Una investigación conjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Antinarcóticos (Brianco) Metropolitana de la PDI logró la incautación de casi dos toneladas de drogas y detener a dos miembros de una banda dedicada al tráfico de estas desde el norte del país a la Región Metropolitana.

El trabajo por parte de la policía, que además contó con la colaboración de unidades de la Brianco de Copiapó y Antofagasta, logró identificar a los dos detenidos como parte del equipo de logística de la banda criminal.

Los sujetos se trasladaban hacia un sector de la minera Escondida, en la Región de Antofagasta, para recibir grandes cantidades de drogas de proveedores extranjeros, las que luego trasladaban hacia la Región Metropolitana para su venta.

“Las dos personas detenidas eran los encargados de la logística, en especial de la recepción de la sustancia ilícita de parte de ciudadanos bolivianos en la Región de Antofagasta y de su transporte hasta la Región Metropolitana. Son ciudadanos chilenos que residen en la ciudad de Santiago, quienes hacen el transporte de la sustancia ilícita desde el minuto de su recepción para esta droga ser comercializada en Santiago de Chile”, detalló el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, el prefecto de la PDI Eduardo Gatica.

La investigación policial, bautizada “Operación Norte Grande”, permitió no solamente la captura de estas dos personas, sino que además incautar una gran cantidad de drogas, un vehículo y dinero en efectivo.

Según la información de la PDI, se retiró de comercialización un total de 1.897 kilos de diversos estupefacientes. El detalle fue el siguiente:

• 1.595 kilos y 400 gramos de Cannabis sativa.
• 225 kilos y 700 gramos de cocaína base.
• 76 kilos y 300 gramos de clorhidrato de cocaína.

Por otro lado, durante esta semana también pasaron por control de detención los dos sujetos detenidos. “En virtud de los distintos antecedentes investigativos que fueron expuestos en la audiencia, efectivamente se decretó su prisión preventiva por considerar que son un peligro para la seguridad de la sociedad", detalló el fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Milibor Bugueño.

Se estableció un plazo para la investigación de 120 días.