En los últimos días los pasillos del Ministerio de Salud se han llenado de comentarios sobre problemas de gestión y un ambiente marcado por la tensión y el caos interno. Y es que algo que casi todos sospechaban escaló hasta un punto de quiebre: la salida de Nicolás Fernández, jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, tras detectarse irregularidades vinculadas a la gestión de los sueldos de algunos funcionarios de la cartera.

Según varias fuentes consultadas por La Tercera, todo comenzó luego de que una auditoría interna revelara serios problemas financieros, con un déficit millonario. Y evitable. Los mismos entendidos explican que la merma se habría generado por una serie de decisiones: desde la contratación de personal bajo códigos de trabajo durante la pandemia que los mantuvo con fuero hasta la incorporación de profesionales para diversas alertas sanitarias. También se detectaron aumentos de grado otorgados a varios funcionarios sin contar con el financiamiento necesario.

Quien estaba a cargo de esto era Patricia Rojas, jefa de la División de Finanzas y Administración Interna, quien- según varias voces de la cartera- es muy cercana a la ministra y que, según las mismas personas, ha tenido problemas de gestión, especialmente en administración de personal y financiamiento. A raíz de esto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, habría solicitado esta auditoría cuyos resultados fueron lapidarios, lo que la llevó a buscar una investigación sumaria, medida que habría sido resistida por la ministra, según conocedores del conflicto. El tenor en que esto se produjo encuentra versiones encontradas: mientras algunos señalan que fue en duros términos, otros aseveran que más bien la ministra fijó de inmediato el peso de los rangos y que su mirada primaría.

Todo, a pesar de que fuentes ligadas a la cartera advierten que el contenido específico de esa auditoría fue explosivo: reveló que no existía un control real sobre los vínculos laborales y que nadie sabía con exactitud cuántas personas estaban contratadas ni cuál era su costo. De hecho, varios de los consultados aseguran que el déficit podría alcanzar los 9 mil millones de pesos. Incluso hay quienes aseveran que mil millones de ese total son por aumento de grado para “amigos”, según describen.

Pero el conflicto se volvió aún más complejo cuando alguien tenía que asumir la responsabilidad. Nicolás Fernández terminó siendo el elegido. En las entrañas de la cartera varios apuntan que él no era la primera opción y que, según algunas versiones, quien realmente debería haber asumido la responsabilidad era Patricia Rojas. Y eso terminó por distanciar aún más las miradas de Albagli y Aguilera, quienes desde casi el inicio de su coincidencia en el Minsal protagonizan tensiones y este episodio termina por graficar que, según cercanos a ambas, no se llevan bien, sobre todo después de que su relación se quebrara durante la discusión de la reforma de salud, con una subsecretaria presionando por llevar a cabo las propuestas que planteaban el programa de gobierno, mientras la ministra las contenía.

Eso sí, aunque Fernández deja su cargo, no abandonará el Minsal. Según personas de la misma cartera se integrará a la División Jurídica.

Como sea, este problema ya salió de las dependencias del ministerio sanitario. Conocedores del trabajo de la Contraloría afirman que el organismo dirigido por Dorothy Pérez está revisando la situación financiera y contable del ministerio, además de algunos hospitales y este tema será incorporado en el informe final.

El conflicto, además, se da justo en medio de las negociaciones por el presupuesto de 2026, marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Además, durante los últimos años, el presidente Gabriel Boric ha realizado varios llamados a la austeridad, incluyendo limitaciones en gastos operacionales y el congelamiento de nuevas contrataciones, con el objetivo de contener el gasto fiscal.

Consultados por La Tercera, desde ls Subsecretaría de Salud Pública explicaron que el cambio en la jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas corresponde a movimientos habituales dentro de la administración, en el marco de los procesos de cierre administrativo y de gestión propios de esta etapa del año.

“Cabe señalar que, dentro de la planificación anual, se solicitó a inicios de año la realización de una auditoría al departamento, la cual actualmente se encuentra en curso”, especifican.

En cuanto a las contrataciones, desde el organismo señalan que “ la subsecretaría ha debido enfrentar una presión presupuestaria generada por un marco fiscal más estrecho, presionado también por requerimientos de contrataciones específicas para la atención de alertas sanitarias, entre otros factores. En este contexto, se han implementado medidas de austeridad y eficiencia del gasto, al igual que en el resto de los organismos públicos”.