Este año, a raíz de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público se abrirán 70 cupos para sumar fiscales a la institución.

En los próximos días, como han sostenido desde la Fiscalía Nacional, se iniciarán los concursos correspondientes, al igual que los requeridos para seleccionar a los otros 151 nuevos funcionarios que también ingresarán durante este 2026 para apoyar las labores de las distintas fiscalías.

Y como pudo conocer La Tercera, la definición de cuántos nuevos fiscales se integrarán a cada una de las fiscalías regionales ya se adoptó y comunicó a los persecutores la jornada del martes 28 de abril, en el marco del consejo extraordinario de fiscales regionales que se llevó a cabo en la Fiscalía Nacional.

En esta etapa, de acuerdo con las exposiciones realizadas, las regiones que recibirán más refuerzo de persecutores serán O’Higgins y Los Lagos, con siete cada una de ellas.

Tras ellos, Valparaíso sumará seis, y Coquimbo, Biobío, La Araucanía, y la Occidente recibirán cinco.

En el otro extremo aparece la Fiscalía Regional de Aysén, que al menos este año no sumará a ningún nuevo persecutor.

Si bien este año serán 70 fiscales los que se sumarán a la institución encabezada por Ángel Valencia, la ley contempla que, en un total de cuatro años, sean un total de 205.

Para esta primera fase, como dijeron desde el Ministerio Público a este medio, la distribución se diseñó “en función de objetivos estratégicos institucionales orientados a mejorar los resultados de la persecución penal y la atención de víctimas y testigos”.

En términos generales, afirmaron, se busca corregir déficits operacionales históricos que se han evidenciado en las fiscalías locales, fortalecer la capacidad de respuesta temprana en los casos, especialmente en situaciones de flagrancia y potenciar la investigación de delitos asociados a crimen organizado y de mayor complejidad.

Junto con ello, agregaron, se consideró como prioritario reforzar los equipos dedicados a la atención, protección y acompañamiento de víctimas y testigos, tanto durante la investigación como en su participación en los juicios orales.

Las tres grandes consideraciones que guiaron el diseño de la distribución de los funcionarios, fueron las necesidades operativas informadas por las fiscalías regionales, prioridades definidas en la Política de Persecución Penal vigente y la experiencia institucional acumulada en modelos de gestión ya implementados.

Esos antecedentes, según precisó la Fiscalía Nacional, permitieron “definir líneas de trabajo coherentes con la realidad territorial, los tipos de delitos que se investigan y las capacidades que cada Fiscalía necesita fortalecer”.