En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este martes la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa.

Vivanco, que pasó la noche en la cárcel de San Joaquín, compareció sin esposas esta vez y con el característico chaleco amarillo de imputados.

Tras el cierre de la fundamentación de la Fiscalía de Los Lagos de su solicitud de prisión preventiva para la exjueza y luego de un receso, expuso el abogado Julián López, representante de la querellante Codelco.

López afirmó que Vivanco “alteró deliberadamente, con infracción de los deberes de su cargo, la tramitación regular de diversos recursos presentados en el marco de un conflicto judicial existente entre CBM y Codelco, e intervino con su voto en la dictación de resoluciones judiciales que condenaron a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos a cambio de cuantiosas sumas de dinero que le fueron pagadas a títulos de soborno”.

“Y le fueron pagadas a títulos de soborno por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en forma personal, y a través de su pareja Gonzalo Migueles, quienes en conjunto con el dueño de una casa de cambio, de nombre Harold Pizarro, y los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, disimularon el origen ilícito de esos dineros”, agregó.

El abogado respaldó la solicitud de cautelar que hizo el Ministerio Público y calificó de un “deber” el seguir adelante con este caso.

“Los antecedentes que fundamentan la imputación y por supuesto la solicitud de medidas cautelares son de una contundencia, creo yo, pocas vistas en casos de delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Y solicitar la prisión preventiva de una persona que llegó a desempeñarse como ministra de la excelentísima Corte Suprema, no es una tarea grata ni fácil, para ninguna persona que cumpla la función de abogado ni la función de juez. Pero creo que cuando lo hacemos estamos cumpliendo con un deber legal, con un deber profesional”, sostuvo.

El querellante aseguró que “los antecedentes son más que suficientes” para que se acoja la prisión preventiva de la exsuprema.

“Por esa razón, vamos a pedir que la resolución exprese en toda su contundencia la importancia de reafirmar la sujeción de la ley de todas las personas y la vigencia del Estado de Derecho en un momento como este en que parece encontrarse en crisis no solo en nuestro país sino en muchas partes del mundo”, indicó.