¿Una mera “recomendación” u “obligar” para que no vayan a votar? Cómo se resuelve el sufragio de los contagiados

Algunos creen que se ha hecho un tifón en un vaso de shot porque si fuera por respetar el derecho constitucional a votar, supuestamente inviolable, hay otros segmentos que tampoco lo ejercen. Ni las personas en prisión preventiva, arresto domiciliario o bajo condena inferiores a 3 años han podido porque no hay mesas especiales para ellas. Tampoco un enfermo recién operado ni en la UCI. En realidad, nadie que esté impedido físicamente.

Pero eso no quita que en un par de semanas (10 de septiembre) expire el plazo para que el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud emitan el postrer y definitivo protocolo para determinar qué van a hacer el domingo 25 los contagiados de COVID-19. En todo este proceso en que se ha legislado a última hora, zanjar que no voten y determinar cómo se aplicará esto sin desincentivar o atemorizar al resto de la población -partiendo por los grupos de riesgo- se impone como una urgencia por comunicar y aplicar. Según lo ocurrido en las últimas horas, lo claro es que se les impedirá con argumentos legales salir de sus casas e ir a los locales de votación. O que se intentará, al menos. ¿Cómo?

Eso, en el entendido que no hay piso político -el tiempo es escaso pero siempre hay- para legislar a la carrera una resistida reforma a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios.

Lo de impedirles el sufragio ya lo insinuó esta mañana el ministro vocero Jaime Bellolio diciendo que estas personas “no podrían salir de sus hogares” (Radio Cooperativa), pero en condicional. El Servel, declarado adversario de innovar con votaciones a domicilio o postales, también estaría de acuerdo (aunque ha dicho que quiere agotar instancias). En este punto, hoy el Presidente Piñera les advirtió que “el Servel no debe olvidar que la Constitución establece que el voto de ser secreto y personal, y la ley establece que el voto debe ser presencial, y que nuestras normas sanitarias establecen protocolos para asegurar la salud y la vida de las personas”.

El jefe del Minsal, Enrique Paris, también hizo ver ayer que no debiesen ir a votar. El asunto es que -observan participantes de todo esto- hasta ahora ninguna de las partes ha dicho que esto se va a hacer sí o sí y cómo.

Tampoco están a favor de que salgan a sufragar en el Consejo Asesor COVID-19, que precisamente fue inquirido por este peliagudo asunto ayer en la tarde por el Servel. “La opinión de los consejeros, pero no su posición oficial hasta ahora -es lo que creo y varios lo comparten- va en la misma línea del ministro Paris y del Colegio Médico: que las personas que son casos activos y sus contactos estrechos no deben concurrir a los centros de votación”, sentencia la doctora Ximena Aguilera.

Ahora las dudas son dos. Uno, cómo se hace, se informa y se implementa todo esto. Dos, que una cosa es la urgencia del plebiscito y otro el tren de elecciones del próximo año. Con el virus todavía rondando, probablemente haya que tomar medidas pensando en eso.

Hechas las consultas esta mañana en La Moneda y en los otros estamentos involucrados, asoman dos alternativas que pueden o no confluir en una sola; no son necesariamente excluyentes. Una es que el gobierno “recomiende” a los contagiados que no voten, de eficacia incierta si solo queda sujeta a cada persona. Recomendar “es lo más probable”, señalaban allá, pero no se cierran a la otra.

Y la otra es que el mensaje pase a tono de obligación, que legalmente no se puede. A estas personas se les podría impedir que vayan -explican en Palacio, en el Minsal y abogados entendidos- recurriendo a la resolución exenta 341 de mayo de este año del Minsal, que activó la alerta sanitaria. Los defensores de esta idea sostienen que eso da las herramientas legales para que ese día no puedan sufragar. Se fiscalizaría de la misma forma que se hace hoy, con los infractores arriesgando multas y sanciones peores.

Con eso se resolvería el dilema de la colisión de derechos constitucionales, entre el derecho a sufragio y el derecho a la vida (para los demás, que correrían peligro de infectarse). No se necesitaría enviar otro proyecto de ley al Congreso. Pero en la Casa de Gobierno, contestaban esta mañana, todavía no habría una decisión tomada sobre cómo hacerlo.

Habría consecuencias legales, eso sí. Si alguien estima que su derecho es vulnerado, y recurre a tribunales, por ejemplo. Pero eso es harina de otro costal.

El asunto es evitar la pesadilla de una baja participación. En el comité político de ministros lo resumen diciendo que, para entonces, los contagiados debieran estar en el rango de los 8 mil ó 10 mil, aproximadamente: “Si ellos van, cientos de miles no van a querer ir. De 7 millones, 10 mil pueden tener problemas. Pero si van, se puede desincentivar a cientos de miles”.

El cómo hacerlo se está conversando entre las partes. Una idea que circula, por ejemplo, es que si una comuna no está en cuarentena y se encuentra en el “Paso 4″, y alguien está con COVID-19, esa persona tendrá la obligación de seguir en cuarentena. Si una comuna está en cuarentena (”Paso 1″), tendrá que habilitarse un permiso para ir a votar para quienes no estén contagiados. Todo esto es muy anómalo, pero nuevamente los consultados coinciden: las otras soluciones no parecen ser mejores.

“Llegó la hora de comenzar a despejar las cosas”, decía hoy el presidente del Consejo Directivo del Servel en Radio ADN. Entre él y el ministro Paris -vía la subsecretaría de Salud Pública- ya han intercambiado propuestas y contrapropuestas para el mentado protocolo definitivo, pero aún no terminan. En el organismo electoral esperan tenerlo la próxima semana.

Y quedan más interrogantes, partiendo con cómo se regulará esto mismo para las otras elecciones, y si se habilitará el derecho a voto a futuro a los otros grupos que tienen ese derecho pero no pueden ejercerlo y que abrían esta nota: los presos sin pena aflictiva es el ejemplo más mencionado. “Esta situación no solo afecta a los enfermos COVID-19, sino que a varios otros grupos poblacionales”, subraya la doctora Aguilera. La experta detalla que “el Servel debería avanzar a futuro y permitir que todas las personas con derecho a voto, los hospitalizados, adultos postrados y privados de libertad puedan hacerlo”.

David Huina, el abogado RN que participó en las negociaciones de la ley que da facultades al Servel -promulgada hoy- coincide en que estos casos “requieren análisis” y advierte que queda una interrogante para las otras elecciones. “Hay que distinguir un proceso plebiscitario de otros con universos electorales más acotados, como las primarias y las municipales, donde los candidatos se definen por poco margen”. Eso dice ante el argumento de algunos: que al final, una decena de miles de votos no influirán en el desenlace de octubre, pero que pasado este apuro habrá que ver qué se hace con los comicios 2021.