la institución y en algunos casos la pugna se trasladó a la Suprema, la cual rechazó los recursos de los oficiales y dio luz verde al contralor para indagar a los uniformados en un proceso que sigue abierto e involucra, ahora, a cinco generales activos.

Quedaban dos semanas para que se cumpliera un año desde el estallido social. Carabineros tenía pensado un plan operativo para evitar cualquier tipo de confrontación entre la policía y los manifestantes. A la larga, así ocurrió, y durante la jornada del 18-O no hubo lesionados de gravedad. Cuando sí los hubo fue esa tarde del 2 de octubre.

Ese día, el carabinero Sebastián Zamora fue detenido por la PDI, luego de que la fiscal Ximena Chong despachara una orden de arresto por el delito de homicidio frustrado, pues se le acusaba de haber querido lanzar intencionalmente a un menor de 16 años desde el Puente Pío Nono hacia el Río Mapocho. La defensa del policía, y también de los generales de Carabineros ante la Cámara, era que no hubo intención y se trató de un choque al intentar aprehender al joven.

El caso hizo retornar los fantasmas internos de los policías. El carabinero Zamora fue formalizado y notificado de su baja por no informar el uso de una cámara portátil, lo que hizo aparecer en Carabineros un nuevo enemigo: la crítica interna hacia el mando, pues los suboficiales sentían que los estaban dejando solos.

El aumento en los hechos de violencia en la llamada zona del conflicto mapuche, que se concentra principalmente en las regiones del Biobío y La Araucanía, le valió duras críticas al Alto Mando de Carabineros, dirigido por el entonces general director Mario Rozas.

Con un total de seis personas fallecidas a causa de hechos de violencia rural solo durante 2020 -entre ellos trabajadores, parceleros y un carabinero-, la policía y el Ministerio Público aún no han conseguido realizar detenciones y formalizaciones de los responsables, un hecho que ha generado duras críticas de los gremios y asociaciones de ambas regiones por el actuar de la policía y los escasos resultados de la estrategia adoptada por el gobierno para enfrentar esta situación.

A los homicidios en la zona se suman registros de grupos armados cometiendo delitos, en ocasiones, a plena luz del día. Asimismo, la quema de camiones, maquinarias y otros ataques a empresas forestales y agrícolas han sido uno de los principales focos de críticas a las labores preventivas y de Inteligencia de Carabineros.

Se agudizó con el caso del Puente Pío Nono, pero la tensión venía de antes por el caso de Gustavo Gatica. El general Rozas no estaba contento con las actuaciones públicas de la PDI y la fiscalía. Primero, le molestó que la detención del comandante Claudio Crespo, imputado por la lesión a Gatica, haya sido mediática. Su incomodidad la hizo ver al gobierno. Y luego, apuntó a la fiscalía, por considerar que había una “premura” en los casos contra uniformados, y no en las causas por lesiones a los policías. Esta tensión, además, escaló cuando detectives controlaron a un oficial cerca de la casa de la fiscal Ximena Chong, y después se filtraron sus datos.

Estas situaciones fueron minando las relaciones entre las instituciones. Y las últimas declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, el 9 de octubre, no ayudaron a recomponerlas: “Carabineros debe ser respetuoso de los derechos fundamentales de las personas (...). Hay una cultura al interior de la institución que es muy compleja”.

El homenaje se concretó a través de la orden general N°2787 de la institución del 13 de agosto pasado, firmada por la máxima autoridad de Carabineros, general Mario Rozas, quien le otorgaba el nombre de Rodolfo Stange a la Academia de Ciencias Policiales. El caso abrió un flanco inesperado en el gobierno, pues de inmediato comenzaron los cuestionamientos de la oposición, y también del oficialismo, por darle el nombre del exgeneral de la Junta Militar.

El gobierno le ordenó a Rozas revertir la decisión, y el general director revocó su medida. En La Moneda catalogaron el hecho como un “balazo en las piernas”, dado que la institución no había hecho noticias últimamente, y pasó lo de Stange. Finalmente, desde Carabineros dieron por cerrado el tema a través de un comunicado, donde explicaron que se iniciaría un proceso de consulta al interior de la institución para buscar un nombre para darle a la academia.

Fue el último procedimiento que puso en la mira a Carabineros y, al mismo tiempo, el que selló la salida del general director Mario Rozas, a raíz de la gravedad del hecho. La intervención policial y posterior disparo a dos menores de edad dentro del hogar colaborador del Sename Carlos Macera, de la comuna de Talcahuano, marcó un quiebre definitivo en la relación entre la autoridad policial y el Presidente Sebastián Piñera.

El miércoles, poco antes del incidente que terminó con un carabinero detenido por la PDI, el Jefe de Estado tenía agendada su participación para reunirse con el nuevo alto mando policial.

Sin embargo, la repercusión del hecho -que dejó a dos adolescentes internados con heridas de bala en sus piernas y a un policía con una fractura de brazo- cambió los planes del Mandatario, quien optó por restarse de la actividad, tras pedirle al ahora exjefe policial que “esclarezca la verdad en forma total y oportuna”.