Una mesa, una caja e incluso un paño bastan para que comerciantes irregulares desplieguen una variedad de productos sobre la calzada del Paseo Ahumada, en la comuna de Santiago. Ropa, comida, artículos electrónicos y hasta vestimenta para perros son sólo una parte del popurrí de ofertas.

Ese lugar se encuentra a menos de cuatro kilómetros del barrio Meiggs, un espacio que durante las últimas semanas ha estado en el foco de la noticia por los operativos de las autoridades para erradicar el comercio ilegal. Pero si bien ese lugar históricamente ha estado copado por vendedores no regularizados, la realidad se expande a otras zonas de la Región Metropolitana (RM).

En cifras policiales recogidas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el primer trimestre en la capital se han registrado más de 400 casos policiales por comercio ilegal, de los cuales el 41,7% ocurrió en Santiago. Pese a la alta concentración en dicha zona, otras comunas como San Bernardo, Providencia o Puente Alto también comparten un alto índice.

La Tercera analizó las 52 comunas de la RM para determinar los principales focos de comercio ilegal, basándose en la información reportada por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros e información recogida en los municipios. (Ver infografía)

Los otros Meiggs

A sólo metros del Paseo Ahumada la escena se repite, ahora en la calzada norte de la Alameda y también unos pasos más al oriente, en la calle San Isidro, cerca del cerro Santa Lucía.

Esos son algunos de los siete puntos que la Municipalidad de Santiago ha detectado como los principales focos de este fenómeno, al que también suman el barrio Franklin, Paseo Bulnes, barrio Lastarria y la Av. Vicuña Mackenna, en las intersecciones con Av. Matta y Ñuble.

La segunda comuna con más casos de comercio ambulante, según el CEAD, es San Bernardo, donde este tipo de vendedores han surgido en los sectores aledaños al Mall Plaza Sur, en la plaza o en el exterior del Hospital El Pino.

Lo anterior, a juicio de la investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, Catalina Zagal, se explica porque “este tipo de comercio se concentra principalmente en espacios de alta afluencia peatonal, como ingresos o dentro del Metro, terminales de transporte público y plazas céntricas, avenidas centrales o calles cercanas a centros de oficinas y servicios”.

Esa es la situación que se vive en Recoleta, principalmente en los barrios Bellavista, La Vega y Patronato; o en Puente Alto, en las calles José Luis Coo o el sector de Concha y Toro, precisamente en el centro de la comuna. En Lo Prado, los focos están en las intersecciones de San Pablo con Neptuno, San Pablo con Las Torres y el Terminal Pajaritos.

Las municipalidades también advierten sobre los puntos que se instalan en las salidas de los metros. Ejemplo de aquello es lo sucedido en La Florida, con las estaciones Vicuña Mackenna, Vicente Valdés, Rojas Magallanes, Trinidad. En Maipú, con Santiago Bueras, Del Sol, Monte Tabor o Las Parcelas, y en La Cisterna, con la estación intermodal homónima y en Lo Ovalle.

En el caso de Recoleta, desde el municipio destacan que esa situación se observa en las siete paradas del tren subterráneo en la comuna, así como también los barrios Bellavista, La Vega o Patronato. “Estos lugares representan un desafío constante, debido a la alta población flotante, la presión sobre el espacio público y la limitada dotación de Carabineros”, explican desde el municipio.

La investigadora de la UC, quien además es autora del Estudio de Caracterización del Comercio Ambulante en la RM, agrega que el comercio informal “se instala con mayor facilidad en lugares con menor control policial o fiscalización municipal, o donde este control es más desafiante, como las zonas limítrofes entre comunas”.

Otros puntos calientes de la RM están en la comuna de Independencia, donde destacan las estaciones Hospitales y Plaza Chacabuco, en el terminal de flores, en las avenidas El Guanaco, Central, Hipódromo e Inglaterra y en el exterior del Mall Barrio Independencia.

Del paño a la mesa

Más allá de los factores que inciden en el despliegue del comercio ambulante, los expertos también advierten que este tipo de ilícitos toma características acordes al espacio en el que se desarrolla.

En Estación Central, otra de las comunas con amplios focos de ventas ilegales, han detectado que según la zona en la que se emplaza ese comercio irregular cambia el tipo de productos que se venden. En los sectores de Las Rejas, San Alberto Hurtado y en el entorno de los terminales se comercializa principalmente comida. Mientras que en el entorno de las clínicas ubicadas cercanas al Metro Ecuador se oferta principalmente ropa, mientras que en el entorno de la Estación Central predomina la venta de artículos electrónicos.

El alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz (Independiente), afirma que “cada sector tiene problemáticas distintas, y por eso nuestra respuesta también es diversa: desde fiscalizaciones y decomisos hasta recuperación de espacios públicos, con el objetivo de que las calles vuelvan a estar al servicio de la comunidad”.

Donde también existe variabilidad es en la infraestructura que se usa para vender. Según el estudio de la UC, la mayoría de los vendedores (34,5%) usa un carro con ruedas para instalar sus productos, seguido del paño en el suelo (34%), silla (33,9%) y mesas (30,3%).

La investigadora Zagal destaca la importancia de esa información, ya que estas estructuras “se adaptan para facilitar el traslado rápido de la mercadería, así como para evadir la fiscalización”. Aquello explica que “en la Alameda predominan las mesas, en Recoleta los carros y en Providencia, los paños”.

En esta última comuna, la municipalidad ha distinguido como puntos críticos del comercio ambulante las cercanías del Metro Salvador, la salida del Metro Pedro de Valdivia, la calle Luis Thayer Ojeda y el entorno del Mall Cenco Costanera.

El alcalde de esa comuna, Jaime Bellolio (UDI), advierte que “una de las complejidades del comercio ilegal es su movilidad, aprovechando sectores de la comuna con alta afluencia, como cercanías al Metro, donde se presentan este tipo de incivilidades”.

En Ñuñoa, por su parte, las zonas con más comercio ambulante son la Plaza San Eugenio, Plaza Egaña, la Av. Guillermo Mann y el eje Irarrázaval.

El impacto

La instalación del comercio ambulante, a juicio de los expertos consultados, genera gran impacto no sólo en el tránsito, sino que también en la seguridad e incluso en el inmobiliario público.

El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, Uwe Rohwedder, explica que las veredas terminan convertidas en pasillos estrechos, donde el flujo se interrumpe. Además, “al tratarse de una actividad no proyectada, el diseño del mobiliario se ve dañado por usos no esperados. También por incivilidades propias por la toma y apropiación de espacios con volúmenes que encierran, estrechan, interfieren las luminarias y esconden o desaparecen los basureros”.

La investigadora de la UC, por su parte, apunta a que en la convivencia también se “generan tensiones entre comerciantes ambulantes, locales establecidos, autoridades y ciudadanía respecto del uso del espacio público, afectando la percepción general de orden y convivencia en los barrios más afectados”. Impacto que aumenta, dice, con la instalación de toldos, los que se transforman en “un elemento que genera problemas en el espacio público al obstruir el paso y obstaculizar la vigilancia con cámaras, pudiendo incluso ser aprovechado por personas que cometen delitos para ocultarse ante operativos de control”.

Sobre los efectos en seguridad, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, expone que el comercio ilegal “trae inevitablemente aparejado desorden, informalidad y acciones ilegales que generan un perjuicio social”. Johnson dice que “al no pago de impuestos ni patentes y el entorpecimiento del tránsito frecuentemente se suma que el territorio deja de estar bajo un control claro del Estado, generando un vacío que es aprovechado por otros para imponer sus propias reglas”.

Ejemplo de aquello es lo detectado en San Bernardo y Puente Alto, donde se repite el mismo patrón de Meiggs, donde se desbarató una “red criminal”, según afirman en la primera comuna, que aplicaba cobros por puestos en la plaza. Desde la administración del alcalde Matías Toledo, por su parte, exponen que se ha “detectado la presencia de una mafia dedicada a la venta ilegal de cigarros, una red que incluso ha llegado a agredir a funcionarios municipales durante procedimientos de fiscalización”.

Según el delegado presidencial de la región, Gonzalo Durán (FA), su institución “trabaja con los municipios, con Carabineros y distintos servicios públicos, con el propósito de enfrentar el fenómeno del comercio irregular generando condiciones por un lado para impedir la ocupación irregular del espacio público, pero muy especialmente para abordar los fenómenos que están detrás del comercio irregular, tales como la falsificación de productos e infracciones a la Ley 20.000”.

Durán añade que los desafíos se concentran en “centros urbanos estratégicos, lugares con alta afluencia de público, con graves problemas de comercio irregular y aglomeraciones, y ese es el caso de Meiggs”, además de los otros puntos críticos.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explica que prevenir y combatir este tipo de comercio “constituye una prioridad estratégica para la subsecretaría, porque se trata de un fenómeno delictual complejo que trasciende la simple venta callejera no autorizada. Este problema representa apenas la punta del iceberg de una cadena delictiva más amplia, que involucra redes de crimen organizado dedicadas al contrabando, falsificación, receptación y evasión tributaria”.

Las medidas

Frente al avance del comercio ambulante, distintos municipios han desplegado estrategias propias, combinando fiscalización, recuperación de espacios públicos y alianzas con instituciones.

En Santiago, la administración se definió por no entregar ningún permiso en la calle, complementando la fiscalización con más personal de seguridad municipal e incluso con aportes privados. El alcalde Mario Desbordes (RN) dijo que “la recuperación del espacio público es clave para la revitalización del centro” y reforzó inspectores, cámaras y operativos con policías.

En Lo Prado, el alcalde Maximiliano Ríos (PPD) reconoció que el comercio irregular “hoy tiene su expresión en verdaderas bandas organizadas”, por lo que han fortalecido la vigilancia en puntos críticos, como Alameda–Las Rejas, gracias al programa “Alameda Vigilancia”, logrando despejar zonas antes dominadas por peleas y asaltos.

Providencia, por su parte, aplica un abordaje integral con inspectores, Carabineros y citaciones tanto a comerciantes como a compradores, priorizando sectores definidos por cámaras y denuncias vecinales.

En San Bernardo, la estrategia es con intervenciones urbanas inmediatas, como instalación de mobiliario y bolardos para impedir el regreso de vendedores irregulares. el alcalde Christopher White (PS) afirmó que aplican “un plan integral que incluye fiscalización, recuperación de espacios y habilitación de zonas para emprendedores”.

Independencia ha optado por la prevención, reforzado con tecnología, patrullajes focalizados y recuperación de cámaras de seguridad, además el alcalde Agustín Iglesias (Ind.) reforzó controles en avenidas para “desarticular redes de abastecimiento”. En Recoleta, el alcalde Fares Jadue (PC) indicó que han reforzado controles en la Vega Central y avenida Recoleta para “evitar la venta de productos peligrosos”.

Mientras que Maipú mantiene una ofensiva sostenida para conservar despejada su plaza central, sumando operativos constantes en sectores concurridos. El alcalde Tomás Vodanovic (FA) afirma que “aún persisten algunos puntos de comercio ambulante y es por eso que, durante este año, hemos ejecutado más de 40 operativos de fiscalización y decomiso en la Plaza de Maipú “, intensificando patrullajes y coordinación con policías.

La Florida también ha apostado al urbanismo táctico para bloquear la reinstalación de vendedores, aplicando reordenamientos, jardineras y demarcaciones en puntos como el Centro Cívico, el alcalde Daniel Reyes (Ind.) sostiene que se prioriza el eje Vicuña Mackenna, con más patrullajes, multas y decomisos para “devolver la seguridad a los vecinos”. En La Cisterna, el alcalde Joel Olmos (Ind.) apuntó que el foco está en estaciones intermodales, por lo que impulsan operativos junto a Metro, policías para realizar decomisos, controles y fiscalizaciones sanitarias.

En Puente Alto se creó la Unidad Anti Comercio Ilegal, equipada con drones, monitoreo centralizado y equipos operativos especializados, además de reforzar su flota de patrullaje. El alcalde Toledo resalta que “cuando asumimos existían cerca de 300 permisos precarios, hoy hemos reducido esa cifra a 200 y no otorgaremos nuevos”.

Finalmente, en Ñuñoa el administrador municipal, Tomás Fuentes destacó que “ya logramos recuperar el espacio público en Plaza Ñuñoa” habilitando un sector para emprendedores.