Tras conseguir un rotundo éxito con la megarreforma del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el gobierno dio paso a su segunda fase que estará marcada por una ambiciosa agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que será liderada por el ministro de Seguridad Martín Arrau (Republicano).

Junto con darle un nuevo impulso legislativo a 19 proyectos de ley que ya se están tramitando, el Ejecutivo ingresará nueve mensajes con proyectos de ley nuevos y no conforme con todo eso, ingresará una reforma constitucional cuyo foco será la seguridad pública.

Una parte de esa reforma constitucional traerá una norma que establecerá la creación de un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

El objetivo de esto apunta a que esta nómina tenga rango constitucional para así habilitar que se puedan afectar los derechos y las garantías de las personas vinculadas a dichas bandas.

De hecho se espera que por el solo hecho de pertenecer a una de las organizaciones del registro, se pueda realizar una incautación temprana de bienes. Al meter mano a asuntos vinculados con el derecho a la propiedad, la idea es modificar aspectos del artículo 19. Junto con eso, el objetivo es que la sola pertenencia a una de estas organizaciones sea considerado un delito en si mismo.

Fuentes del Ejecutivo comentan que para esta idea se ha estado mirando el modelo italiano, que tiene una idea similar en su normativa legal y constitucional, lo que permite incluso también mayor segregación en las cárceles.

Quienes saben del proceso de redacción de este mensaje comentan que la reforma constitucional prescribirá la creación de este registro y que el detalle de esto será complementado a través de otro mensaje de rango legal donde se expondrán los detalles.

Si bien el borrador de la reforma ya está escrita, aún no se han zanjado los detalles técnicos. La idea es que esto pueda ingresar al Senado en dos o tres semanas más. Mientras tanto el Ejecutivo está compartiendo su propuesta con abogados constitucionalistas -han consultado con cuatro abogados- y también con los parlamentarios.

Las mismas fuentes añaden que una opción que se baraja es que el registro sea elaborado por el Presidente de la República previo informe del Ministerio Público.

Esa idea ya fue sondeada esta semana antes de la cadena nacional por Arrau en el Congreso. Fuentes parlamentarias cuentan que en esas conversaciones, Arrau transmitió que la idea que se baraja es que el registro no tenga control judicial.

Por eso se evalúa que sea el Ejecutivo el que mande su propuesta para incorporar una organización al registro al Senado y que sea la Cámara Alta, en un plazo establecido, la que tenga la opción de impugnar dicha propuesta. En caso de no haber pronunicamiente, se entendería por aprobada la propuesta del Ejecutivo.

Si bien la decisión defitinitiva aún no está tomada, ese camino es el que más fuerza ha tomado al interior del gobierno. Sin embargo, en algunos sectores del oficialismo hay dudas sobre la conveniencia de que esto se realice sin control judicial y dicha facultad se le entregue al Senado.