“¡Ooohhhh!”, un grito similar al que se escucha en los estadios cuando la pelota da en el palo fue la reacción en el pleno de Convención Constitucional al darse a conocer la votación en general del artículo 25, contenido en el informe de la Comisión Forma del Estado y que definía a las asambleas legislativas regionales.

Con 100 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones, el articulado era rechazado por no reunir el quórum de dos tercios (103 respaldos), es decir, por tres votos, esa parte del informe se devolvía a la comisión para una reformulación profunda.

El resultado fue sorpresivo, porque al menos hasta ayer en la tarde, las asambleas legislativas regionales (pieza clave en el nuevo modelo de Estado Regional, con territorios autónomos, promovido por independientes, movimientos sociales y frenteamplistas) contaban con los votos, luego de que los socialistas y el grupo de Independientes No Neutrales comprometieran su apoyo.

Sin embargo, la propia base de apoyo que había en Apruebo Dignidad (la coalición con la que Gabriel Boric llegó a La Moneda) se desfondó.

En primer lugar, el PC, que se había caracterizado por actuar monolíticamente, votó dividido. Los convencionales comunistas Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda, Valentina Miranda y Carolina Videla votaron sistemáticamente en contra de todas las disposiciones (no solo el artículo 25) que fijaban competencias de estas asambleas regionales, que podrían pasar a convertirse en una suerte de tercera Cámara para crear leyes, adicional al actual Congreso bicameral (compuesto por un Senado y otra instancia integrada por diputados).

No obstante, a favor de estos artículos se manifestaron los comunistas Hugo Gutiérrez, Ericka Portilla y Vanessa Hoppe (indep. PC).

Al intervenir, Gutiérrez se limitó a hacer un llamado a votar a favor del informe e hizo un repaso histórico de cómo Santiago se había impuesto por la fuerza a las provincias. Si bien no rebatió públicamente con sus compañeros de partido, se restó del punto de prensa que hicieron los comunistas al término de la sesión.

Dentro de los 51 votos en contra del artículo 25 (relacionado con las asambleas), en su mayoría había convencionales de la derecha y del Colectivo del Apruebo (cercanos a la ex Concertación). Sin embargo, también se plegaron otros independientes, como Bessy Gallardo, Renato Garín, Rodrigo Logan y Roberto Celedón.

También se abstuvieron dos constituyentes ligadas a la antigua Lista del Pueblo, María Rivera y Camila Zárate, cuyos votos también contribuyeron al rechazo.

Las razones del desmarque, en especial de los comunistas y de otros representantes de izquierda, se basaban en las dudas por el impacto jurídico que tendría el modelo de Estado regional y, en especial, la creación de estas asambleas legislativas en cada zona.

Por ejemplo, Barraza transparentó en el debate que la “fragmentación del Estado” podría atentar contra una justa redistribución de la riqueza. “Excesos en atribuciones legislativas pueden resultar perjudiciales en la perspectiva de transformaciones que persigue esta Convención Constituyente, porque puede fragmentar al Estado y, en consecuencia, agudizar las desigualdades”, dijo Barraza, quien luego en el punto de prensa tras la votación añadió que “no compartimos la tesis de que existan 16 congresos distintos”. Y explicó que ello daría pie a un “tricameralismo”, que podría repercutir en legislaciones distintas entre cada zona, por ejemplo, en derechos laborales.

En redes sociales, en respuesta a las críticas que le reprochaban haber votado junto a la derecha, la convencional Sepúlveda, si bien reiteró el compromiso de su colectividad con la descentralización, deslizó que la autonomía que se concedía a las comunas y regiones para administrar sus riquezas generaba otro riesgo. “Votar y decidir localmente sobre los mismos escasos recursos será solo poder simbólico. Comunas/regiones ricas deben aportar a las pobres”, escribió.

En el debate de ayer, Roberto Celedón, hoy miembro de Apruebo Dignidad, quien dentro de la izquierda es considerado una de las voces jurídicas más respetadas de la Convención, fue otro de los críticos del informe de la Comisión de Forma del Estado, pues no solo se entregaba autonomía a las regiones, también a las comunas. De hecho, además de votar en contra de las asambleas regionales, también rechazó el artículo N° 2 que aludía a los territorios autonómicos y a estas nuevas entidades. Explicó que él propuso crear el Consejo de Alcaldes, pero señaló que el modelo que planteó la comisión “supera por mucho mi imaginación y me crea muchas inquietudes”. Además, añadió que las asambleas harán imposible que una nueva Carta Fundamental pueda entrar en vigencia inmediatamente, al tener una serie de instituciones que no están contempladas en la ley y que tendrán que ser creadas por el futuro órgano legislativo, en el cual ni siquiera hoy existe acuerdo. “Toda la estructura hace imposible que esta Constitución pueda regir in actum”.

El convencional Fernando Atria, uno de los referentes del Frente Amplio, por su parte, votó a favor en general, pero precisó que “no creo que sea una manera adecuada de descentralizar, la creación de 16 asambleas regionales legislativas, que próximamente podrían ser 18 (en referencia a la creación de nuevas regiones)″.

Para algunos convencionales, la declaración de Atria era muestra de la discrepancia de fondo que mantiene con la constitucionalista y convencional de RD Amaya Álvez, quien junto a la independiente Tammy Pustilnick es una de la autoras intelectuales del modelo de Estado regional, la base del informe votado ayer. De hecho, la posición mayoritaria en el Frente Amplio es apostar por estas asambleas regionales, a cambio, según algunos negociadores, de ceder en la idea de un Congreso unicameral (idea que Atria aún defiende internamente) y mantener el actual modelo de una Cámara Alta (no necesariamente con las mismas atribuciones ni el mismo nombre del Senado) y una Cámara Baja (diputados).

Consultada hoy por La Tercera frente a la crítica de Atria, Álvez señaló que “me parece un argumento débil, cada región según su tamaño puede adoptar asambleas más grandes o más pequeñas, dotarlas de menores o mayores facultades, según sean establecidas en su ordenamiento político interno”.

Respecto de los cuestionamiento de Barraza, añadió que “son entendibles las aprensiones de algunos que piensan que para llevar a cabo transformaciones significativas es necesario un Estado fuerte y, por lo tanto, centralizado”, pero agregó que “al multiplicar los espacios democráticos, el Estado regional no fragmenta ni debilita el poder”.

En todo caso, independiente de la aprobación o rechazo, por no reunir los 2/3 de los constituyentes, el debate no se agotaba en la sesión de ayer.

La discusión de si es posible construir un acuerdo con un modelo de tres ramas legislativas (una de asambleas regionales, otra compuesta por diputados y tercera entidad que reemplace al Senado) se extenderá hasta la próxima semana, ya que la Comisión de Sistema Político también ha analizado esta idea. De hecho, el convencional Renato Garín envió un oficio cuestionando la intromisión de la Comisión de Forma de Estado en este tema institucional.

Quienes ha sido parte de las conversaciones para destrabar la discusión sobre el Congreso en la Comisión de Sistema Político sostienen que a pesar de las exigencias de cada sector (algunos buscan eliminar el Senado y otro mantener un bicameralismo) y las dudas que hay sobre estas asambleas regionales, aún es posible un acuerdo.

Una fórmula intermedia sería avanzar en más competencias para los consejeros regionales, creando “súper cores”, pero con atribuciones normativas limitadas, como lo son, por ejemplo, las ordenanzas municipales.

En el caso del Congreso, la alternativa sería mantener el Senado, pero con otro nombre y quitándole poder, dejándole algunas atribuciones legislativas en materia presupuestaria, reformas constitucionales o revisión de leyes solo cuando exista una mayoría de la Cámara que lo solicite.

Ayer, en todo caso, el constituyente de Evópoli Hernán Larraín Matte expuso su inquietud por las asambleas regionales y de que todo el modelo de un Estado regional abra el riesgo del separatismo, en vista de que la autonomía también está prevista para los territorios indígenas.