La propuesta de Presupuesto 2027 del Ministerio de Educación le abrió una serie de flancos a la ministra María Paz Arzola: la descontinuación de Yo Elijo Mi PC y el recorte a las universidades fueron algunos de ellos. También el hecho de dejar condicionadas a la disponibilidad presupuestaria las evaluaciones nacionales e internacionales a las que se deben someter los escolares chilenos en 2027.

Sobre esto último, apenas conocida la propuesta de gasto fiscal del Mineduc dentro del Consejo Nacional de Educación (CNED) se comenzó a cultivar una sensación de malestar e incomodidad que ahora va un paso más allá, oficiando tanto al Congreso como a la propia secretaria de Estado.

Ocurre que el proyecto no solo reduce en casi un 10% los recursos para evaluación de aprendizajes, sino que según la lectura del CNED permite decidir si las pruebas del próximo año se harán sin considerarlos a ellos, que son la instancia de visaje final acorde a la ley. Del mismo modo, esa glosa condiciona las evaluaciones a la disponibilidad presupuestaria.

“La aplicación de las evaluaciones que conforman el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales (...) estará sujeta a la disponibilidad de los recursos contemplados en esta ley. Para el año 2027, la Agencia de Calidad de la Educación, mediante una o más resoluciones visadas por la Subsecretaría de Educación y por la Dirección de Presupuestos (Dipres), determinará las evaluaciones que se aplicarán en dicho período”, se lee en el proyecto de ley.

La disposición, dicho está, generó inquietud inmediatamente en los consejeros del CNED, organismo que debe aprobar el plan de evaluaciones propuesto por el Mineduc, que a su vez lo elabora a partir de una propuesta inicial de la Agencia de Calidad de la Educación.

Algunos interpretaron la glosa como un intento de eludir las atribuciones del Consejo, sobre todo considerando que este mismo año el CNED rechazó la intención del ministerio de eliminar algunas pruebas del Simce, lo que el gobierno quería hacer esgrimiendo restricciones presupuestarias. Y aunque la ministra ha descartado que exista la intención de debilitar las evaluaciones, nada de ello ha sido suficiente para aquietar al consejo. El choque de institucionalidad, para sus miembros, es evidente.

Más aún considerando que actualmente tanto CNED como ministerio están en pleno proceso de intercambio de opiniones sobre el plan 2027-2032 que por cronograma le corresponde proponer al Mineduc de Arzola y por el cual el consejo se debe pronunciar en noviembre. En medio de eso, al consejo le molestó sobremanera que el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, haya asistido a una sesión para explicar esa propuesta sin haber advertido nada de lo que vendría en torno a supeditar las pruebas a la disponibilidad presupuestaria.

El CNED, además, vio con preocupación que la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso aprobó el capítulo de la Agencia de Calidad de la Educación donde está contenida la glosa en cuestión. El rechazo hubiera implicado una obligación implícita de negociar ese capítulo. Por ello, la pregunta que surge en el CNED es si el Congreso empujará al Ejecutivo a ingresar una indicación que cambie el tenor de esa glosa en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos presidida por el senador Javier Macaya (UDI), que es el paso parlamentario que viene.

Para explicitar esto, Luz María Budge, presidenta del CNED, envío un oficio al que tuvo acceso La Tercera digirido a los senadores Macaya, Gustavo Sanhueza (UDI, presidente de la Comisión de Educación) y Yasna Provoste (DC, presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos).

En el escrito de tres páginas, la máxima representante del consejo expone que el CNED decidió “transmitirles su preocupación” por la glosa de la discordia. “A juicio del Consejo, esta disposición compromete la institucionalidad del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y el rol técnico que la ley asigna a este Consejo”.

“Qué se evalúa en el sistema escolar, en qué grados y con qué periodicidad no es una decisión administrativa menor. (...) Por esa razón, la ley estableció un procedimiento en el que intervienen distintas instituciones”, continúa el oficio, el que pasa a recordar que la ley incorpora al CNED dentro de esa arquitectura.

Sin embargo, advierte Budge, la glosa “establece un mecanismo distinto de ese procedimiento” al no contemplar expresamente el informe del consejo para la determinación anual de las evaluaciones. “Hoy, modificar las evaluaciones del plan exige un decreto supremo, previo informe favorable de este consejo; con la glosa, bastaría una resolución de la agencia. De este modo, una decisión de contenido técnico quedaría sujeta a la visación de un organismo cuya competencia principal es de carácter presupuestario”, se extiende.

El escrito asevera que al exigir visación de la Dipres se incorpora un nuevo actor “en una decisión técnica y establece, en los hechos, un sistema de gobernanza distinto del que diseñó el legislador, con lo que se debilita el rol del Consejo Nacional de Educación”. También reseña que la glosa tampoco se concilia con el carácter obligatorio de las evaluaciones.

Además, Budge deja en claro en su escrito que la experiencia ha mostrado que el procedimiento vigente funciona incluso en contextos excepcionales, que es lo que Arzola ha dicho que quisieron resguardar por escrito con esta glosa. El ejemplo del CNED es que durante la pandemia los ajustes al plan se tramitaron por la vía institucional.

Tras toda su argumentación, Bugde plantea que el consejo solicita considerar una redacción de la glosa “que resguarde el procedimiento establecido” en la ley, “por ejemplo contemplando expresamente la intervención del Consejo Nacional de Educación respecto de las resoluciones que determinen las evaluaciones aplicables en 2027, dentro de un plazo acotado y compatible con el calendario escolar”.

“Las decisiones sobre qué evaluar no pueden fundarse únicamente en la disponibilidad de recursos, sino primordialmente en la información que el país necesita para mejorar los aprendizajes de todos sus estudiantes, considerando asimismo la factibilidad de su implementación”, cierra.

Después Budge advierte a los senadores que en paralelo a ese oficio le pidieron a Arzola una aclaración respecto del alcance de la glosa, y que pondría esa respuesta en conocimiento una vez que sea recibida.

¿Responderá Arzola? Consultados en el Mineduc si es que esto ocurriría o si había intenciones de modificar la glosa, la respuesta se remitió a algo distinto: “Estamos comprometidos con las evaluaciones educativas y con la institucionalidad que las hace posibles. Prueba de ello es que este año, pese a que no se contempló el financiamiento en la ley, empujamos la aplicación de Impulso Lector (...). Contar con información confiable sobre los aprendizajes es fundamental para identificar brechas, orientar las políticas públicas y asegurar que cada decisión tenga como prioridad que los estudiantes aprendan más y mejor”.

Según han transmitido distintas voces del Mineduc en algunas instancias formales e informales, esta decisión de dejar supeditadas las pruebas a la disponibilidad de recursos provino desde el Ministerio de Hacienda, desde donde en todo caso algunos entendidos en el armado del Presupuesto 2027 lo descartan.