Por 80 votos a favor y 36 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes un proyecto de ley que busca restringir la entrega, renovación e incluso mantener vigentes las licencias de conducir a todas aquellas personas que figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La propuesta, que modifica la Ley de Tránsito, fue presentada por un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la diputada Alejandra Placencia (PC), junto a Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Felipe Camaño (IND), Luis Cuello (PC), Marta González (IND), Emilia Nuyado (PS), Daniela Serrano (PC) y Gael Yeomans (FA).

Tras su aprobación en general el pasado 10 de septiembre, el texto había regresado a la Comisión de Mujeres para revisar indicaciones, pero estas fueron rechazadas tanto en comisión como en la Sala. Con esto, el proyecto queda listo para su segundo trámite constitucional en el Senado.

¿Qué establece el proyecto?

La iniciativa introduce un nuevo requisito para obtener o renovar licencias, que es no estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores. Para ello, los departamentos de tránsito deberán verificar la condición de cada solicitante antes de entregar el documento.

Además, el proyecto establece que, si una persona obtiene la licencia y posteriormente es incorporada al registro de deudores, la licencia deberá ser cancelada.

Para el cumplimiento de esta disposición, los Departamentos de Tránsito y Transporte Público Municipal deberán realizar revisiones mensuales del registro y notificar vía correo electrónico o carta certificada la cancelación administrativa.

A quienes se les retire la licencia bajo esta causal, se les permitirá volver a solicitarla tan pronto salgan del registro, sin la obligación de esperar los dos años que exige la ley en otros casos de cancelación.

Asimismo, quien figure como deudor no podrá renovar su licencia hasta regularizar su situación.

Durante la discusión de la moción, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en que la medida apunta a promover el pago efectivo de pensiones de alimentos, obligación que afecta directamente a miles de niñas, niños y adolescentes.

Según datos de Contraloría expuestos durante el debate, entre 2022 y 2024 3.400 personas inscritas en el registro lograron obtener o renovar licencias, pese a adeudar en conjunto más de $17 mil millones.

Otro punto que se abordó fue que el 70% de los municipios no cumplió la normativa actual, que ya prohíbe entregar licencias a quienes tengan deudas alimentarias.

Frente a ello, varios legisladores afirmaron que la ley vigente “quedó corta” y requiere ajustes para cerrar espacios de incumplimiento.

Carga administrativa y falta de fiscalización

Uno de los puntos controvertidos durante el debate apuntó a que la problemática no tenía que ver con la ausencia de una norma, sino la falta de fiscalización por parte de los municipios.

En este sentido, parlamentarios advirtieron que la propuesta podría sobrecargar a los departamentos de tránsito con obligaciones adicionales, sin resolver las debilidades operativas de fondo.

Pese a ello, la mayoría visó la moción, señalando que avanzar en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias es una prioridad social.