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Masivas protestas se registran en Río de Janeiro tras operación policial que dejó más de 120 muertos

Tras una de las redadas policiales más mortíferas de la historia de Brasil, los ciudadanos cariocas se manifestaron exigiendo justicia y cambios en la seguridad.

Protestas en Río de Janeiro por el operativo policial que dejó al menos 120 fallecidos. Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle.

Miles de personas salieron este viernes a las calles de Río de Janeiro para mostrar su rechazo al operativo policial que el pasado martes dejó más de 120 fallecidos en las favelas de la ciudad, en una de las redadas policiales más mortíferas de la historia de Brasil.

Los manifestantes se congregaron en Vila Cruzeiro, parte del complejo de favelas Penha, para pedir justicia, portando pancartas que condenaban a la denominada Operación Contención, con consignas y críticas contra el gobernador Cláudio Castro, además de exigir su renuncia.

En la concentración también participaron familiares de personas fallecidas en anteriores operaciones policiales en Río, según informó Agência Brasil.

“Siento el dolor de estas madres. Fue un shock tremendo ver que un joven fue asesinado en el mismo lugar donde murió mi hijo”, le declaró la madre de un fallecido a este medio.

“¡Cobarde, terrorista, asesino! Sus manos están manchadas de sangre”, afirmó otra manifestante, dirigiendo sus reproches directamente contra Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro y opositor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El objetivo de la operación policial, calificada por el gobernador local como un “éxito”, era desarticular una red del Comando Vermelho,el grupo criminal más importante del país, con la detención de decenas de sus miembros.

Para ello, unos 2.500 agentes fueron movilizados el martes pasado en dos favelas de la ciudad, con un balance oficial de al menos 121 muertos, entre ellos cuatro policías. Los cuerpos se acumularon en la Plaza São Lucas, evidenciando la magnitud de la tragedia.

“Nosotros, que vivimos en las periferias, sufrimos discriminación. Pero el Estado no puede vernos como enemigos. El Estado tiene que tratar y cuidar a su pueblo, a toda su población”, aseguró una líder sindical, identificada como Raimunda de Jesús, en medio de la protesta.

Poco antes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, aseguró que el gobernador de Río de Janeiro debe prestar declaraciones sobre la operación.

Para esto, el magistrado programó una audiencia que se realizará el lunes 3 de noviembre en la que se discutirá el nivel de fuerza utilizada, el número de agentes involucrados y el balance oficial de víctimas, entre otras cuestiones.

Además, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió una “reforma integral y eficaz” de los métodos de la Policía brasileña tras el cruento operativo.

Brasil necesita acabar con el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública estén en sintonía con los patrones internacionales sobre el uso de la fuerza”, indicó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El proyecto de Lula contra el crimen organizado

Este mismo viernes, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso el proyecto de Ley Antifacciones, que endurece las penas y establece nuevas medidas legales para frenar la expansión del crimen organizado.

La propuesta se presenta ante la legislatura tras los resultados de la Operación Contención e introduce penas elevadas y nuevas herramientas de investigación para enfrentar a organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital.

Como informó hace poco el ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileño, Ricardo Lewandowski, la propuesta incluye penas más severas para los líderes y miembros de los grupos dedicados al crimen.

Para esto prevé la creación de un banco nacional de datos, con el fin de recabar información estratégica para la investigación y el seguimiento de estos grupos, y el bloqueo judicial de bienes vinculados al delito

Quienes sean declarados culpables del delito de “organización criminal calificada”, que se convertiría en un nuevo tipo de delito, podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión.

Como detalla el medio Brasil de Fato, otra acción prevista en el proyecto de ley es la infiltración de agentes de policía y colaboradores en las organizaciones criminales durante la investigación, y la posibilidad de crear entidades jurídicas ficticias para facilitar dicha intrusión.

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