A más de dos años de que estallara el denominado caso Democracia Viva, este martes la Fiscalía Regional de Antofagasta comunicó formalmente el cierre de la indagatoria y adelantó que en los próximos días ingresará acusación en contra de los imputados.

Se trata de la arista emblema del caso Convenios o Líos de Platas, pues fue la que dio pie a la serie de indagatorias donde se pesquisan eventuales infracciones e irregularidades en las transferencias desde diversos organismos públicos y fundaciones.

Además, bajo esta misma hebra, se evaluaban los traspasos a otras tres ONG: Fibra, Fusupo y Tomarte. Suma, por lo mismo, un total de siete imputados. Entre ellos, la desaforada diputada Catalina Pérez, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica.

Aunque durante la audiencia de comunicación de cierre el fiscal Cristián Aguilar detalló que las diligencias se encontraban agotadas y que contaban con los informes necesarios para avanzar a la siguiente etapa procesal, advirtió un elemento que no estaba previsto.

El persecutor informó al Juzgado de Garantía de Antofagasta que mantendrá abierta una parte de la investigación que involucra al exministro Giorgio Jackson (FA), al exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi (FA) y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA).

“Con fecha de ayer (11 de agosto) se resolvió, en los términos que me autoriza el artículo 185 del Código Procesal Penal respecto del delito de fraude al Fisco, proceder a separación de investigaciones respecto de los imputados Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi, por resultar conveniente”, manifestó Aguilar.

De esta forma, el Ministerio Público podría seguir realizando diligencias sobre los tres imputados, quienes fueron querellados por los diputados Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya.

En el caso de Jackson, los parlamentarios lo vinculan con el caso por su eventual injerencia en la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, de disminuir la supervisión de los traspasos a fundaciones.

Sobre Crispi, indicaban que en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional habría visado ciertos convenios suscritos y validados fundaciones. Y sobre Martínez, exponían que podría haber tenido una importante influencia en la fundación, dado que previamente había ejercido como presidenta del directorio de la Fundación Rumbo Colectivo, colaboradora de Democracia Viva.

Si bien este medio intentó precisar qué acciones podría desarrollar la Fiscalía respecto de los tres frenteamplista, hasta el cierre de esta edición no se detallaron diligencias.

La acusación

Al abordar la determinación de cierre, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo que evidentemente deducirán acusación en contra de los siete imputados.

Manifestó, en el mismo sentido, que los sujetos están involucrados en la suscripción de 12 convenios calificados como irregulares y que, en suma, alcanzan los $ 1.200 millones.

“Hemos logrado recabar una multiplicidad de antecedentes y medios de prueba que, al día de hoy permiten cerrar investigación y presentar acusación. De no haberse desarrollado las distintas diligencias de investigación y las distintas pericias, la decisión no sería esa”, apuntó el fiscal regional.

En el mismo sentido, acotó: “El balance es positivo y ahora se nos viene una parte fundamental, previa audiencia de preparación, que será enfrentar el juicio oral. Será muy complejo y que, por lo mismo, y por la cantidad de imputados y defensas involucradas, tendrá una extensa duración”.

Por su parte, el fiscal Aguilar indicó que en el caso de Democracia Viva, pudieron establecer que el exseremi Contreras habría favorecido a la fundación infringiendo principios de probidad, concertando con los demás imputados. El prejuicio, detalló, habría menoscabado el patrimonio del Estado en la suma de $ 426 millones, por obras que no llegaron a la comunidad