Esta jornada, la comisión de Educación del Senado comenzó la votación en particular del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca postergar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Si bien el proyecto original proponía una postergación hasta el 2040, el gobierno dio paso atrás y en sus indicaciones propuso como fecha máxima de implementación al 31 de diciembre del 2030.

La modificación de la fecha fue explicada por la ministra de Educación, María Paz Arzola ante la comisión, señalando que la nueva propuesta se hizo en base a las audiencias y testimonios, así como también para dejar en claro que la intención no era dilatar el proceso.

En este sentido, explicó, la indicación que presentaron faculta al Presidente de la República pueda recalendarizar, en caso de que se haga necesario, la creación de los 12 SLEP que faltan, pasando del 2040 que venía en el proyecto, al 2030, la fecha original que está en la ley.

“Nos quedó claro, a lo largo de las audiencias y de lo que se ha comentado acá mismo en la comisión, que era un año que generaba incertidumbre, porque se prestaba para que pensaran que nosotros, realmente, queríamos dilatar la creación hasta 2040″, sostuvo.

Esto, indicó, cuando en realidad “nuestra intención no es dilatarlo tanto en el tiempo, sino que, simplemente, era tener espacio para en caso de que se requiriera, poder hacerlo”.

“Dado que esto generó aprensiones que nos parecieron legítimas, proponemos acá volver al año original, que está en la ley vigente, que es el año 2030, para la creación de la última corte”, sostuvo.

Así, la indicación del Ejecutivo para mantener la fecha al 2030 fue finalmente aprobada por 4 votos a favor, y ninguno en contra.

Junto con esto, también se aprobó que el Presidente de la República tenga la facultad para poder recalendarizar la creación de los servicios locales restantes.

Sobre este punto, si bien la senadora Yasna Provoste (DC) propuso que también se contara con un informe del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública y así tener “un sustento técnico” de la decisión de recalendarizar, su indicación fue finalmente rechazada.