El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza al presidente Rodrigo Paz a utilizar a las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras tomadas por manifestantes, en medio de las protestas que se extienden desde hace más de un mes en distintas regiones del país.

La norma fue visada por la Cámara de Diputados tras una sesión ininterrumpida de 15 horas y ya había sido aprobada previamente por el Senado. Con ello, el proyecto quedó listo para ser promulgado por el mandatario boliviano.

La ley busca regular la aplicación de estados de excepción en casos de conmoción interna y otros escenarios críticos, conforme a la Constitución y a tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Entre sus objetivos se encuentran la preservación del orden democrático y la estabilidad institucional del Estado.

Hasta ahora, la participación de militares en los operativos de despeje había sido limitada, mientras que la policía antimotines se mantenía en primera línea. Sin embargo, la nueva norma permite ampliar el respaldo de las Fuerzas Armadas en las labores de desbloqueo, en caso de que Paz decida declarar un estado de excepción.

Durante el debate, el diputado oficialista Carlos Alarcón defendió uno de los puntos más controvertidos de la norma: la presunción de legalidad para policías y militares durante un eventual estado de excepción. “Este artículo no solamente es necesario, sino útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos, estén dispuestos a protegernos”, sostuvo.

Desde la oposición, la diputada Basilia Cruz, de Alianza Popular, criticó la norma y advirtió que podría transformarse en una “carta abierta” para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas. Por ello, llamó a que los conflictos que vive el país se resuelvan mediante el diálogo.

Más de un mes de bloqueos

La aprobación ocurre en medio de bloqueos impulsados por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores que exigen la renuncia del presidente Paz. Las protestas se han extendido a ocho de las nueve regiones de Bolivia y mantienen cortadas decenas de rutas con escombros, troncos y piedras.

Los cortes han provocado una grave escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, especialmente en La Paz y El Alto. También han afectado a regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.

El sábado se registraron violentos enfrentamientos durante un operativo para despejar una carretera en San Julián, en el departamento de Santa Cruz. La acción dejó heridos a policías y civiles, incluidos uniformados alcanzados por disparos.

El Gobierno boliviano ha responsabilizado al expresidente Evo Morales de alentar las movilizaciones, acusación que el exmandatario ha negado. Morales permanece en el Chapare, mientras enfrenta una orden de captura por un caso de trata de menores, acusación que también rechaza.

Paz ha reiterado llamados al diálogo, aunque las principales organizaciones movilizadas han mantenido su exigencia de renuncia.

En paralelo, el mandatario evalúa declarar un estado de excepción, medida que permitiría un uso más amplio de la fuerza militar y restricciones temporales a derechos de reunión y movilización.