Diversas voces del Ejecutivo dicen que la instrucción interna es clara: mover los límites de lo que antes no se estaba dispuesto a ceder con tal de que en el Congreso se apruebe el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y con ello terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) antes del 11 de marzo, cumpliendo así la promesa más emblemática del gobierno. Las mismas fuentes dicen que el propio Presidente Gabriel Boric se ha involucrado en esta idea.

Y aunque algunos personeros del Ejecutivo sienten que de aprobarse con demasiadas modificaciones el FES terminará siendo algo muy distinto a lo planteado originalmente, al mismo tiempo todos coinciden en que de no abrirse a cambios sustanciales, la promesa del fin del CAE quedará inconclusa. Y que ante eso hay poco que hacer.

Ocurre que hasta aquí al gobierno le ha sido imposible lograr alinear a todos los actores -parlamentarios, expertos y rectores- detrás de su propuesta. Si bien hay coincidencia en que el CAE debe terminar como se le conoce, la alternativa sobre la mesa que ofrece La Moneda no gusta ni convence y más bien sigue generando observaciones, algunas técnicas y específicas, pero otras más de fondo.

En medio de eso se ha dado un tira y afloja entre el gobierno y la Comisión de Educación del Senado sobre el tenor de las indicaciones que ya comprometió el Ejecutivo: mientras los senadores en su mayoría piden conocer el detalle de éstas antes de votar la idea de legislar -requisito para ingresarlas- en las huestes gubernamentales han pedido que el camino sea a la inversa: votar la idea de legislar para luego dar a conocer el detalle de su redacción. Una suerte de seguro de que el proyecto al menos seguirá en discusión.

Es en ese contexto que con el afán de dar algunas luces sobre lo que las indicaciones podrían abordar, en los últimos días llegó a las manos de los senadores una suerte de minuta con una mirada general del gobierno con los cambios que debería introducir.

En tal sentido, en el escrito se señala que se propondrá agregar un inciso nuevo con una identificación verificable del derecho que adquiere el Estado con la obligación de pago de los beneficiarios. El escrito establecería el deber de suscribir un contrato al momento de acceder al beneficio.

Por otra parte e intentando hacerse cargo de la crítica a que un beneficiario puede pagar más de lo que costó formarlo, el Ejecutivo estaría por proponer una medición fiable del valor o cuantía de la obligación de pago. Ese valor tiene un tope de dos veces el costo del arancel regulado de la carrera (hoy está establecido en 3,5) y se elimina la exigencia de tiempo transcurrido para que se aplique, que actualmente era 90%.

De hecho, durante las conversaciones de los últimos días, según aseveran distintas fuentes consultadas, el gobierno ya fue verbalizando que estaría dispuesto a convertir al FES derechamente en un crédito contingente al ingreso con tal de avanzar en el fin del CAE, con montos, plazos, cuotas y tasas conocidas con antelación. En la minuta, además, se agrega una opción de pago anticipado, añadiendo la facultad a la Tesorería General de la República para realizar acciones de cobranza, incluyendo la retención de la devolución de impuestos, así como de emitir nóminas de personas beneficiarias en mora.

El copago, eliminado del proyecto original del Ejecutivo para los deciles 7, 8 y 9 y sólo permitiéndolo al 10, también se modificaría. Aun cuando dio batalla, en el gobierno saben que las universidades no permitirán el avance de la iniciativa sin ampliarlo. Esta es quizás si la gran advertencia que han hecho las casas de estudio a lo largo del proceso: si sólo el décimo decil del país puede copagar, su situación financiera se hace insostenible, han dicho.

Por ello, en la minuta del gobierno se señala que se eliminará la prohibición del copago para los deciles 7, 8 y 9, además del 10, y que se mantiene la opción de fijar un pago por encima del arancel regulado. Por el contrario, eso sí, se propondría un esquema diferenciado de copago entre instituciones de educación superior adscritas a gratuidad y que se sumen al FES, y las que solo adscribirán a FES sin gratuidad.

En el caso de las primeras, dicho está, se mantendrán los porcentajes de copago regulado ya establecidos, es decir, 40% para el decir 7 y 60% para los deciles 8 y 9. Además, se establece que las instituciones de excelencia no tengan límite de pago en el decil 9.

En el caso de las instituciones adscritas únicamente al FES, se establece la opción de que puedan cobrar a los deciles 1 a 6 el arancel real informado para 2026, reajustado por IPC más 2 puntos; mientras que para los deciles 7, 8, 9 y 10 se les podrá cobrar sin restricción.

Otro punto polémico de la propuesta original del gobierno fue la eliminación de las becas vinculadas al mérito académico, con la justificación de que con FES no serían del todo necesarias. Por el contrario, ahora propone mantener el presupuesto para las becas de Excelencia Académica; Vocación de Profesor; Hijos de Profesionales de la Educación; de Reparación; y Cumplimiento de Sentencias. Es más: propone incorporar una precisión en el proyecto de ley con la finalidad de resguardarlas.

Otra propuesta suma un control más exhaustivo de los beneficiarios del FES. Para esto se le agregará una nueva función al Servicio Ingresa, que deberá mantener un registro de las personas beneficiarias y sus obligaciones, así como su situación socioeconómica.

Al respecto, Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, cree que es “positivo que el gobierno se esté abriendo a eliminar las restricciones de copago y fijación de aranceles y vacantes, para no atentar contra la calidad de los programas, solvencia financiera y la libertad de enseñanza de las universidades. Sin duda, el cambio más importante es dejar atrás el impuesto a los graduados por un crédito contingente al ingreso, como en la mayoría de los países OCDE”. Y cierra: “Es fundamental analizar en profundidad el impacto fiscal de estos cambios y tener un proyecto que implique un menor costo fiscal que el actual CAE. Para esto, el pronunciamiento del CFA y de Contraloría son fundamentales”.

Del mismo modo, en una carta publicada este fin de semana, Carlos Williamson, del Clapes UC y quien expuso como experto en el seminario sobre FES organizado por los senadores de la Comisión de Educación, dijo que el gobierno “cuál arrepentido penitente” hizo llegar al Senado una contrapropuesta que, “en líneas gruesas, se retracta de esas banderas de lucha”, en referencia a la idea original de eliminar el copago a los estudiantes sin gratuidad y “poner un impuesto” a los graduados con ingresos más altos. Con los posibles cambios, sumó Williamson, “las instituciones mantienen la actual libertad para fijar un pago por encima del arancel regulado. Y dejaría la obligación financiera no como un impuesto sino un contrato de deuda con tasas conocidas y pagos contingentes al ingreso. Además, se reponen las becas de arancel por mérito académico. Es decir, vuelve el agua a la piscina para que flote la idea de legislar”.

La comisión dará continuidad este miércoles al debate, en una sesión a la que fue invitada -luego de declinar ir la semana pasada-, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y el académico de la UC y abogado constitucionalista, Arturo Fermandois. De votar aún no se sabe e incluso hay voces que dicen que la comisión seguirá invitando a expositores, con lo que el tiempo para discutir el FES (y cumplir la promesa del fin del CAE) es cada vez menos, considerando que a enero le quedan dos semanas legislativas antes del receso de febrero y que luego sólo quedarán algunos días de marzo.