Al menos 35 personas resultaron heridas este sábado durante un operativo policial y militar para despejar una carretera bloqueada en San Julián, en el este de Bolivia, en medio de las protestas contra el Presidente Rodrigo Paz.

Según informó la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los enfrentamientos dejaron 16 civiles y 19 policías lesionados. Del total de civiles afectados, 15 fueron dados de alta con tratamiento ambulatorio, mientras que dos permanecen internados. Entre los uniformados, al menos cuatro se encuentran hospitalizados y uno de ellos recibió un disparo en la cabeza.

El operativo comenzó durante la madrugada en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni, una de las principales vías de abastecimiento del oriente boliviano. De acuerdo con las autoridades, la intervención se realizó luego de agotar las instancias de diálogo y ante el rechazo de parte de la población a la continuidad de los cortes.

Durante el procedimiento, efectivos policiales y militares utilizaron gases lacrimógenos para despejar la carretera. Aunque la vía fue liberada momentáneamente y algunos vehículos lograron avanzar, los manifestantes se reagruparon y volvieron a instalar el bloqueo. Tras casi cuatro horas de enfrentamientos, las fuerzas de seguridad se replegaron por razones de seguridad.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, aseguró que seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de bala. Además, denunció que un grupo de pobladores ingresó a la comisaría de San Julián, sustrajo objetos de valor y prendió fuego a las dependencias policiales.

Los bloqueos de carreteras cumplen cerca de un mes y son encabezados por la Federación de Campesinos Túpac Katari, la Central Obrera Boliviana y sectores afines al ex Presidente Evo Morales. Las movilizaciones exigen la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y se han extendido por ocho de las nueve regiones del país.

La crisis ha generado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal en distintas zonas de Bolivia. Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante el conflicto han muerto diez personas: siete por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas.

El Gobierno boliviano acusó a los manifestantes de poner en riesgo la seguridad ciudadana y la actividad productiva del país. En paralelo, el Ejecutivo busca avanzar en una norma que regule los estados de excepción, en medio del aumento de la tensión política y social.