El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda defendió este jueves los avances concretados por la política pública generada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, luego de confirmarse la identidad de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida en los informes oficiales y que fue recientemente hallada con vida en Argentina.

Mediante un comunicado, la instancia sostuvo que el objetivo central del Plan Nacional de Búsqueda es reconstruir las trayectorias y esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de más de mil víctimas de desaparición forzada.

En esa línea, destacaron que el trabajo investigativo desarrollado en ese marco ha permitido obtener “importantes hallazgos”.

Entre ellos mencionó la calificación como detenido desaparecido del joven ariqueño Luis Pino Soto y nuevos antecedentes sobre Bernarda Vera Contardo, los que posteriormente fueron puestos a disposición del ministro en visita, Álvaro Mesa, quien ordenó diligencias judiciales que culminaron con un peritaje genético que confirmó su identidad.

Cabe recordar que Vera, quien figuraba en el listado de personas desaparecidas, fue hallada con vida en Argentina. De hecho, Chilevisión pudo dar con su paradero en septiembre del año pasado, lo que también sirvió de impulso para la investigación judicial que finalmente confirmó su identidad.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, calificó el hallazgo como “grave” y apuntó contra la administración de Gabriel Boric, por la demora en el esclarecimiento del hecho.

Este martes, Rabat afirmó que la Subsecretaría de Derechos Humanos conocía de este caso desde marzo de 2024, pero que los antecedentes recién fueron puestos en conocimiento del ministro en visita Álvaro Mesa en junio de 2025.

“Es decir, hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo”, mencionó.

Consultado sobre por qué no se informó el caso de Vera oportunamente, el ministro apuntó que “hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave”.

Pese a la arremetida del secretario de Estado, desde el comité participativo destacaron que el resultado del examen de ADN fue comunicado personalmente por el ministro Mesa a los familiares de Vera Contardo, quienes durante años desconocieron el paradero de su familiar.

Y, en este marco, cuestionaron que los resultados se los atribuya el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“El Comité espera que, en lugar de atribuirse públicamente un resultado que corresponde al trabajo desarrollado en sede judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumpla, una vez que exista una resolución judicial que establezca la identificación, con su obligación legal de informar al Servicio de Registro Civil e Identificación", aseguró el comité.

Con esa comunicación, agregan desde la agrupación, Vera sería excluida del del Registro de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, “como para incorporar las modificaciones que correspondan respecto de las personas cuya desaparición forzada ha sido establecida mediante sentencias judiciales firmes, pero que no figuran en las nóminas de personas calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por las demás instancias calificadoras posteriores”.

Con todo, la instancia emplazó a las autoridades de la cartera, y “requiere al ministro de Justicia y Derechos Humanos (Fernando Rabat) y al subsecretario de Derechos Humanos (Pablo Mira) que informen con carácter urgente los antecedentes que fundamentan las supuestas ‘irregularidades’ en la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda a las que han hecho referencia públicamente con ocasión de este caso”.

La comunicación firmada por 13 personas que lideran organizaciones de memoria, entre de abogados especialistas en derechos humanos y el propio director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, agregaron que “el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda rechaza categóricamente que hechos como los descritos sean utilizados para cuestionar la legitimidad, la importancia y los avances del Plan”.

“Del mismo modo, rechaza cualquier intento de emplearlos para erosionar la verdad histórica establecida por las Comisiones de Verdad respecto de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar”, agregan.

Entre los firmantes aparecen Erika Hennings, presidenta de “Londres 38, espacio de memorias”; Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos de Santiago (AFEP); Ida Sepúlveda, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia y María Erita Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos Coyhaique.

También firman Carlos Oliva, presidente de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía; Juan Carlos Chávez, Colectivo 119 Familiares y Compañeros; Lidia Casas, doctora en derecho y directora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales; Daniela Accatino, Académica Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Austral de Chile, representante de la academia; Patricio Bernedo, doctor en historia, profesor del Instituto de Historia y director del Centro para el Diálogo y la Paz, Universidad Católica de Chile, representante de la academia y Tomás Scherz Take, sacerdote designado por el Cardenal Arzobispo de Santiago.