¿Quién responde por el eventual riesgo sanitario? Las razones por las que laboratorios que venden a Chile la vacuna Covid están protegidos de responsabilidades legales

Mientras ayer en Londres la prensa local informaba que el gobierno británico blindó a Pfizer, acá el chileno firmó contratos que eximen a los laboratorios a los que se compró millones de dosis de enfrentar demandas u otras acciones ante los eventuales riesgos sanitarios que traigan aparejados. El Estado responderá. Según explican en el Minsal, en Cancillería y en La Moneda, no hubo opción porque los fabricantes impusieron las mismas condiciones en todos los países. Hay excepciones en caso de negligencia y dolo. Cuando se comience a vacunar se le informará a la población de los efectos a los que están sujetos.




No habrá que firmar un disclaimer o documento que exima de responsabilidad legal a los fabricantes u otros antes de vacunarse contra el COVID-19 cuando las primeras dosis comiencen a ser aplicadas en Chile. Eso contestan ante esa consulta los entendidos en la Presidencia y en el Ministerio de Salud. Una de las razones es que el esperado fármaco se distribuirá de forma voluntaria y no obligatoria. La otra es porque no será necesario: los contratos de compra que ha firmado el gobierno con los laboratorios blindan judicialmente a éstos de responsabilidades ante el eventual riesgo sanitario al que puedan exponerse las y los chilenos que serán inoculados.

En el evento de que alguien se vacune y a consecuencia de eso padezca un impacto en su salud o incluso fallezca, esa persona o sus deudos no podrán conseguir que los laboratorios respondan ante acciones legales que inicien. Tendrán que demandar al Estado. Los fabricantes están protegidos. En términos simples -hay ciertas excepciones puntuales, más sobre eso luego- ese es el marco en que se hará todo esto.

Las tratativas con los laboratorios las lidera el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien asesoró a Piñera durante su primer mandato. Por ejemplo, como lo relató La Tercera hace algunas semanas, en los últimos meses se ha reunido con farmacéuticas chinas en hoteles de Abu Dabi.

Yáñez hace dupla con el abogado jefe del Minsal, Jorge Hubner, apoyado por el Segundo Piso y reportándole al mandatario, quien ha estado muy -dicen- encima de todo esto.

Según responden en el Ejecutivo, así será porque esas son, insisten, las únicas condiciones en que se han podido negociar millones de unidades bajo la presión de tenerlas acá luego y a precios relativamente convenientes. Argumentan que es una carrera mundial en que cada país lucha por su cuenta y que -según explican en la Cancillería- obligará a repetir, como ocurrió con los ventiladores, un operativo logístico reservado para asegurar que los embarques lleguen sin contratiempos ni “sorpresas” en los terminales de salida.

Así se aprecia en algunos de los contratos firmados por Chile. Y es lo que sucede en el Reino Unido, que se apuró para ser el primer estado en autorizar la vacunación a contar de la semana entrante. El diario The Independent destacó ayer -tras el anuncio- en un titular que el gobierno británico ha protegido a Pfizer, uno de los laboratorios, de acciones legales.

La nota detalla una rueda de prensa en que Ben Osborn, director gerente de Pfizer en ese país, “rehusó explicar por qué la compañía necesita una protección legal”, en referencia a las cláusulas de responsabilidad.

En La Moneda y en el Minsal explican que lo mismo está pasando en todo el mundo y que nuestro país no escapará a eso. “No hubo alternativa”, comentan en la Presidencia. Uno de los contratos, el que se firmó con AstraZeneca UK Limited el pasado 19 de noviembre, lo establece claramente.

El punto 13 detalla que “el comprador (el Estado) indemnizará y mantendrá indemne a AstraZeneca de y contra todos y cada uno de los daños y responsabilidades”, y “los costos legales razonables (en lo sucesivo una Reclamación de Terceros) por fallecimiento, daño físico, mental, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños o perjuicios a terceros de sus bienes, y la interrupción de negocios de la parte dañada o una Persona Relacionada con dicha persona dañada (en conjunto de los sucesivos las “Pérdidas”) relacionados con o que surjan del uso o la administración de la Vacuna enviada a o asignada a su lugar”.

La resolución del Minsal que autorizó la compra por trato directo de 4 millones de dosis a dicho fabricante (24 de noviembre), y que contiene una copia bilingüe del mismo contrato, dice en su considerando número 24:

“Con el objeto de tener acceso a una cantidad de dosis que permita cubrir la demanda oportunamente, esta Cartera ha aceptado mantener indemne a AstraZeneca de los daños y responsabilidades antes eventuales efectos adversos que puedan producirse en el futuro, salvo cuando se trate del incumplimiento por parte de AstraZeneca de buenas prácticas de fabricación, la reglamentación de farmacovigilancia del ISP, existan conductas dolosas o negligencias graves”.

En Presidencia precisan que lo establecido en el punto 13 del acuerdo con AstraZeneca es idéntico o muy similar en todos los contratos con laboratorios, y según quienes han visto los firmados con Pfizer y Janssen, así lo son. Hay además un contrato con Sinovac. El de AstraZeneca es el único que ha ingresado a la Contraloría para su toma de razón y se encuentra en trámite.

Y pese a que esta semana trascendió que el Presidente Piñera habría observado con inquietud que los laboratorios no están asumiendo responsabilidades de este tipo, en La Moneda son taxativos en que “no hay opción” de poder cambiar estas reglas del juego. Además de recalcar que todos los países lo hicieron, y que “los términos son los mismos”, explican que se consultó con gobiernos de la Unión Europea y Latinoamérica y que ninguno de ellos tuvo chance tampoco.

Pesaron razones -detallan- como la premura por negociar y conseguir las dosis en medio de esta carrera; asegurar fechas para tenerlas lo antes posible. Piñera ya ha anunciado que la “meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año”, y que “van a ser voluntarias y gratuitas”. Pfizer despachará a Chile la primera partida, de 1,6 millones de unidades, durante los primeros tres meses del 2021.

“Negociamos lo mejor posible, pero los contratos eran iguales para todos los países”, agrega un personero que ha estado llevando adelante las tratativas.

Lo inédito de este proceso y que por lo mismo no tenga precedentes ha tenido otra consecuencia para el Estado chileno, agregan autoridades de gobierno: tampoco ha sido posible contratar seguros al comprar las vacunas, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando se adquieren dosis contra la influenza.

En Palacio precisan que en base a esto, si el día de mañana alguien decide emprender acciones legales, será el Estado quien se haga cargo porque es el que autoriza la vacuna.

A quienes se vacunen se les informará de sus efectos

Las vacunas contra el COVID-19, como se ha dicho, se han producido en un tiempo récord en comparación con los años que toman estos procesos científicos. El martes, la prensa europea -en este caso el diario español El País- informó que por primera vez en diez años un prototipo de inmunización contra el VIH ha llegado a la última fase de ensayos, la tres. La misma nota recuerda que “el anterior intento acabó en 2009 cuando se vio que solo evitaba un 30% de las infecciones”.

Dicho punto ha sido advertido en el siguiente sentido. Por un lado, por lo mismo las dosis contra el COVID-19 ya han pasado por los filtros sanitarios de certificación internacional. En el gobierno insisten en que el Instituto de Salud Pública difícilmente visaría un medicamento así sin que una agencia regulatoria de alto nivel no lo haya hecho antes. Y algunas de las que llegarán a Chile reportan una eficacia superior al 90%, en algunos casos 95%.

Pero tratándose de un fármaco nuevo para combatir un virus nunca visto y cuyo comportamiento sigue arrojando sorpresas, hay un porcentaje de incertidumbre, como en todas estas cosas.

En el Minsal y en Palacio también hacen ver que, como todos los fármacos, hay y habrá riesgo de efectos secundarios, colaterales o adversos. Y que por lo mismo, a las personas que decidan ser inoculadas se les informará antes detalladamente sobre eso; es usual que hasta en vacunas ya probadas, como la que se aplica contra el sarampión, se le consulte a los padres de los niños si padecen patologías, alergias u otras condiciones.

En la cartera que dirige Enrique Paris, así como en Palacio y en la Cancillería, hacen presente que pese a todo esto, los laboratorios no están blindados a todo evento ante acciones legales de su contraparte el Estado. Las excepciones bajo las cuales sí tendrían que responder corresponden a situaciones en que los fabricantes incurran en actitudes de dolo o negligencia grave.

¿Ejemplos tipo? En el caso de que un laboratorio detecte, ya sea en su fase de investigación, ensayo, producción o el seguimiento posterior una vez iniciada la comercialización del fármaco, que éste se ha producido bajo estándares incorrectos, o que acuse un potencial efecto dañino, y no se tomen medidas o que no se le avise a los gobiernos compradores.

Un entendido apunta que este punto se hará valer salga lo que salga en los contratos, y que está protegido por normas del Código Civil. Y dicha excepción también fue objeto de negociaciones del gobierno con los laboratorios, pese a lo poco flexibles -recalcan- que fueron las tratativas.

En la Cancillería subrayan que estas empresas han tenido en este caso una posición bastaste firme y unívoca, considerando -otra vez- que las vacunas se han desarrollado en un lapso cercano a los 11 meses y que las decisiones regulatorias se han ido adoptado con resultados en fase tres. Y la hipersensibilidad de todo esto, agregan.

Al margen de estos vericuetos legales, la gran duda que comenzará a despejarse el próximo año es cuál será la respuesta de la población, la disposición a someterse a estas vacunas -voluntarias- bajo todas estas circunstancias.

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