La deliberación de un acuerdo -cuando los ministros de un tribunal deciden qué fallarán en una causa- es uno de los momentos más secretos en la labor de los jueces cuando imparten justicia. Los magistrados son muy cautelosos para no ventilar lo que ocurre al interior de sus salas, pero pese al hermetismo, hay algunas reglas que están obligados a respetar.

Una de ellas es la que está regulada en el artículo 84 del Código Orgánico de Tribunales. Esa norma establece que “en los acuerdos de los tribunales colegiados dará primero su voto el ministro menos antiguo y continuarán los demás en orden inverso al de su antigüedad. El último voto será el del presidente”.

Según los jueces, esa norma tradicionalmente se ha respetado no solo porque así lo ordena el código, sino también porque es una manera de permitir el debate ordenado y evitar que los más antiguos impongan su opinión a los magistrados más jóvenes.

Cuando los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) votaron el acuerdo en las impugnaciones de las candidaturas del exalcalde Daniel Jadue y la senadora Ximena Rincón -el primero el 11 de septiembre y el otro el 12 de septiembre-, el orden de votación se transformó en un elemento clave para decidir el fin de las aspiraciones parlamentarias del exjefe comunal de Recoleta y de la presidenta de Demócratas.

Pero contrario a lo que ha dicho el senador Matías Walker (Demócratas), quien ha lanzado sus dardos en contra de Ascencio, el exdiputado DC no fue relevante en ambas sentencias. Walker, desconociendo la forma en como votan los magistrados, dijo que fue Ascencio quien dirimió el caso y su reparo apuntaba a que no correspondía que "un ministro político, militante durante toda su vida de la DC", decidiera el futuro de Rincón.

Pero lo cierto es que Ascencio no pudo haber dirimido ningunas de las reclamaciones.

En los dos casos, luego de escuchar los alegatos, el Tricel se reunió en privado para deliberar. En ambos momentos los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio dieron su parecer sobre si acoger o rechazar los requerimientos respectivos. En el caso de Jadue los libelos eran impulsados por RN y la UDI, y en el de Rincón el reclamo lo promovieron los partidos oficialistas y la DC.

Con Jadue, siguiendo la regla de antigüedad, el primero que dio su voto fue Ascencio, quien optó por rechazar el requerimiento. Luego la correspondió el turno a Gajardo, quien votó a favor de suspender los derechos políticos de Jadue.

Cuando le tocó el turno a Ravanales, la ministra votó lo mismo. En cuarto lugar estuvo el ministro Silva, quien tomó la decisión de rechazar. En ese momento la cuenta iba empatada: dos votos contra dos.

El último en votar fue Prado, por ser el más antiguo y además por ser el presidente del Tricel. Prado optó por sumarse a Gajardo y Ravanales, y con eso el requerimiento se acogió y Jadue quedó fuera de la carrera para ser diputado por el distrito 9.

Cuando el Tricel decidió rechazar la candidatura de Rincón debido a que la senadora no puede burlar el límite de reelecciones fijado por la Constitución, el escenario fue casi el mismo.

Nuevamente el primero en votar fue Ascencio, quien optó por aceptar el reclamo contra Rincón. Luego vino el turno de Gajardo, quien tuvo el mismo voto. En tercer lugar votó Ravanales, quien fue la primera ministra en tomar una posición distinta y votar en contra de la reclamación. Luego de ella vino el ministro Silva. En ese momento, otra vez, la situación quedó en empate: dos votos contra dos.

Nuevamente, en su rol de ministro más antiguo y presidente del Tricel, Prado tuvo la misión de ser el último en votar. Al hacerlo, se plegó a la postura expresada por Ascencio y Gajardo, por lo que la balanza se inclinó en contra de Rincón.

¿Quién es Arturo Prado?

El ministro Prado -69 años- es la quinta antigüedad de la Corte Suprema. Llegó al máximo tribunal en julio de 2017, actualmente preside la Primera Sala y es uno de los cinco puestos de la Suprema que corresponden a abogados externos a la judicatura. Fue nominado por la expresidenta Michelle Bachelet y llegó en reemplazo del exsupremo Pedro Pierry.

Prado es una eminencia del derecho comercial, de hecho preside la comisión que estudia una nueva codificación comercial para actualizar la normativa que existe desde 1865. Durante toda su vida se ha dedicado a esa especialidad del derecho, una pasión que comparte por su gusto con el derecho marítimo.

Antes de transformarse en supremo hizo su carrera en el mundo de los bancos. Durante 40 años ejerció como fiscal del banco BCI y cuando renunció se desempeñaba como gerente del área judicial.

Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, misma casa de estudios donde se formó como abogado y donde lleva haciendo clases de comercial durante más de 40 años. Ahí mismo fue compañero de clases del supremo de la sala penal Manuel Valderrama.

También, durante dos décadas, fue consejero del Colegio de Abogados por la lista gremial, en donde mostró una faceta de entrevistador al ser el director de la Revista del Abogado, donde desplegó su interés por la escritura. Pese a su pasión por el derecho -que lo llevó a doctorarse en Navarra, cursar un posgrado en Harvard y un máster en Duke- los inicios de Prado fueron otros.

Tras egresar de The Grange School, el supremo estudió historia en el Pedagógico, en paralelo a derecho, pero al cuarto año optó por el mundo de las leyes. Pese a eso, su gusto por la historia y la literatura -en especial la francesa y latinoamericana- aún persiste.

Antes de entrar a la judicatura Prado conoció de cerca lo que era impartir justicia, ya que fue abogado integrante del máximo tribunal desde el año 2012. Cuando el Senado lo aprobó, ese cupo fue reivindicado por la derecha. De hecho, fuentes judiciales cuentan que para nadie es un misterio que Prado sea un magistrado de esa sensibilidad política. “Durante sus ocho años de supremo ha demostrado que antes que todo es un juez”, afirma un ministro que lo conoce.

Hace poco dio una entrevista a la revista del Colegio de Abogados en el marco de la conmemoración de los 100 años del gremio. Esa conversación, según quienes lo conocen, da buenas luces de la manera en que Prado actúa como juez. Un estilo que se vuelve relevante luego de los ataques que ha recibido de los damnificados por el Tricel. Jadue criticó sesgo político y Rincón que su fallo causará incerteza jurídica.

“Mi función es impartir y administrar justicia, y esa función nos coloca en una posición en un lado distinto de los abogados que defienden intereses parciales. Yo tengo que ser lo más imparcial posible”, aseguró en esa entrevista.

Luego dio más luces de su forma de ser ministro: “Uno debe saber tener su propia muralla china, no dejarse influir y tener claro que uno debe aplicar la ley, sobre todo aplicar la ley. Ese es el estándar fundamental, no apartarse de la ley, y la interpretación hacerla dentro de los límites que la propia regla de interpretación señala, porque para eso hicieron estos códigos y con ese fin se hacen las leyes”.

Según sus propias palabras, “el juez tiene que ajustarse a la regla del derecho”, una frase que resuena especialmente luego de los duros ataques recibidos por el PC, Demócratas y Chile Vamos. “Yo he tenido ese tipo de encrucijadas (fallar contrario a sus sentimientos), pero me he obligado a la regla legal, porque ese es el mandato que tengo de la ley a la ley”, concluye el magistrado.