Tribunal Constitucional: Las demoras en la mira de la Fiscalía

Los ministros Iván Aróstica y María Luisa Brahm.

La entrevista de la presidenta del TC María Luisa Brahm provocó un fuerte remezón al interior del organismo que oficia como “el guardián de la Constitución”. Una causa penal abierta por la fiscalía deberá establecer si hubo una dilación intencionada en emblemáticos crímenes de lesa humanidad.




Tomó la palabra el presidente Iván Aróstica y se dirigió al resto de los ministros del TC presentes en el salón del pleno, ese jueves 4 de octubre de 2018: “El desprestigio que tenía el Tribunal Constitucional era porque antes no se daba curso y no se acogían siquiera a tramitación la mayoría de los requerimientos, pero eso cambió y lo que dicen los abogados hoy es que el TC sí los escucha”. Aróstica -electo en agosto de 2017 como presidente del organismo- justificaba ante sus pares la cantidad de procesos suspendidos en diversas materias, incluidos aquellos en que condenados por violaciones a los derechos humanos reclamaban ante el TC por el secreto de sumario bajo el cual eran juzgados, entre otras materias.

Minutos antes, el ministro Gonzalo García había hecho una larga exposición sobre la gran cantidad de causas que estaban a la espera de ser vistas y propuso una fórmula para evitar mayor tardanza. “Hay causas que llevan esperando fácil 10 meses”, reclamó. La entonces ministra María Luisa Brahm -quien había llegado al tribunal tres años después que Aróstica- hizo eco de la preocupación de García y advirtió que el TC “pierde prestigio” por la “demora en dictar sentencias” y que eso se agravaba por “la poca visibilidad de las causas que ingresan”. José Ignacio Vásquez, cercano a Aróstica, alzó la mano y dijo diferir de la “apreciación negativa” de la situación. “Eso es de carácter político y subjetivo”, dijo. Para el ministro, el hecho que se haya incrementado el ingreso de causas y se generaran demoras “es positivo, pues refleja que el trabajo del TC es reconocido”.

Quienes participaron de ese pleno lo recuerdan como uno de los más tensos en la era en que Aróstica estuvo al mando del tribunal, que culminó el 28 de agosto del año pasado cuando asumió María Luisa Brahm.

Sesiones de alegatos en el Tribunal Constitucional.

Las palabras “desprestigio” y “dilación” resurgieron esta semana, luego de que Brahm -después de tensas sesiones al interior del TC a propósito de un requerimiento de Chile Vamos por la Ley de Indulto en el marco de la pandemia-, se decidiera a tirar del mantel. “Antes que yo llegara había causas detenidas por mucho tiempo, al límite de la corrupción”, dijo el domingo pasado a este medio, generando una tormenta en el tribunal. Los detractores de Brahm la cuestionan por abrir una crisis sin parangón con graves consecuencias para el organismo; quienes la apoyan sostienen que es la manera de terminar con malas prácticas enquistadas en el TC.

Los dichos de Brahm fueron la base de la denuncia de la diputada PC Carmen Hertz, familiar de víctima de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Esta activó una causa penal que será dirigida por la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

La idea de una fiscal inmersa en los expedientes del TC e interrogando a sus jueces es un escenario que en esa calurosa tarde del 2018 ningún presente imaginó.

El contrato

“Un honorario adicional y por plazo mínimo de un año por el equivalente a UF 350 por mes ($9.333.660), que se devengará con dicha periodicidad conforme al detalle de la asesoría individualizada en la cláusula primera”. Esto es parte del contrato “a todo evento” por $100 millones suscrito el 12 de octubre de 2017 por Sergio Gordon, entonces representante de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos (CAEP), y el abogado y exministro del TC Enrique Navarro, que fue revelado por radio BioBio hace dos años. El Ministerio de Justicia había cancelado la personalidad jurídica de la CAEP, y Gordon -con Navarro como abogado- buscaba revertir esa determinación.

Ese es, además, el documento que instaló las sospechas de Brahm respecto a un eventual negocio tras las paralizaciones de causas en el tribunal, apuntando a que la cláusula primera de ese convenio establecía que el estudio del exjuez realizaría todas las acciones necesarias para dar vuelta la decisión de Justicia.

“Una vez me tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC”, dijo Brahm a La Tercera Domingo.

Navarro, quien fue juez del TC hasta el 2012, se defendió señalando que él no presentó el requerimiento que paralizó la cancelación de la personalidad jurídica durante 220 días (siete meses), aun cuando el mismo contrato firmado entre Navarro y Gordon deja constancia que las acciones serían ejercidas por el abogado Jorge Meneses Rojas, quien pertenece al estudio Grasty Quintana Majlis & Cía. Meneses un año después, el 12 de octubre de 2018, presentó el requerimiento ante el organismo. Navarro, en una carta enviada a este medio, dice además que en la suspensión del caso el juez Juan Ignacio Vásquez -su concuñado- se inhabilitó. Sin embargo, el expediente del TC registra otra cosa.

Uno de los focos de la investigación del Ministerio Público es la revisión de la tramitación de este caso que tiene su origen cuando se descubrió que Gordon, siendo controlador de la CAEP, se había “autoindemnizado” con $3.500 millones de pesos. Ello generó la intervención del Ministerio de Justicia, la cual en 2017 caducó la personalidad jurídica de la institución y generó demandas del CDE por la restitución de los montos defraudados. Fue en medio de esa pugna civil cuando Gordon se refugió en el TC.

La causa llegó a manos del entonces presidente Iván Aróstica, quien la asignó a su sala, la primera, y se puso sobre tabla el 17 de octubre de 2018 acogiéndose a trámite y suspendiendo la gestión pendiente, en este caso, las acciones del Estado contra Gordon. Ese día, consta en el expediente, Aróstica y Cristián Letelier –quien integró esa sala para dar quórum- estuvieron por paralizar el caso, mientras que Pía Silva y Juan José Romero rechazaron. Si bien se produjo un empate, el presidente del TC usó su facultad de “voto dirimente” y primó su posición. Esto, en contraposición a la Segunda Sala del TC que no usaba esa facultad para resolver suspensiones o admisibilidad en el entendido que no existe una norma expresa para ello, sino más bien una interpretación de Aróstica y de su antecesora, Marisol Peña.

El ministro José Ignacio Vásquez.

Vásquez, pese a estar presente ese día, pues consta su firma en el resto de las causas en la tabla ordinaria y sobre esa tabla, se ausentó en esa revisión. Pese a eso, no hay constancia en el expediente digital de que haya manifestado alguna inhabilidad que lo afectase como sí lo hizo en otras oportunidades, cuando ha estimado sentirse implicado. Tampoco justificó su inasistencia, pues sólo se puede leer: “no entró al pronunciamiento sobre admisión a trámite”. Si bien Navarro, su concuñado, no aparece como abogado de causas ante el TC, es un nombre recurrente en la presentación de informes en derecho en los distintos casos que se tramitan. Desde junio de 2017, al menos, aparece como autor de diez informes en derecho. En ocho de esas causas, Vásquez no se inhabilitó y en seis oportunidades estuvo de acuerdo con la posición del informante.

Fuentes de Justicia recuerdan que fue especialmente complejo que el TC paralizara las acciones del fisco para restituir los montos defraudados. “Gordon no dejaba ni entrar al síndico a la CAEP amparado en la resolución del TC. Tuvieron que ordenárselo, después que el CDE lo exigiera, era mucho el dinero en juego”, comenta un abogado de esa época. La sentencia fue dictada el 25 de junio del 2019. La CAEP perdió por 9 votos a cero y se dictó la condena más alta en costas que ha sentenciado el TC. Es decir, se estableció que no hubo ningún mérito para esa acción constitucional y que por ello debía pagar $5 millones. Dicha condena no fue objetada y se pagó.

Los 32 casos bajo la lupa

Bautista Van Schouwen era médico, estaba casado y tenía un hijo cuando fue detenido por agentes de la DINA el 13 de diciembre de 1973 en la parroquia Los Capuchinos, en pleno centro de Santiago. El miembro del comité central del MIR estaba refugiado en ese lugar junto al estudiante de Derecho Patricio Munita. Ambos fueron ejecutados.

El ministro de fuero Mario Carroza dictó, en abril de 2017, una condena de 10 años de cárcel por homicidio calificado en contra del agente de la DINA, y yerno de Manuel Contreras, Orlando Carter. Ese mismo año, en noviembre, recurrió al TC. De todos los expedientes revisados por La Tercera respecto a violaciones de derechos humanos, este es el caso de tramitación más extensa. Estuvo en total suspendido el proceso penal 541 días, es decir un año, cuatro meses y 26 días. Su resultado, al igual que la mayoría de estos requerimientos presentados por exmilitares, fue el rechazo.

Cuando acogió a trámite el escrito, el TC rechazó suspender el juicio que en este caso significaba el avance en la Corte de Apelaciones de un caso que durante más de 40 años seguía sin sanción penal a los autores de estos crímenes, dos de los cuales -a la fecha del fallo de primera instancia- ya habían fallecido: Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito. Sin embargo, cuando se produjeron los alegatos -el 4 de diciembre de 2017- los ministros Marisol Peña, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez ordenaron al Poder Judicial suspender la tramitación del caso. La decisión contó con un duro voto en contra de los ministros Nelson Pozo y Gonzalo García, quienes advirtieron que se trataba de un juicio penal por crimen de lesa humanidad y que era incorrecto suspender. “Manifestamos nuestra preocupación por la suspensión del procedimiento (...) la especial naturaleza de la causa en que incide el requerimiento considerada por el juez sustanciador (Mario Carroza) como un crimen de lesa humanidad”, replicaron. Esta minoría le valió a ambos jueces que en reiteradas oportunidades abogados de militares pidieran su inhabilidad.

El ministro Gonzalo García.

En el expediente se detallan las veces que la causa entró y salió de la tabla del pleno del TC por decisiones de la presidenta (s) Marisol Peña y por las recusaciones que se hicieron a Pozo y García, quienes finalmente declararon su implicancia para desactivar el retraso. El 14 de junio de 2018, estando ya Aróstica de presidente, la familia de las víctimas pide que por favor se agregara su causa para ser fallada. “Se resolverá en su oportunidad”, dictó Aróstica. Dos meses después la causa finalmente fue alegada ante el pleno y pese a la insistencia de los familiares para que se dejara sin efecto la suspensión mientras se redactaba la sentencia, sólo se alzó la paralización cuando el 2 de mayo de 2019 se dictó la sentencia en que se rechazó los alegatos de inconstitucionalidad del agente de la DINA.

La Fiscalía alista una masiva solicitud de documentos al TC, entre ellas, las causas de derechos humanos, principalmente, aquellas que fueron suspendidas. Según el registro enviado en tiempo exprés -sólo tres días- por la presidenta Brahm a solicitud del Instituto de Derechos Humanos, de 52 causas que involucran a condenados por violaciones a los derechos humanos, 32 estuvieron bajo suspensión. La comunidad académica ya había puesto el foco en el actuar del TC los últimos años. El informe anual sobre DD.HH. en Chile de la Universidad Diego Portales en 2018 dedicó un capítulo entero a este órgano, titulándolo El TC como impedimento a la justicia por crímenes de lesa humanidad, y acusa directamente a Aróstica de “omitir” incluso poner estas causas en tabla. Los académicos aventuran un diagnóstico: “hay un desapego al derecho de parte del actual presidente del TC, a la vez que demuestra lo fácil que resulta, incluso para un reconocido perpetrador (el brigadier Alfonso Videla), cambiar el foco de las causas de derechos humanos al acusar grave violación de sus derechos, el deber de individualizarse ante los tribunales de justicia”.

A eso se sumará un tema especialmente sensible para el Poder Judicial: las suspensiones decretadas contra militares investigados por fraude en el Ejército por la jueza Romy Rutherford. Cinco procesados, incluidos los excomandantes en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, recurrieron al TC. A cuatro de ellos se les rechazó el recurso impugnado, pero en promedio mantuvieron 262 días detenidas sus investigaciones. Algunos como la consejera del CDE María Inés Horvitz plantearon, en su momento, “la afectación” que repercutía en estas causas teniendo en cuenta que en ese minuto a Rutherford se le acababa su plazo como investigadora. Dichas dilaciones y el riesgo de que la magistrada tuviera que irse sin resolver esos casos motivaron la “Ley Rutherford” que le permitirá continuar las investigaciones por fraude en el Ejército.

Todos los procesos internos del TC se someterán a la investigación de una fiscal. Un hecho inédito en sus 50 años de historia de esa institución. Aróstica ya anunció que declarará ante Chong, mientras las acusaciones cruzadas no paran de ventilarse.

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