El alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind.), cerró la semana pasada las últimas tratativas con el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, para concretar durante las primeras semanas de octubre el desalojo de la Toma Dignidad, instalada al norte de la Quebrada de Macul desde enero de 2020.

La ocupación se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de la comuna y también de una prolongada disputa entre el exalcalde Rodolfo Carter, mentor político de Reyes, y el propio Durán. En varias ocasiones la falta de coordinación entre el municipio y el gobierno -encargado de desplegar la fuerza pública- ha terminado frustrando los operativos.

El episodio más tenso ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Carter y Durán protagonizaron un duro cruce verbal en medio de un intento de desalojo, acusándose mutuamente de cómo debía llevarse a cabo. Antes, el entonces jefe comunal ya había sostenido enfrentamientos con el Serviu Metropolitano, cuestionando la falta de medidas concretas frente a la expansión del campamento.

Los roces políticos se trasladaron incluso al terreno. En marzo de 2024 un grupo de pobladores de la toma se enfrentó con personal de seguridad municipal y agredió al exalcalde Carter, lo que acentuó la tensión en torno a la ocupación y mostró los límites de la estrategia desplegada hasta ese momento.

A partir de marzo de este año el alcalde Reyes optó por intensificar la coordinación institucional con el delegado presidencial y con las distintas carteras involucradas, marcando una diferencia con su antecesor en las relaciones con el gobierno en este caso, con tal de buscar que el desalojo se concrete de manera definitiva.

“El campamento Dignidad no puede seguir en ese lugar y ya estamos coordinando las acciones para que el desalojo se concrete”, aseguró Reyes, agregando que “ya manifestamos nuestra intención de proceder y estamos en reuniones de coordinación para operativizar en el menor plazo posible”.

Entre los argumentos centrales se encuentran el alto nivel de conflictividad interna del campamento y el riesgo de aluvión que representa su ubicación. El anterior no es un antecedente menor: en 1993 ese mismo sector fue escenario de una tragedia que dejó 26 personas fallecidas tras un aluvión. El área se encuentra oficialmente declarada como zona de peligro inminente, lo que restringe la posibilidad de cualquier tipo de asentamiento en un margen de 30 metros desde la ribera norte de la quebrada.

A la vulnerabilidad geográfica se suma el aumento de episodios violentos en el campamento. Uno de los más graves ocurrió este año, cuando una balacera dejó a tres personas heridas, según informó la Municipalidad de La Florida. Estos hechos han reforzado la decisión del actual alcalde de avanzar en una resolución más eficaz.

Según el Catastro de Campamentos de Techo-Chile 2024-2025, en la Toma Dignidad viven actualmente unas 2.250 personas, distribuidas en 750 familias. Entre ellas hay al menos 500 niños, niñas y adolescentes, además de 150 adultos mayores, lo que da cuenta de la complejidad social del proceso.

La inminencia del desalojo en La Florida se suma a los múltiples intentos del Ejecutivo por recuperar terrenos usurpados a lo largo del país, no solo en sectores de riesgo, sino también en predios de propiedad privada y pública. Ejemplo de ello es el procedimiento que se encuentra en curso en el terreno de la familia del fallecido empresario Alejandro Correa en la Región de Valparaíso, o el desalojo solicitado por los dueños de la megatoma de San Antonio, una de las ocupaciones más extensas de la zona central.

Hasta enero de este año el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, informó en el Congreso que en Chile existían al menos 52 tomas con orden de desalojo dictada por el Poder Judicial.

“No nos deja vivir tranquilos”

Los vecinos de los sectores colindantes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Por temor a represalias piden resguardar su identidad, por lo que sus nombres fueron cambiados para este escrito.

Paula, residente del barrio Santa Teresa, afirma que lo más urgente para la comunidad es que “la Toma Dignidad se erradique totalmente”.

“Sabemos que ahí viven familias con niños que necesitan un techo, pero también hay tráfico de drogas y armas. Somos nosotros, los vecinos de Villa Santa Teresa y de la Población La Higuera, quienes quedamos atrapados en medio de balaceras. Ya no podemos ni llevar a los niños a la plaza o al parque porque siempre hay disparos. Así no se puede vivir”, afirma.

Una percepción similar tiene María José, vecina de La Higuera, quien describe cómo el miedo se ha instalado entre los residentes más antiguos del sector. “Acá vivimos muchos adultos mayores, personas que llegaron hace décadas a La Florida. Y hoy tenemos que convivir con ráfagas de disparos todas las noches. Es un terror que no nos deja vivir tranquilos”.