La Comisión de Educación del Senado apróbó este miércoles en particular del proyecto Escuelas Protegidas impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, el cual busca enfrentar los hechos de violencia al interior de las comunidades educativas.

En la discusión de las 82 indicaciones presentadas, tanto por parte del Ejecutivo como de los parlamentarios, uno de los temas clave de discusión esta jornada fue la normativa sobre la revisión de mochilas por parte de los establecimientos educacionales.

En esto, se discutió en extenso la indicación presentada por al senadora Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC), la cual buscaba establecer que la revisión “solo procederá ante motivos fundados, individualizados y verificables, debidamente consignados por escrito antes del inicio del procedimiento de revisión”.

La moción agregaba: “Quedan prohibidas las revisiones masivas, aleatorias, sistemáticas o basadas en características personales, sociales, étnicas, migratorias, religiosas, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de apariencia, de condición socioeconómica o de necesidades educativas especiales de los estudiantes. La selección reiterada de estudiantes o de aquellos pertenecientes a un mismo grupo constituirá una presunción de discriminación arbitraria, susceptible de denuncia ante la Superintendencia de Educación”.

En este punto, el senador Cristián Vial (ind.-republicano) manifestó que, si bien valoraba poner un contrapeso a la norma, no estaba de acuerdo en que quedaran prohibidas “las revisiones masivas, aleatorias y sistemáticas”, pues iba en contra de lo que la iniciativa establecía en su principio.

Por su parte, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) apuntó a que, aunque estaba “totalmente de acuerdo” con la parte de la indicación que velaba por la no discriminación, advirtió que si se limitaban las revisiones a que no sean masivas ni aleatorias, se podría caer en que una “práctica discriminatoria”, lo que -indicó- obligaría al profesorado a siempre cicunscribir la revisión a solo una parte del alumnado.

En esta línea, y tras una extensa discusión y diversos acuerdos, la norma de revisión de mochilas fue aprobada, estableciendo que ésta, “solo procederá ante motivos fundados, individualizados y verificables”, quedando prohibidas “las revisiones sistemáticas o basadas en características personales, sociales, migratorias, religiosas, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de apariencia, de condición socioeconómica o de necesidades educativas especiales de los estudiantes”.

Así, quedó rechazada por tres votos en contra y dos a favor, la parte que establecía que la selección reiterada de estudiantes o de aquellos pertenecientes a un mismo grupo “constituirá una presunción de discriminación arbitraria, susceptible de denuncia ante la Superintendencia de Educación”.

Por otra parte, se acordó que, en caso de disponerse una revisión individual del estudiante, esta deberá ser realizada por dos adultos pertenecientes al establecimiento educacional, y uno de ellos deberá ser miembro del equipo de convivencia escolar.

Además, la revisión se deberá realizar en un lugar privado. Asimismo, se estableció que los adultos deberán levantar un registro del procedimiento.

Reacciones

Tras la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance de la tramitación del proyecto, el que, aseguró, responde a una demanda urgente de las comunidades educativas por más seguridad y resguardo en los establecimientos educacionales.

Por su parte, el presidente de la instancia legislativa, Gustavo Sanhueza (UDI) relevó a este medio que, durante las más de 9 horas de tramitación en particular de la iniciativa “pudimos establecer límites para tener un proceso que va a ser voluntario, los establecimientos educacionales van a poder adherir o no”.

En este sentido, destacó que “este es un proyecto que entrega herramientas a los establecimientos educacionales para que en un momento determinado puedan realizar la revisión de mochilas y pedir el vaciado de bolsillos de los estudiantes en algún momento determinado, de acuerdo a ciertas circunstancias que cada establecimiento educacional va a ir determinando, lo que va a quedar establecido en el reglamento interno del establecimiento”.

Asimismo, relevó que “se avanza también en establecer sanciones para aquellas personas que cometan delitos y estén con sentencie ejecutoriada y a firme, respecto a la greatuidad y a algunas becas que otorga el Estado”.

En tanto, el senador Rojo Edwards valoró el avance de la iniciativa, al indicar que en la comisión se logró fortalecer el proyecto para entregar mayor tranquilidad de las comunidades educativas.

“Estamos siendo muy duros contra quienes destruyen la propiedad, tiran bombas molotov, o contra quienes creen que pueden encapucharse y quitarle el derecho a la educación a otros”, sostuvo.

Finalmente, indicó que esperan votar el proyecto este lunes 18 de marzo en la Sala del Senado y, de forma ideal, durante la tarde de esa misma jornada en la Cámara de Diputados.