La última vez que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) fue el 8 de octubre. Ese día, en el marco de la causa denominada Farmacias Populares, en que se investigan delitos de corrupción, el tribunal rechazó modificar el arresto domiciliario total en el que se encuentra el militante comunista desde que dejó el Anexo Cárcel Capitán Yáber el 2 de septiembre del año pasado.

Pero ese día, también, su defensora penal pública, Yessica Aguilera, decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que dicho tribunal de alzada revisara la decisión del tribunal y dejara a Jadue solo con arresto domiciliario nocturno. En esa ocasión Aguilera no tuvo éxito, lo que la llevó a activar una intrincada arremetida judicial que ahora llegará hasta la Corte Suprema.

Lo anterior, dado que al no tener éxito en la Corte de Santiago, la defensora presentó un recurso de amparo en la Corte de San Miguel, una jurisdicción diferente y en la que no está radicado el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que lleva la causa Farmacias Populares.

El argumento de la defensa de Jadue era que el tribunal de alzada de Santiago actuó ilegalmente al resolver mantener las medias cautelares del también excandidato a diputado, y al no ser apelable dicha resolución, recurrió a San Miguel al considerar que debía ser otra jurisdicción la que debía revisar el amparo.

Pero en el tribunal de alzada de San Miguel la defensa de Jadue recibió un portazo al comienzo. Dicha instancia declaró inadmisible el recurso, determinando que no le competía revisar resoluciones de otras jurisdicciones. Luego la abogada Aguilera apeló ante la Corte Suprema, la que le dio la razón y ordenó a la Corte de San Miguel revisar el requerimiento.

El segundo portazo de la corte

Ante la Corte de San Miguel, la defensa de Jadue argumentó que se debía acoger el recurso de amparo basándose en que la exautoridad, a su juicio, llevaría un “exceso temporal” con su actual medida cautelar, a que había menor riesgo procesal, entre otra serie de antecedentes.

Dicha corte, tras revisar los antecedentes, rechazó el amparo al considerar que lo que buscaba la defensa del exalcalde era que hiciera un “control de legalidad y mérito” de las decisiones de la Corte de Santiago, por lo que resolvió que aquello “resulta impropia dada la estructura orgánica consagrada en nuestra legislación respecto de los tribunales de justicia, donde se consagra un sistema recursivo basado en el carácter jerárquico del Poder Judicial, esto es, un control vertical y no horizontal como el que se solicita”. La sentencia fue unánime y la firmaron las ministras Liliana Mera y Celia Olivia y la abogada integrante Gabriela Carrasco.

El tribunal de segunda instancia también consideró que “la resolución que motiva este recurso de amparo fue dictada por el tribunal competente, dentro de sus atribuciones legales y con fundamento suficiente, considerando además que se trata de una resolución confirmatoria de la de primer grado, motivo por el cual no existe alguna actuación ilegal”.

Pero además de eso, la Corte de San Miguel también le recordó a la defensa de Jadue que “solo resta indicar que la acción de amparo, de naturaleza cautelar, no constituye una tercera instancia para apreciar nuevamente el mérito, conveniencia u oportunidad de resoluciones judiciales dictadas por tribunal competente”.

Jadue a la Suprema

Dado el rechazo del recurso de amparo por parte de la Corte de San Miguel, la abogada de la Defensoría Penal Pública (DPP) apeló a la Corte Suprema, en un último intento por lograr modificar la medida cautelar de Jadue.

En dicha apelación, Aguilera sostiene que la resolución de dicho tribunal de alzada “yerra al limitar el alcance del recurso de amparo basándose en una estructura jerárquica rígida”, considerando que además “dicho razonamiento es contrario a derecho, toda vez el recurso de amparo presentado no está solicitando a esta ilustrísima corte que actúe como superior jerárquico para revisar el ‘mérito’ de la resolución de la cuarta sala de ilustrísima Corte de Santiago, que confirmó la privación de libertad del amparado, sino que revise la legalidad del acto; la cuestión de fondo es determinar si la resolución judicial tiene o no la fundamentación requerida por ley para privar de libertad a un ciudadano”.

“La sentencia recurrida valida la mantención de una medida cautelar de alta intensidad (arresto domiciliario total) sin hacerse cargo de los argumentos de fondo planteados en el recurso de amparo presentado”, agregó.

En esa nueva apelación ante la Suprema, la defensora nuevamente reitera el excesivo tiempo de la causa, los cambios que ha tenido la causa con imputados condenados y salidas alternativas y también por “la necesidad de reinserción laboral del amparado”.

“La ilustrísima Corte de San Miguel, al rechazar el amparo, perpetúa esta falta de proporcionalidad cuando decide mantener la privación de libertad del amparado”, concluyó la defensa del exalcalde.