“Pregúntele a Jaime Pizarro”. La respuesta, muy en términos futbolísticos, se produce en caliente desde la ANFP. Han pasado apenas minutos desde que, a través de las redes sociales, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, ha anunciado el peculiar formato con el que se disputará el Mundial de 2030. El guaraní celebra que, efectivamente, el continente albergará parte del evento y que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de sus respectivos partidos inaugurales. Hay dos particularidades: la primera es que la FIFA le asignó la sede a España, Portugal y Marruecos, con lo que el torneo tendrá encuentros en seis países y tres continentes. La segunda es más dolorosa: la etapa sudamericana no contempla a Chile, que había asumido un rol protagónico en la articulación de la postulación, al punto de que para este mes estaba contemplada una reunión que parecía decisiva, aprovechando, además, la plataforma de los Juegos Panamericanos. Se iba realizar en La Moneda, con el Presidente Gabriel Boric a la cabeza.

La mención al ministro del Deporte no es casual. De hecho, más tarde, en la intervención pública en la que explicó el abrupto fracaso en la gestión más trascendente de su período al mando del fútbol chileno, Pablo Milad repartió culpas. “Creo que esto no se trata de una persona, esto se trata de un gobierno, porque estamos postulando por un gobierno. Y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, puntualizó.

En la previa, sin embargo, la Conmebol ya había dado señales de su molestia con el excesivo protagonismo del gobierno en el levantamiento de la candidatuura. Incluso, en uno de los eventos para promocionar el Mundial, llamó la atención la postura de Alexandra Benado, la exministra del Deporte. “Se quiso sentar en primera fila, con un protagonismo que no le correspondía. Eso le molestó a la Conmebol”, revelan testigos.

Lo concreto es que Jaime Pizarro se fue transformando en un personaje incómodo. Puntualmente, desde julio, cuando anunció en La Tercera una agenda con modificaciones a las sociedades anónimas deportivas, el fin de la presencia de los representantes en la propiedad de los clubes y una serie de condiciones para poder formar parte de la futura y reformada administración de la Federación de Fútbol de Chile. Aquello fue tomado por parte de la FIFA y la Conmebol como una intromisión innecesaria y fuera de lugar por parte del Gobierno en la industria del fútbol. Al ser consultado por El Deportivo, desde el Ministerio del Deporte prefirieron no referirse a la situación.

Posteriormente, el Káiser profundizó su revolucionario anuncio en diversas ocasiones. Eso originó una advertencia verbal de parte del ente rector del fútbol mundial, preocupado por la visión de Chile respecto a la actividad. Y aunque nadie en Quilín se atreva a decirlo públicamente, es un secreto a voces que la amenaza fue clara: si continúan las amenazas de intervención, la Roja sería expulsada de las Eliminatorias y los clubes nacionales no participarían de las Copas Libertadores y Sudamericana. Hasta ahora no hubo una carta formal ni oficial de la FIFA al respecto, pero siguen muy atentos el acontecer del país.

Más tarde se agregó otra temática igualmente controvertida: la relación comercial entre el fútbol chileno, partiendo por la ANFP, y las casas de apuestas online. A esta parte de la ofensiva se sumaron, para mayor abundamiento, el Ministerio de Justicia, que emitió un oficio que ordena el fin de la relación, y hasta la Corte Suprema, que estableció la ilegalidad de la industria que les entrega millonarios recursos a la asociación y a los clubes y que ordenó hasta el bloqueo de los dominios en internet que sirven para realizar los pronósticos con la esperanza de obtener abultadas utilidades.

El último intento por rescatar la relación con Betsson, el patrocinador de los principales torneos, terminó en otro revés: la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección que contenía una orden de no innovar en ese sentido. Cabe destacar, que SportingBet, una casa de apuestas, es uno de los principales auspiciadores de la Copa Libertadores, el torneo más importante de la Conmebol. Sin ir más lejos, la misma Betsson fue auspiciador regional de la Copa América 2021.

Ya por esos días en Quilín se instalaba el temor. La FIFA es particularmente recelosa en la postura de no aceptar la intromisión de los gobiernos en materias inherentes al fútbol. Y ha sido particularmente drástica respecto de que el país que vulnere esa ley debe estar dispuesto a asumir las consecuencias. La relación con la política está especialmente limitada. Una prueba de ello es que en marzo se le quitó la sede del Mundial Sub 20 a Indonesia, a raíz de la resistencia a la participación de Israel, con el que interrumpió relaciones diplomáticas. La lectura complementaria es que el favorecido con la organización fue Argentina, que deportivamente no había sido capaz de clasificar.

En la sede del fútbol chileno se instaló incluso el temor de que el anuncio de Pizarro, y más tardes las resoluciones administrativas y judiciales en relación a los contratos con las casas de apuestas en línea, derivaran en posibles sanciones que pusieran en riesgo la participación de la Selección en las Eliminatorias. Sin embargo, hay quienes aseveran que Chile quedó en la mira de las principales organizaciones que rigen al fútbol a nivel planetario. Y que la decisión de dejarle sin participación organizativa (además de la amenaza deportiva que representa, en la práctica, la reducción de cupos disponibles para ese evento) es una potente pasada de cuentas. Se esperaba, de hecho, que en la cumbre de este mes, Domínguez ‘reforzara’ la recomendación de no mezclar ambos ámbitos.

Pablo Milad quedó visiblemente golpeado. La noticia lo sorprendió, pese a ser vicepresidente de la Conmebol. Se enteró minutos antes que Alejandro Domínguez lo comunicara por Twitter. A través de una llamada, el dirigente de la Conmebol le avisó que Chile sería excluido. El paraguayo se excusó asegurando que la decisión venía desde Zúrich. Sin mayor reacción, en su oficina en Quilín, el curicano comenzó a digerir uno de los traspiés más grandes en su gestión.

Casi 30 minutos después, los presidentes de la federación de Argentina, Uruguay y Paraguay daban una conferencia de prensa para celebrar el partido inaugural que recibirán en sus respectivos países. Es decir, sin conocimiento de Milad, se fragüaron reuniones (que incluyeron viajes a Asunción) para sellar un pacto que borró de lleno a Chile.

La jornada de Milad continuó en la ANFP. Recibió llamados de diferentes presidentes de la Conmebol. Claudio Tapia, de Argentina, fue uno de los que más lamentó la situación. Domínguez, en tanto, se volvió a exculpar diciendo que la determinación venía desde la FIFA. “Milad quedó molesto. Se lo hizo saber. Siente que le dieron vuelta la espalda. Y le dijo que sentía que habían abandonado el plan inicial de organizar el Mundial por solo recibir tres partidos”, dicen cercanos al dirigente.

Este miércoles, durante la tarde, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, quedó de hablar con Milad para entregarle sus explicaciones. El llamado no se realizó. La cabeza del fútbol mundial acusó problemas personales y aseguró que durante este jueves se comunicaría con el timonel chileno. La idea es que Chile pueda ser compensado de alguna manera en el futuro como miembro organizador de un evento mayor de la FIFA o con una Copa América.

En el gobierno, en tanto, cuestionan el accionar del presidente de la ANFP. Siguen sin entender cómo Milad se enteró el mismo día de la resolución. Hablan derechamente de mala gestión. Jaime Pizarro, incluso, ironizó con la situación. “Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación, porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”, agregó el exvolante.

Durante los últimos cuatro años se han asignados glosas al presupuesto del país para levantar la candidatura. En 2020 destinaron $ 123.120.000, en 2021 $ 102.250.000, en 2022: $ 93.960.000 y en 2023: $ 146.694.000.

El Presidente Gabriel Boric, por su parte, aseguró que tomarán acciones. Enfrentó el golpe de manera mucho más dura. “Esto no es una decisión que sea en la que el Gobierno haya pecado en algún tipo de negligencia. Es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”, afirmó.

”Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, agregó.

En el ámbito del fútbol llevan perfectamente contabilizadas todas esas señales. La intromisión estatal y judicial en la relación con las casas de apuestas, que para el mundo más desarrollado del fútbol ya está debidamente rayada y aceptada es uno de los aspectos que más se repiten. “Se veía venir. Todos los vimos venir, menos Pizarro”, afirma un integrante del Consejo de Presidentes de la ANFP, la instancia suprema del balompié nacional. El efecto, por cierto, ha sido inmediato: hay casas de apuestas, como Betway, que ya anunciaron su salida del mercado del fútbol y se lo comunicaron a los cinco clubes con los que mantenían contratos, los que fueron suspendidos, aunque los recursos correspondientes a este ejercicio igualmente les llegaron a sus beneficiarios.

A ese cúmulo de situaciones hay que agregar otras que, indefectiblemente, tendrían repercusión en la industria como los proyectos de ley que buscaban restringir o derechamente prohibir la relación entre las casas de apuestas y las actividades deportivas. En el Parlamento incluso se llegaron a advertir dos vertientes: en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se planteó un mecanismo de regularización que, de todas formas, excluía a todas las firmas del rubro que funcionan actualmente, incluidas las que benefician al fútbol. En la Comisión de Deportes, en tanto, la postura es más radical: ni siquiera estuvieron disponibles a analizar la primera iniciativa, que recibió indicaciones desde el gobierno, por considerarla un ‘blanqueo’ a una actividad que consideran ‘ilegal’ y ‘criminal’.

A nivel estrictamente futbolístico, la situación para Chile no era demasiado mejor. Domínguez, el mandamás de la Conmebol y el principal guardián de los intereses regionales de albergar el evento, por los múltiples beneficios que acarrea, sobre todo, desde lo económico, mantiene cuentas pendientes con el país. La consideración es incluso más amplia que el ámbito estrictamente relativo al balompié.

En 2019, Chile iba a albergar la definición de la Copa Libertadores, que tenían que disputar Flamengo y River Plate. El compromiso tenía un carácter particularmente especial: se trataría de la primera Final Única, un modelo que replicaría al europeo, en una de las tantas demostraciones de la pérdida de identidad que ha ido tomando el certamen desde que Domínguez asumió la conducción de la confederación. Ya en esa oportunidad hubo que realizarle refacciones al Estadio Nacional, lo que puso en evidencia el retraso en la infraestructura deportiva del país para la realización de espectáculos de primera clase.

Lo que no estaba en los planes de nadie fue que se iba a producir el Estallido Social y que, por ende, las condiciones de seguridad para albergar un evento de tal magnitud pasarían a quedar inmediatamente en entredicho, al punto de que la final se tuvo que trasladar a Lima. En un comienzo, la entonces ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se comprometió con la Conmebol para garantizar la realización del partido entre brasileños y millonarios. “Recibí el llamado del presidente de Conmebol y le he ratificado a nombre del presidente Piñera, nuestra firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país”, declaraba, entonces, la secretaria de Estado.

Con el tiempo, y la decisión del traslado, la relación se tensionó al máximo. “Avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”, llegó a declarar Domínguez para destacar la disposición peruana. “Creo que todo estaba dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio”, añadió el paraguayo.

Desde La Moneda dispararon con todo. “Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿a qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?”, dijo Pérez.

“Las reglas clara en materia de ley para todos se cumplen en nuestro país. Teníamos harta confianza, esperamos que hayan sido solo malas palabras y un mal entendido, que Conmebol hubiese avanzado en transparencia, de entendimiento con los gobiernos respectivos, no que digan una cosa en privado y manifiesten otra públicamente”, reforzó. Esa anotación negativa no se borró nunca más del controvertido historial chileno en la relación con los organismos internacionales. Primero, porque las palabras de la ministra apuntaron precisamente al gran objetivo público de la Conmebol: recuperar la credibilidad que le había quitado la actuación de sus principales dirigentes, incluido Sergio Jadue, en el marco del FIFAGate. Y luego porque, consecuentemente, habían roto la confianza entre las partes. La factura está a la vista.