La decisión del gobierno de José Antonio Kast de desvincular a tres funcionarios clave del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa creada durante el gobierno de Gabriel Boric, provocó reacciones inmediatas dentro de la oposición.

Según informaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, la decisión responde a “estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida”.

Por un lado, el Frente Amplio (FA) rechazó categóricamente, a través de un comunicado, el “desmantelamiento” del Plan de Búsqueda.

“Lo que el gobierno intenta presentar como una ´revisión técnica´ es, en los hechos, el vaciamiento de una política de Estado que pertenece a todas las chilenas y chilenos, especialmente a las familias que llevan más de 50 años exigiendo justicia, verdad, memoria y reparación para los crímenes que ejecutaron o hicieron desaparecer a sus seres queridos", condenó la colectividad.

El partido criticó duramente al gobierno y sostuvo que el Estado de Chile ha “abandonando” a miles de familias. “Este gobierno tiene prioridades totalmente distintas a las de la justicia: le urge impulsar indultos a violadores de derechos humanos, encuentra tiempo para despedir a personas gravemente enfermas y actúa con determinación cuando se trata de proteger a los suyos”.

En tanto, agregaron que “Estas prioridades no son técnicas, son ideológicas. Y revelan el carácter profundo de un gobierno que relativizó la dictadura durante su campaña y que hoy, en el ejercicio del poder, actúa en consecuencia: protege a quienes cometieron los crímenes y abandona a quienes los padecieron".

Asimismo, apuntaron que la desvinculación de los funcionarios constituye un “patrón de retrocesos sistemáticos” de parte del Ejecutivo, quienes, según el FA, han demostrado señales políticas inequívocas. “Este gobierno va a retroceder en el derecho de las familias y personas a conocer la verdad sobre los hechos que sucedieron con sus familias”, manifestaron.

En esa misma línea, senadores del Partido Socialista (PC), Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Liberal (PL) rechazaron la decisión del Ejecutivo y acusaron que estas medidas solo “buscan reescribir la historia”.

A través de un comunicado, los parlamentarios del socialismo democrático sostuvieron que la desvinculación de los funcionarios “constituye una señal alarmante que debilita la capacidad del Estado para avanzar en una tarea moralmente irrenunciable”.

Los senadores apuntaron que esta determinación del Ejecutivo, sumada a la decisión de no continuar con la expropiación de Colonia Dignidad, no constituyen decisiones no son aisladas, “sino que configuran un preocupante retroceso en el compromiso del Estado con los derechos humanos y una porfiada insistencia en intentar reescribir la historia, como si ello fuera posible”.

Si bien el gobierno afirmó que la Unidad de Programas de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda continuarán, los parlamentarios exigieron al Ejecutivo “explicar con total transparencia estas decisiones y garantizar la continuidad, fortalecimiento y autonomía de las políticas de búsqueda y memoria, resguardando el trabajo técnico y el compromiso institucional con la verdad y la justicia”.

Adicionalmente, la bancada manifestó que “Chile no puede retroceder en materia de derechos humanos. La memoria, la verdad y la justicia no son opcionales ni pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno, porque de su defensa permanente, como un componente base de la convivencia democrática, depende en gran parte el futuro de Chile”.