Fiscalía indaga a obispo de San Felipe por delito de connotación sexual

La Catedral Metropolitana, recinto colindante al Arzobispado de Santiago.

Sacerdote Cristián Contreras es uno de los siete prelados investigados por el Ministerio Público. El caso se reasignó hace una semana al fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias.


En el último catastro de la Fiscalía Nacional sobre casos de presuntos delitos referidos a abuso sexual en la Iglesia Católica, del 31 de agosto pasado, se informó que eran siete los obispos investigados por casos vinculados a este ilícito. Uno de ellos es el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, imputado por supuesto encubrimiento en el marco de la investigación contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, formalizado por abuso sexual de menores.
Ezzati era la única autoridad religiosa de que se tenía certeza que era blanco de investigación. Otros dos, de acuerdo a información interna que se maneja en el Ministerio Público, son los obispos de San Felipe y de Aysén.

El primero, prelado en la Región de Valparaíso, es Cristián Enrique Contreras Molina. La causa en su contra, caratulada por “delitos contra el orden de las familias, la moralidad pública y contra la integridad sexual”, se abrió el 28 de junio tras una denuncia presentada por L.A.C.C., y se le asignó al fiscal de San Felipe, Alejandro Bustos. Luego, el 6 de septiembre, el caso fue remitido al fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias. Este último, según las directrices de la Fiscalía Nacional, está facultado para indagar casos contra sacerdotes que no necesariamente sean de su región.

En esta denuncia contra Contreras, L.A.C.C. dijo que el obispo hace aproximadamente 10 años se presentó en su casa, propiedad que arrienda al obispado. El prelado -según la denuncia- lo habría llevado hasta su residencia, lugar en que habrían ocurrido los hechos, que según su interpretación corresponderían a actos de connotación sexual. Aseguró que esto se repitió por un mes y que en esa oportunidad no sopesó lo ocurrido. Señaló que luego de estos episodios no tuvo más contactó con el sacerdote.

Desde la diócesis de San Felipe aseguraron que el prelado “manifiesta que no ha recibido ninguna noticia sobre una supuesta denuncia en su contra”. Contreras Molina tiene denuncias previas. En 2013, el Vaticano envió a dos sacerdotes de la Congregación de la Doctrina de la Fe a Chile a investigar los presuntos abusos sexuales contra menores cometidos por el entonces jefe de la Iglesia de Aconcagua. Esta indagatoria terminó sin sanciones para el sacerdote.

La situación de Aysén

Otro de los obispos que está investigado es Luis Infanti de la Mora, prelado de Aysén. De acuerdo a registros del Ministerio Público, el sacerdote fue denunciado ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique el 4 de julio por C.V.V., por presunto encubrimiento de abusos sexuales.

El caso fue asignado al fiscal de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro. Sin embargo, desde la fiscalía de esa región informaron ayer que la causa “está en proceso de traspaso al fiscal (Emiliano) Arias”.

La denunciante señaló ser la madre de tres exalumnos del internado San Luis de Puerto Cisnes, de la Obra Don Guanella. Indicó que Infanti habría ocultado premeditadamente información sobre los abusos de los que fueron víctimas sus hijos cuando eran menores de edad y estaban en el establecimiento educacional.

La mujer sostuvo que los hechos ocurrieron en los años 60, y fueron denunciados hace años en medios de comunicación. La denuncia asegura que fueron cuatro los sacerdotes que cometieron estos delitos.

Desde el Vicariato Apostólico de Aysén señalaron que la investigación contra Infanti “existe y hemos colaborado con la fiscalía”. Sin embargo, cuestionaron la calidad del denunciante.

Esta no es la única denuncia contra el jefe de la Iglesia en la Región de Aysén. En junio pasado, el programa Informe Especial, de TVN, hizo públicas acusaciones en su contra, por presunto encubrimiento de abusos sexuales al interior del hogar Villa San Luis de la Obra Don Guanella de Coyhaique.

En esa ocasión y a través de una declaración pública, Infanti aseguró que el caso se conoció en 2005, año en que la fiscalía inició una investigación. Al año siguiente, el Sename ordenó el cierre del hogar y en 2009 el Ministerio Público archivó la causa, que reabrió en 2011.

Agregó que en agosto de ese año declaró ante la fiscalía y que, además, conversó con la víctima, a quien le pidió “perdón en nombre de la Iglesia, reconocí ante él los errores cometidos, así como la condena a estos hechos tan dolorosos”. Dijo, además, que en 2012 se creó en el Vicariato de Aysén el Consejo Cuidado y Esperanza, para la prevención de abusos de menores por parte de la Iglesia.

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